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Solo 3 de cada 100 homicidios dolosos se resuelven en México

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Solo 3 de cada 100 homicidios dolosos se resuelven en el sistema de justicia penal mexicano, según un informe presentado este miércoles (5) por el centro de análisis México Evalúa.

El reporte advierte este año además una “clara ausencia” de perspectiva de Estado para formar o fortalecer instituciones, renuencia para invertir en la justicia penal y consolidarla, así como abandono de los esfuerzos para cerrar los espacios de impunidad y ampliar el acceso a la justicia.

En el informe “Hallazgos 2021” el centro de análisis da seguimiento y evalúa el sistema de justicia penal en México seis años después de la entrada en vigor a nivel nacional de las reformas al sistema de justicia penal (SJP).

Por primera vez, el reporte incluyó un cálculo de impunidad estatal en delitos específicos, lo que reveló que la desaparición forzada (98.9%), la extorsión (98.2%), la violencia familiar (97.1%) y el homicidio doloso (96.9%) son los de mayor incidencia en el país.

Además, el análisis de México Evalúa señaló la insuficiencia de presupuesto para las instituciones así como las asimetrías evidenciadas por la distribución y la sobrecarga de trabajo de los operadores, lo que determina, “en gran medida”, que el 91.8% de los delitos investigados en el país queden impunes.

“El presupuesto no garantiza el éxito de una institución, pero sí lo condiciona. Sin recursos suficientes, ninguna institución de justicia podrá mejorar su capacidad de respuesta para la ciudadanía, la impunidad seguirá escalando y tendremos un Estado de derecho aún más débil”, comentó Edna Jaime, directora general de México Evalúa.

El informe detalla que en 2021 el presupuesto a nivel estatal aumentó solo 0.07% con respecto a 2020.

De ese presupuesto, el 50% se destinó a seguridad pública, 26% a las fiscalías, 22% a los poderes judiciales, 2% a las defensorías y apenas 0.43% a las comisiones de atención a víctimas.

Aunado a ello, resalta que las personas que trabajan en las instituciones del sistema de justicia penal enfrentan una importante sobrecarga de trabajo.

En 2021, cada ministerio público llevó, en promedio, 169 carpetas de investigación a nivel nacional, cada perito atendió 356 solicitudes, cada defensor público representó a 271 personas y cada asesor de víctimas a 175.  

Por otro lado, “Hallazgos” llama la atención sobre la fallida transición de la Fiscalía General de la República, la apuesta por un enfoque punitivo mediante un mayor uso de la prisión oficiosa y la militarización de la seguridad pública.

Entre sus datos recoge que actualmente 94 mil elementos de las Fuerzas Armadas son parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y solo 29% del personal de la Guardia Nacional cuenta con certificación de capacidades y aptitudes para realizar funciones públicas.

Y es justo la Guardia Nacional, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cuerpo policial que acumula más quejas por violaciones a los derechos humanos: 350 en 2020, 504 en 2021 y 255 con corte a junio de 2022.

“Es urgente replantear las prioridades, fortalecer a las instituciones, dignificar a los operadores y colaborar con la sociedad para construir soluciones”, apuntó Chrístel Rosales, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa tras la presentación del informe.

(Agencia: EFE)

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Niega la SFP de Chihuahua que se haya absuelto a César Duarte en caso de peculado

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María de los Ángeles Álvarez Hurtado, secretaria de la Función Pública (SFP) de Chihuahua, negó que se hubiera absuelto al exgobernador de la entidad, César Duarte, y a 2 de sus colaboradores de un presunto peculado de 6 millones de pesos.

Según refiere Reforma, la funcionaria dijo que el expediente sancionatorio no se pudo resolver debido a que las conductas atribuidas al exmandatario y coacusado prescribieron por la impericia con que se hizo la investigación en la administración del exgobernador Javier Corral.

“Es importante dejar en claro que, como ésta no es la única prescripción, ocurrió en más expedientes; lamentablemente durante la anterior administración, fueron manejados con negligencia, además no iniciaron las investigaciones con prontitud y cuando actuaron aplicaron una ley incorrecta”, explicó.

El jueves, Juan Carlos Mendoza, abogado de Duarte, informó que el pasado 14 de noviembre, la SFP dictó una resolución en el Procedimiento Administrativo P.A.D. 002/2019, en la cual no encontró responsabilidad de Duarte y sus excolaboradores Mireya García Medina y José Lázaro Joaquín López Ramírez, este último fallecido en por Covid-19 en agosto de 2020.

Álvarez Hurtado dijo que la prescripción ocurrió porque no se pudo resolver de fondo el asunto, es decir, en el quinquenio de Corral la SFP no pudo determinar si los servidores públicos eran responsables de lo que se les acusaba.

“Sería irresponsable e ilegal de nuestra parte sancionar cuando nunca hubo una resolución; pues, aunque abrieron procedimientos, no hay y además no integraron, elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción”, sostuvo.

La funcionaria, precisó Reforma, informó que se dio vista al Órgano Interno de Control sobre este actuar irregular para que realice las investigaciones correspondientes y finque las responsabilidades administrativas a los servidores públicos que tuvieron a su cargo la tramitación de los expedientes.

(Agencia: Reforma)

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Advierte Alejandro Moreno que resistirá ante proceso de desafuero

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Alejandro Moreno Cárdenas, diputado y dirigente del PRI, advirtió que resistirá ante el amago de Morena de reactivar el proceso de desafuero en su contra, luego que el tricolor decidió votar en contra de la reforma electoral.

Según publica este viernes Reforma, en un video difundido en redes sociales, reiteró que su bancada no apoyará el dictamen que se discutirá el martes en el Pleno, lo que le impide a Morena lograr la mayoría calificada y llevará a que se deseche la propuesta de desaparecer al INE.

“Lo digo claro y fuerte: la posición del PRI es clara y contundente: votaremos en contra de la reforma electoral que ha presentado el Gobierno”, sostuvo.

“Alejandro Moreno, el PRI y sus diputadas y diputados estamos firmes, defenderemos la democracia de México al costo que sea. Vamos a defender nuestras instituciones electorales y vamos a impedir que estos sigan destruyendo a México”.

Tal posicionamiento lo dio Moreno luego que el coordinador de Morena, Ignacio Mier, amagara con la activación del desafuero del dirigente priista, que se pospuso por el acuerdo del tricolor y el grupo mayoritario para sacar adelante la reforma para ampliar la militarización hasta el 2028, con una reforma constitucional, que ya entró en vigor.

Aunque no hay legalmente ninguna fecha límite para que se inicie un proceso de desafuero ni hay tiempos para que caduque, el morenista declaró que el límite es el 15 de diciembre, cuando concluye el periodo ordinario de sesiones.

“Hoy vuelvo a ser el blanco de la acometida de los ataques, mentiras, las amenazas del Gobierno. Y aquí estoy firme, se los dije cuando la reforma eléctrica, no nos vamos a ir a ningún lado”, expresó.

“Resistimos con la fuerza que me dan la razón y mis derechos constitucionales, resisto con el ímpetu que me dan la mejor militancia de México, que es la del PRI”.

Consideró que el país enfrenta un momento crucial de definiciones históricas, que habrán de marcar el presente y el futuro de la nación.

Acusó que el Gobierno se ha empeñado en destruir el régimen democrático, en alterar el equilibrio de poderes y en debilitar a cualquier institución que represente un contrapeso a su ambición de amasar y centralizar el poder.

“Por la vía del presupuesto, del desprestigio y, puntualmente, por la vía de judicializar la política, han querido intimidar a la Oposición, que se ha mantenido firme a pesar de sus ataques”, dijo.

(Agencia: Reforma)

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Realiza Alonso Ancira su segundo pago a Pemex por 54 millones dólares

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La empresa Altos Hornos de México (AHMSA), propiedad de Alonso Ancira, conocido como “el Rey del Acero”, realizó un segundo pago de 54 millones de dólares a Petróleos Mexicanos (Pemex), como parte del acuerdo reparatorio por la compraventa fraudulenta de una planta de fertilizantes inservible.

“Altos Hornos de México informa que dio cumplimiento en tiempo y forma al pago de 54 millones de dólares a Petróleos Mexicanos (Pemex), correspondientes a la segunda cuota del acuerdo reparatorio establecido en 2021”, refirió la empresa en un comunicado difundido este viernes (2).

AHMSA había ya realizado un primer pago de 50 millones de dólares en noviembre de 2021 como parte del acuerdo reparatorio que contempla un pago total de poco más 216.6 millones dólares en un plazo de 3 años.

La reparación se acordó el 19 de abril de 2021 cuando la Fiscalía accedió a liberar a Ancira a cambio de pagar 216.6 millones de dólares como reparación del daño a Pemex por venderle la planta chatarra de fertilizantes Agronitrogenados en 2013.

En aquel entonces, la defensa de Ancira informó que se realizarían 3 pagos anuales a partir del 30 de noviembre para que la Fiscalía General de la República (FGR) no lo llevara a juicio.

Ancira estaba en prisión preventiva en el Reclusorio Norte de Ciudad de México desde el 4 de febrero de 2021, un día después de su extradición desde España, donde estuvo detenido desde mayo de 2019 a su llegada al aeropuerto de Palma de Mallorca.

El empresario fue acusado de vender a Pemex, con un sobreprecio de 500 millones de dólares, la planta inservible de fertilizantes de Agronitrogenados en 2013, cuando el director de la petrolera del Estado era Emilio Lozoya, principal detenido en México por los sobornos de Odebrecht.

El actual Gobierno de México argumentó que la planta de fertilizantes no tenía un valor que superara los 50 millones de dólares, por lo que se considera que el sobreprecio afectó de forma negativa a Pemex, además de que todavía no funciona por estar obsoleta.

Tras asumir la presidencia en diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador exigió reparar el daño, por lo que Pemex y la FGR acordaron en febrero pasado este pago.

En diciembre en 2021 se dio a conocer que la empresa Alianza Minerometalúrgica Internacional (AMI), un grupo de socios encabezados por el empresario Julio Villarreal, acordaron adquirir el 55% de Altos Hornos de México, además de reparar el daño por la venta de Agronitrogenados al Gobierno federal.

La compra de Agronitrogenados -una planta que llevaba 14 años abandonada- costó al Gobierno en 2013 cerca de 650 millones de dólares en total, según datos de la Auditoría Superior de la Federación.

Los 200 millones de sobreprecio corresponderían a la primera evaluación que se hizo de la planta en su estado original antes de ser adquirida.

(Agencia: EFE)

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