El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería del Puerto, calificó de un error el destinar 50 mil millones de pesos adicionales a la Guardia Nacional, como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando ha sido institución incapaz de frenar la violencia e inseguridad en el país.

Ante ello, demandó al Gobierno federal dejar a un lado su soberbia, reconocer su incapacidad y cambiar de estrategia para resolver la inseguridad que azota al país, pues ha fracasado absolutamente en esta y otras materias.

Dijo que es un error gastar más en la Guardia Nacional si no se hacen ajustes en su funcionamiento, si no cuentan con el Certificado Único Policial o si no se brindan garantías de que será una corporación con mando civil.

“La tranquilidad de las familias mexicanas está de por medio, y en Acción Nacional somos los primeros en exigir y en sumarnos a buscar soluciones a este grave problema, pero como dicen: locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”, sostuvo.

Rementería del Puerto afirmó que el presidente será medido con la misma vara que midió a los anteriores: su sexenio será el más violento y el de mayor grado de militarización.

Este Gobierno, dijo, está lleno de contradicciones, pues prometió pacificar al país, pero la violencia no para; prometió sacar a los militares de las calles, pero no lo cumplió.

“Al contrario, ahora además están en los puertos, en los aeropuertos, como constructores, custodios de pipas, distribuyendo libros de texto gratuito, repartiendo despensas, operando el programa Sembrando Vida más todo lo demás que se le ocurra al presidente”, lamentó.

Desafortunadamente, abundó, ni el Ejército, ni la Marina y ni la Guardia Nacional han logrado reducir la ola de violencia que azota al país, no por culpa de sus elementos, si no por un mal diseño y mala conducción, pues nunca debió ser una fuerza de seguridad militar, sino civil.

“Hemos señalado en reiteradas ocasiones el fracaso de la Guardia Nacional. No han cumplido con el compromiso de tener un mando civil, no han cumplido con la certificación de los elementos”, indicó.

Subrayó que tampoco han estado exentos de cometer abusos y recordó que, entre enero de 2020 y abril de 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 522 quejas por violaciones a los derechos humanos por parte integrantes de la Guardia Nacional, lo que equivale a una queja diaria en promedio.

(Agencia: SUN)

El Gobierno de México oficializó la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del acuerdo por el que se abrogan las reglas generales de su operación.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que dejó sin efecto el acuerdo por el cual se emitieron las reglas generales del Fonden y sus modificaciones, así como los lineamientos y disposiciones que surgieron del mismo mecanismo.

Por medio de un acuerdo oficial, informó que tras este procedimiento emitió las disposiciones específicas que establezcan y regulen los mecanismos presupuestarios que permitan el adecuado ejercicio de los recursos que se destinarán para este propósito.

Esta tarea ahora estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dependencia que deberá emitir el marco normativo para la conducción y ejecución de las políticas y programas de prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situación de desastre por medio de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Desde el 1 de enero de 2021, el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales ya no estaba autorizado para asumir compromisos adicionales a los adquiridos previamente, salvo los relacionados con los gastos de operación.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México se iniciaron los trámites para desaparecer el Fonden, instrumento considerado por el primer mandatario como una ‘caja chica’ para funcionarios.

“¿Por qué desaparecerlo? Porque hay elementos suficientes para sostener de que era una especie de ‘caja chica’, bueno, ni tan chica, para funcionarios que compraban de todo, aprovechando que había una emergencia, sin licitar miles de millones de pesos, en catres, láminas de zinc, en todo, a precios elevadísimos. Hay ente que vivía de venderle a Segob, al Fonden, que hacían jugosos negocios”, afirmó en su conferencia matutina del 7 de octubre de 2020.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se dejaría de atender a la gente, pues para ello se coordinarían acciones desde la Secretaría de Hacienda y de Bienestar, y con apoyo de Protección Civil, la Marina y Sedena.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, reconoció que será complicado realizar un periodo extraordinario de sesiones cuando la Ciudad de México se encuentra en semáforo naranja, ya que ello implicaría la asistencia de 500 legisladores.

“Hay muchísimos inconvenientes porque no sólo es una sesión de la Cámara de Diputados, sino además una sesión de Congreso General que está conformada por 628 legisladores, justo cuando la Ciudad de México entra a semáforo naranja; entonces, es un tanto contradictorio”, dijo previo a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso donde se prevé analizar el tema.

En entrevista y cuestionada sobre la viabilidad de un periodo extraordinario para votar el desafuero de los diputados de Morena, Saúl Huerta; y del PT, Mauricio Toledo, así como la ratificación de nombramientos, entre otros, apuntó “Yo veo complicado por dos cosas”.

“Una, porque insisto que la Cámara de Diputados no puede ponerse en situación de violar un amparo, lo reitero, lo vuelvo a señalar. Y segundo, el tema sanitario”.

La diputada del PRI indicó que “para nosotros, en el caso de cualquier ratificación de nombramiento, expresamente señala que tiene que reunirse el Pleno, 500 diputados y diputadas. Y esto tiene además ahora, la consideración de que si se establece que haya alguna reforma, como es el caso de la legislación, prorrogar la legislación en materia de subcontratación, tiene forzosamente que ser de las dos cámaras y tiene que haber una sesión de Congreso General con esos 628 legisladores”.

Sin embargo, dijo que el dictamen de la Primera Comisión que se va a poner a consideración del pleno de la Comisión Permanente y lo que al final de cuentas cuenta son los votos. “Se requiere una mayoría calificada”, concluyó.