México, 20 Febrero.- Yeidckol Polevnsky, secretaria general en funciones de presidenta de Morena, manifestó su sorpresa por el supuesto proyecto de sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) filtrado el martes, que avalaría el congreso extraordinario de enero pasado, y ubicó detrás de esto al senador Ricardo Monreal.
Representantes de diversos medios de comunicación recibieron el miércoles lo que se supone es el proyecto de sentencia de la Sala Superior del TEPJF sobre el Congreso Nacional de Morena del 26 de enero pasado, en el que establece que la asamblea fue convocada de manera apropiada, dentro de la legalidad y que además cumplió con el quórum requerido.
De esta forma, se validaría al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente interino del partido y el supuesto predictamen apunta que en noviembre pasado dejó de tener vigencia la prórroga para que Yeidckol Polevnsky, secretaria general en funciones de presidenta, continuara en ese cargo.
Sin embargo en entrevista con Notimex, Polevnsky reiteró que la reunión encabezada por la presidenta consejara de Morena, Bertha Luján, en la que se eligió a Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente del instituto político es ilegal a todas luces, por la falta de consejeros durante la sesión y por el desapego al estatuto.
Además, dijo, existen dos jurisprudencias que establecen la improcedencia de los actos que ha realizado el grupo de Bertha Luján para tratar de controlar el partido.
Refirió que existe una falta de respeto absoluto y de apego al reglamento y normas del partido de cierta gente que pretende dirigirlo por desconocer los estatutos y no hacer nada por respetarlos, sino al contrario, pisotearlos.
En cuanto a la resolución de la Sala Superior manifestó su sorpresa por la rapidez en que salió, cuando el expediente del caso es muy voluminoso.
“Y lo más sorprendente para mí es que nos enteráramos por los medios, que los medios traían ya la resolución; yo sigo dudando, …pero cuando me hacían las preguntas en los diferentes medios, pero eran tan aberrantes las preguntas, los puntos que planteaban, que tiene esta resolución son tan absurdos porque van en contra del estatuto.
“¿Magistrados legisladores?”
“Y tu sabes que los magistrados de la Sala Superior, pues son garantes del respeto al estatuto, y que ellos lo primero que tiene que hacer es tomar los estatutos de cada partido y apegarse a ellos y ver que realmente las impugnaciones de las partes se fundamenten porqué están faltando al estatuto”, expresó.
Polvensky cuestionó los resolutivos del supuesto proyecto de sentencia porque dijo que son totalmente contrarios a los estatutos de Morena, “porque ni modo que los magistrados estuvieran tratando de legislar; los magistrados no pueden legislar, no pueden crear nada, o sea es un tema, aberrante, nada más de oírlo”.
Recordando el congreso morenista de enero pasado, la exsenadora dijo que los consejeros pueden solicitar que se convoque, pero no pueden convocar, “no tienen facultades para convocar, y la diferencia entre solicitar y convocar son dos verbos muy ditintos”.
La mano de Monreal
La también empresaria consideró que detrás del supuesto dictamen de sentencia sobre la impugnación que interpuso está alguien que quiere confundir a la opinión pública, pero también externó sus sospechas sobre posibles presiones que esté recibiendo el magistrado que tiene el caso.
“El magistrado Indalfer Infante, que es el magistrado ponente, debo decir que también es el magistrado que estaba en la lista de la iniciativa de Ricardo Monreal de… recortales el tiempo (de su periodo). Me pregunto si no será el que estén presionándolo, planteándole que si no manejan las cosas de esa manera, entonces van a meter esa iniciativa que es absolutamente inaceptable e ilegal, el que se quiera presionar a la Sala superior, a los Magistrados, en esa forma”, expresó.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes (24) que esperará a que el juez establezca la pena que deberá cumplir Genaro García Luna por sus nexos con el crimen organizado cuando fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón para decidir si procederá o no contra su abogado a quien señaló por daño moral.
De acuerdo con la revista Forbes México, en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario expuso que tiene confianza en que García Luna decida colaborar con las autoridades estadounidenses y detalle si las agencias de aquel país tenían conocimiento sobre sus acciones, incluso el expresidente Calderón.
“Estoy esperando a ver qué va a suceder con el juicio de García Luna porque falta la sentencia del juez, ya el jurado propone 20 años mínimo de cárcel y pena perpetua pero todavía el juez, hasta junio, va a decidir; en este intervalo todavía García Luna tiene posibilidad de informar; ampliar la información sobre su comportamiento, el por qué actuaba como fue acusado, si informaba a Felipe Calderón, si tenía relación en este asunto y otros con las agencias de Estados Unidos, si había cooperación o relación entre los gobiernos, quiénes más estaban involucrados, entonces hay que esperar.
“Yo sostengo que sería bueno que él hablara porque no ha dicho nada, sería bueno que diera su versión y eso independientemente o lo ayuda a que le disminuyan los años de cárcel, sería una aportación a la vida pública del país, sería una contribución para mejorar la vida pública de México y que estas cosas no se repitan porque sería un hecho histórico”, comentó.
El pasado 16 de febrero, detalla Forbes México, cuando un jurado de Nueva York, encontró culpable a García Luna de tener nexos con el crimen, López Obrador dijo que consideraría demandar por daño moral en Estados Unidos, al abogado del exfuncionario, César de Castro, quien lo acusó de recibir sobornos por cerca de 7 millones de dólares de El Rey Zambada para su campaña presidencial en 2006.
En aquella ocasión, el mandatario federal dijo que junto a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) analizaría la viabilidad de esta demanda y el monto por el que iniciaría la querella, que de ganar, los recursos serían destinados para las familias afectadas por la guerra contra el narcotráfico que emprendió Felipe Calderón.
El Senador por Yucatán recordó que uno de sus compromisos sería revisar las labores que desempeñan en las labores de seguridad pública
Se instaló la Comisión Bicameral que estará integrada por legisladores del Senado y de la Cámara de Diputados
Ciudad de México, 23 de marzo de 2023.-Con el objetivo de regresar el control cívico al actuar de las Fuerzas Armadas en sus labores de seguridad pública, se instaló la Comisión Bicameral que será el órgano encargado de la revisión y emisión de recomendaciones en sus labores, acto que fue promovido y celebrado por el Senador yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín.
Esta Comisión está conformada por legisladores del Senado y de la Cámara de Diputados, que colaborarán de forma conjunta en el análisis de los avances y logros alcanzados por parte de las Fuerzas Armadas, con la meta de que estas comiencen paulatinamente el regreso a los cuarteles, tras cumplir su razón de estar en las calles, que es la pacificación del país.
“Es potestad de la Comisión Bicameral por mandato constitucional convocar a los titulares de Secretaría de Gobernación, Defensa Nacional y Marina y hay un capítulo fundamental en este tema, que es el que se refiere a los estados de república, el dictamen deberá señalar a aquellas entidades donde deje de ser requerida su presencia permanente, esto nos permitiría establecer por primera vez, el mínimo y el máximo de actuación territorial de las Fuerzas Armadas”, indicó el senador.
Ramírez Marín, quien fue nombrado vicepresidente de la Comisión Bicameral destacó que este órgano tendrá la facultad de solicitar a las Fuerzas Armadas un informe que será, de acuerdo con la Constitución, “de carácter cuantitativo, objetivo y basado en datos científicos”.
“El reto no es sentar en el banquillo a las Fuerzas Armadas, sino legar un ejercicio frecuente, eficiente y real de control civil sobre las tareas de seguridad que ejercen, hasta que se cumpla el mandato de pacificar el país y se agote el plazo que les otorga la Constitución”, agregó.
De esta manera, Ramírez Marín reitera su compromiso con la seguridad pública de México y ha señalado que la Comisión Bicameral será una herramienta importante para garantizar que las Fuerzas Armadas actúen en cumplimiento con la ley y con respeto a los derechos humanos de la población.
Playa del Carmen a 20 marzo 2023. – Una compañía estadounidense dijo el lunes que policías y soldados mexicanos entraron y tomaron ilegalmente un puerto de carga que opera en tierras que posee en la costa caribeña mexicana.
Vulcan Materials, basada en Alabama, indicó que la policía entró a la fuerza a su muelle en Punta Venado, cerca de Playa del Carmen, la semana pasada.
«Debe quedar claro que el Estado de Derecho ya no es seguro en México para las compañías extranjeras», declaró la compañía en un comunicado. «Esta invasión, no respaldada por órdenes legales, viola los derechos de propiedad y comerciales de Vulcan».
Policías y marinos ocuparon las instalaciones el martes pasado en la noche, y seguían allí el lunes, según la empresa.
El presidente Andrés Manuel López Obrador está enfrascado en una disputa con Vulcan desde hace varios años. López Obrador necesita el muelle para recibir cemento, piedra pulverizada y otros materiales para concluir su proyecto insignia, una ruta turística conocido como el Tren Maya. El presidente cerró las canteras de Vulcan en mayo del año pasado, argumentando que la empresa ha extraído o exportado piedra sin aprobación.
Un video del incidente muestra a una larga columna de vehículos policiales y militares abriendo la cerca trancada y entrando a la propiedad. Vulcan dice que los oficiales no presentaron ningún documento que justifique tal acción.
La compañía afirmó que los policías seguidamente supervisaron el descargue de cemento en el muelle. El cemento aparentemente iba destinado al proyecto del Tren Maya, que el presidente ha prometido inaugurar en diciembre a pesar de que está sumamente atrasado.
Si bien la compañía de cemento mexicana Cemex antes tenía un acuerdo con Vulcan para usar el puerto, ese acuerdo ya expiró. Ambos bandos han pedido amparo en los tribunales.
Ni el despacho de López Obrador ni Cemex respondieron de momento a pedidos de comentar sobre la situación.
Debido a que no hay suministros locales de la piedra pulverizada necesaria para estabilizar las ferrovías, López Obrador se ha visto obligado a importar el producto desde Cuba.
Aun así, los buques cubanos se ven obligados a llegar al puerto de Sisal, al otro lado de la Península de Yucatán, desde donde el producto es transportado en camiones por unos 300 kilómetros (180 millas) hasta el lugar donde se está construyendo el tren.