El mandatario mexicano aseguró que «debe terminarse la impunidad» y «desde luego la corrupción». Pero según él, «no puede haber represalias» y «no se pueden inventar delitos».

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador acusó este viernes (15.01.2021) a la DEA de fabricar delitos contra Salvador Cienfuegos, exministro de Defensa preso en Estados Unidos por presunto narcotráfico y devuelto a México para un eventual juicio.

«Ayer resuelve la Fiscalía (general mexicana) que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas, por la DEA», dijo el mandatario.

López Obrador sostuvo que su gobierno «secunda, avala, respalda» la decisión de la Fiscalía, que tras una reforma legal ahora es independiente del Ejecutivo.

Asimismo, el mandatario sostuvo que su gobierno sostiene que «debe terminarse la impunidad, desde luego la corrupción, pero también que no puede haber represalias». También «no se pueden inventar delitos» y «nadie debe actuar de esa manera, trátese de quien se trate».

México niega los cargos en contra de Cienfuegos

Cienfuegos, general en retiro que fue ministro de Defensa en la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue detenido el 15 de octubre en Los Ángeles y repatriado el 18 de noviembre tras un acuerdo entre ambos países.

La DEA entregó a la Fiscalía mexicana las supuestas pruebas para que investigara a Cienfuegos, que enfrentó este proceso en  libertad.

La Fiscalía afirmó el jueves que Cienfuegos, de 72 años, «nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada» por Estados Unidos.

Este viernes, Ebrard dijo que la Fiscalía mexicana citó a comparecer a Cienfuegos y tras confrontar «los elementos que proporcionó el fiscal estadounidense» con los que presentó la defensa se encontró que «no hay elementos para sustanciar la causa en contra del general».

(Agencias AFP,SUN)

Ciudad de México.- Desde el año 2013, durante la administración gubernamental pasada en México, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos de América (DEA), inició sin el conocimiento y sin la colaboración de dicha administración mexicana, una investigación de delitos contra la salud, en donde se involucraba al entonces Secretario de la Defensa Nacional, General de División Salvador Cienfuegos Zepeda.  
  
Esa investigación la continuó ese organismo que combate a las drogas en el gobierno norteamericano, durante la presente administración, sin haber tampoco informado a las autoridades mexicanas sobre el caso.   
  
El 15 de octubre de 2020, agentes policiacos de ese organismo norteamericano detuvieron al General mexicano Salvador Cienfuegos Zepeda, en el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles, California, sujetándolo a proceso, por delitos contra la salud y lavado de dinero.  
  
Después de cinco semanas de haber sido detenido el General Cienfuegos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica le solicitó a la Jueza que conoció del caso en ese país, que desestimara los cargos en contra de dicha persona; y la Jueza Federal correspondiente estimó procedente tal petición.  
  
Durante el lapso de su detención, y después de haber sido ya informada sobre el procedimiento, la Fiscalía General de la República (FGR), solicitó y recibió las pruebas que enviaron las autoridades norteamericanas respecto a ese caso.  
 
El 18 de noviembre de 2020, el General Cienfuegos fue entregado por las autoridades norteamericanas, al Ministerio Público Federal (MPF) mexicano, que sujetó al procedimiento legal correspondiente a dicha persona, respetando su derecho constitucional a la presunción de inocencia, en razón de que los cargos en su contra habían sido desestimados por las autoridades norteamericanas y la investigación en México se encontraba en su fase inicial.   
  
El 9 de enero de 2021, el señor General Cienfuegos conoció las imputaciones hechas por las autoridades norteamericanas, así como las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República en el caso, teniendo acceso a todo el expediente, como corresponde a esa fase procesal.   
  
A partir de esa fecha, dicha persona ha aportado sus elementos de prueba; y la Fiscalía General de la República llevó a cabo todas las acciones necesarias para obtener las evidencias indispensables en este caso.   
  
Del análisis correspondiente, se llegó a la conclusión de que el General Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas; y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos.  
 
Tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso.   
  
Del análisis de su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público.   
                          
Por los motivos anteriores, y con base en los razonamientos y pruebas en la carpeta correspondiente, la Fiscalía General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ha determinado el no ejercicio de la acción penal, en favor del General Salvador Cienfuegos Zepeda.

Tomás Zerón, ex alto funcionario mexicano, prófugo de la justicia y refugiado en Israel, alega que existe «una persecución» en su contra.

Tomás Zerón, un exfuncionario mexicano buscado en el marco de la pesquisa por la desaparición de 43 estudiantes en 2014 en Ayotzinapa, está pidiendo asilo en Israel, donde se encuentra prófugo, informó este jueves (14.01.2021) el canciller Marcelo Ebrard.

Zerón «está tratando de obtener asilo en Israel, esa es la estrategia jurídica que ellos tienen, argumentando que hay una persecución en su contra», dijo el ministro. La solicitud de la defensa hace que los procedimientos para obtener su extradición «sean más largos», explicó.

El canciller señaló que aunque no existe tratado de extradición entre México e Israel, se trabaja en base a un acuerdo de cooperación jurídica y asistencia, derivado de pactos internacionales suscritos por ambos países para casos como el de Zerón, sobre quien pesan acusaciones de tortura.

«Ambos países estamos obligados a actuar como si hubiese tratado de extradición cuando hay crímenes o delitos de ese orden, de esa naturaleza, que van contra los derechos humanos», subrayó Ebrard.

Zerón huyó de México y es buscado por la Interpol desde junio pasado. Era jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la antigua Procuraduría General (PGR), hoy Fiscalía, a cargo del sonado caso en el que policías coludidos con narcotraficantes agredieron y desaparecieron a los 43 estudiantes.

Es acusado de tortura, desaparición forzada y por malversar unos 55 millones de dólares de fondos públicos mientras era funcionario del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

México comunicó en septiembre a Israel que existe una orden de aprehensión internacional contra Tomás Zerón.

gs (afp, efe)