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Congreso de México aprueba ley que abriría paso a consulta sobre continuidad del presidente

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El Congreso mexicano aprobó este martes una ley que establece mecanismos para realizar una consulta popular sobre la continuidad del presidente, según un comunicado la Cámara de Diputados.

Con 491 votos a favor, uno en contra y una abstención, la Ley de Revocación de Mandato fue aprobada en la Cámara de Diputados en lo general, y con 290 votos a favor, 195 en contra y cero abstenciones en lo particular, detalló el recinto legislativo.

El proyecto fue avalado el pasado viernes en la Cámara de Senadores. El oficialista partido Morena y sus aliados son mayoría en el Congreso del país latinoamericano. Con la ley, los ciudadanos podrán solicitar una consulta para la revocación de mandato pero deberán sumarse las firmas de al menos 3,0% de los electores registrados, distribuidos en por lo menos 17 estados.

La pregunta que se realizaría es: «¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?».

El Instituto Nacional Electoral (INE) será el encargado de la organización, desarrollo y cómputo de la votación de dicha consulta. El proyecto de ley, impulsado por el presidente de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, fue considerado de urgente resolución.

¿Una trampa para hacerse reelegir?

La finalidad de la nueva ley «es regular y garantizar el ejercicio del derecho político» de los mexicanos «a solicitar, participar, ser consultados y votar por la revocación del mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular de la Presidencia», resaltó la Cámara de Diputados.

En la discusión legislativa, la oposición buscó modificaciones a la ley, pero sin éxito. El conservador Partido Acción Nacional (PAN) propuso que la pregunta fuera «¿Estás de acuerdo en que (nombre) Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos se le revoque el mandato?».

El PAN ha tachado esta reforma como una «trampa» que podría llevar a López Obrador a tratar de reelegirse, una posibilidad que no contempla la constitución mexicana, aunque el izquierdista ha dicho en reiteradas ocasiones que no prolongará su mandato. Esta es una de las reformas insignia promovidas por López Obrador, quien asumió la presidencia el 1 de diciembre asegurando que logrará una «transformación» de México.

(Agencia: EFE, Swissinfo)

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Acusa UIF en EU a García Luna de lavado de dinero y robar 250 MDD

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusó en Estados Unidos al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de robarse 250 millones de dólares durante los seis años del gobierno de Enrique Peña Nieto y establecer una “empresa” de lavado de dinero para comprar automóviles de lujo, bienes raíces y crear empresas para transferir el dinero a Barbados y Estados Unidos.

En la denuncia se destaca que el gobierno mexicano “tiene derecho al establecimiento de un fideicomiso implícito que consiste en bienes inmuebles que los demandados compraron con fondos robados del gobierno de México y cualquier beneficio derivado de los fondos mal habidos. Por lo tanto, el demandante, los Estados Unidos Mexicanos, exige un juicio contra cada demandante para la devolución, restitución, transferencia de las ganancias mal habidas de cualquier bien inmueble comprado con ellos, y por los costos de esta acción y cualquier otra reparación adicional como la Corte lo juzgará justo y apropiado”.

La denuncia civil, que ya fue publicada por la Onceavo Distrito Judicial de Miami, se centra en actos cometidos de 2012 a 2018, es decir, durante el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, destacando que García Luna comenzó a crear una compleja red, como una “empresa” de lavado de dinero, desde que asumió la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, pues “desde su posición de inmenso poder controlaba muchos aspectos de la seguridad del país”.

La demanda presentada por la UIF en la que se señala que García Luna recibió del gobierno de Enrique Peña Nieto 2 mil 623 millones de pesos y 74 millones de dólares en contratos con la Secretaría de Gobernación, pero que según la demanda, son producto de sobornos, manipulaciones, ofertas o corrupción.

En total, suman al menos 250 millones de dólares obtenidos ilegalmente y con un esquema ilegal de “ocultar los fondos robados en numerosos activos ubicados principalmente en Florida”.

Por ello, se acusan directamente a ocho personas físicas: Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, así como a un grupo de empresarios señalados como sus socios, presuntos prestanombres y coconspiradores: Mauricio Weinberg López, Jonathan Weinberg Pinto, Synvia Punto de Winberg y Natan Wancier Taub.

Así como José Francisco Niembro González, quien fue subsecretario de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Seguridad Pública, y su esposa Martha Nieto Guerrero. Además de 39 compañías y propiedades, las 47 personas físicas y morales implicadas, son señaladas por el gobierno mexicano como una “empresa” de lavado de dinero en la que cada participante tenía un rol y tarea específica.

“García Luna armó una extensa red de socios comerciales que posteriormente utilizó para obtener contratos ilegales de diversas entidades y agencias de la República Mexicana por cientos de millones de dólares durante su mandato en el cargo, así como después de dejar su oficina. García Luna y sus socios lavaron y retiraron el dinero de los contratos ilegales fuera de México y fuera del alcance de las autoridades mexicanas. “Orquestó la creación de una compleja red de múltiples entidades para comprar y mantener múltiples parcelas de bienes raíces y otros activos, incluidos numerosos automóviles de lujo y de colección”, indica la denuncia.

La UIF explica que esta denuncia, se basa en que el ex funcionario del gobierno de Felipe Calderón “ocultó fondos robados del gobierno de México y obstaculizó su recuperación por blanquear ganancias mediante la transferencia de los fondos robados, fuera de México a cuentas bancarias en Barbados, Estados Unidos y otros lugares.

Actos que se cometieron mientras estaban en Miami.

“Con lo que pudo adquirir, controlar y mantener una gran y sofisticada empresa de lavado de dinero, principalmente a través de la compra y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles ubicados en Florida”, indicó.

La denuncia de 131 páginas destaca que esta “empresa” de lavado de dinero, ideada y liderada por García Luna, transfirió 160.7 millones de dólares a Barbados en 2015; 12.9 millones de dólares en 2019 a Panamá a través de la empresa Nunvav, propiedad de los Weinberg y Wancier, y que sirvió como conducto principal para los fondos tomados ilegalmente de México. También adquirió vehículos de lujo como Lamborghini, Ferrari y Rolls Royce.

Además, destaca que en los últimos dos años, ya preso en Nueva York, García Luna vendió propiedades por más de 17 millones de dólares. Mientras que en otros casos, se siguen beneficiando de rentas, intereses.

A continuación, te presentamos la lista de los implicados en el caso:

  • Genaro García Luna Linda
  • Cristina Pereyra de García
  • Mauricio Samuel Weinberg López
  • Jonathan Alexis Weinberg Pinto
  • Sylvia Donna Pinto de Weinberg
  • Natan Wancier Taub
  • José Francisco Niembro González
  • Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro
  • Nunvav Inc. S.A.
  • Nunvav Technologies Inc. S.A.
  • Gull Holding Enterprises Inc. S.A.
  • GLAC Security Consulting
  • Technology Risk Management S.C.
  • 1104 South Street LLC
  • 1410 Reynolds LLC
  • 1912 Century LLC
  • 274 SIGB LLC
  • 2903 Pen II LLC
  • Assets Financing Servicies LLC
  • ASW Holdings LLC
  • AwOffice Inc AWP
  • Village Bay II LLC
  • Bellini WI 1501, Corp.
  • Best Friends Midtown LLC
  • Brill 5002 II LLC GL & Associates
  • Consulting LLC
  • Icon Brickell 3802 LLC
  • Jade Ocean 3203 II LLC
  • Jade Ocean 3603 LLC
  • Jagra LLC
  • Only Best Properties Corp
  • Península Cas II LLC
  • Península Mas II LLC
  • Península SMS LLC
  • Península SNDS LLC
  • Península SSW II LLC
  • Península Stecar II LLC
  • Península SW II LLC
  • The Piny 54 LLC
  • Restaurants & Beverage Operator
  • Los Cedros LLC d/b/a OGGI Caffe
  • Ruby Dynasty Trust
  • SDSW Dynasty Trust
  • Sunshine Dynasty Trust
  • VFST LLC
  • W Gourmet Group LLC
  • Wancier 2017 Family Trus

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La República

La 4T prefiere encarcelar a científicos que a narcotraficantes: académicos

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México tiene tantos narcotraficantes con los cuales lidiar que los críticos se preguntaban por qué el gobierno ha buscado encarcelar a 31 académicos, profesores y científicos en la principal prisión de máxima seguridad del país.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado a los profesores universitarios de violar una ley que prohíbe a los miembros de un consejo asesor recibir dinero de un fondo del gobierno para la ciencia.

Pero esa ley fue aprobada en 2019, y los científicos recibieron los 2,5 millones de dólares antes, cuando era legal. El dinero tenía como fin promover discusiones científicas, y aquellos involucrados han negado que los fondos fueran ilegales o se utilizaran de forma indebida.

Un juez en la prisión del Altiplano rechazó el miércoles la solicitud de los fiscales de emitir órdenes de arresto contra los académicos. Pero todo el episodio dio peso a las acusaciones de que el gobierno de López Obrador ha tratado de politizar la vida académica en México.

Enrique Graue, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que los cargos eran “un despropósito” y “algo inconcebible”.

No ayuda el hecho de que el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, decidió presentar los cargos más graves posibles —como lavado de dinero, crimen organizado y malversación— contra personas que no tienen antecedentes criminales y que son respetados en sus profesiones, y trató de enviarlos a la prisión más temida del país, que normalmente es utilizada para los capos del narcotráfico.

Hay espacio disponible en la prisión del Altiplano debido a la política de López Obrador de ya no perseguir a los líderes narcotraficantes. Que los académicos deban estar allí es otra cuestión.

La fiscalía los acusa de haber creado una organización sin fines de lucro para gastar el dinero.

La oficina de Gertz Manero defendió los cargos , señalando que los académicos “utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos”.

La Fiscalía General de la República aseguró que volverían a presentar los cargos.

Pero tampoco ayuda que la actual directora del consejo científico del gobierno, María Álvarez-Buylla, defendió hace unos meses el hecho de que se le otorgara a Gertz Manero un lugar entre los investigadores más prestigiosos del país, pese a que fue acusado de plagio en una tesis biográfica de hace décadas. Gertz Manero dijo que citó adecuadamente sus fuentes en la bibliografía.

Pero eso no es lo único que Álvarez-Buylla ha hecho para causar enfado entre los académicos durante su periodo al frente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Ha criticado a algunos investigadores por presentar reportes en inglés, a pesar de que es el idioma común en algunos campos técnicos, y ha dicho que deberían hablar en español. Critica la “ciencia occidental” y la “tecno-ciencia” que ha estado “mercantilizando el conocimiento”, y ha pedido “procesos colectivos de generación de conocimiento” más apegados al progreso social.

“La ciencia occidental es la que ha producido los avances más deslumbrantes y, quizás, más inútiles, como la llegada a la Luna”, manifestó Álvarez-Buylla en 2020.

Una petición publicada en el sitio Change.org que ha reunido más de 12,000 firmas señala que “el fiscal general está tratando de atemorizar a quienes, desde la comunidad académica, han expresado pública y abiertamente sus diferencias con las actuales políticas del Conacyt”.

El miércoles, López Obrador señaló que los académicos no tenían nada que temer, pese a la temible reputación de la prisión y al hecho de que algunas personas esperan años en la cárcel para que concluyan sus juicios.

“Se presume que hubo malos manejos de recursos en el Conacyt”, dijo el mandatario. “Sin embargo, esto lo va a resolver el juez y el que nada debe, nada teme”, añadió.

De hecho, un juez falló el miércoles que los fiscales no habían mostrado pruebas de que las acciones de los académicos puedan considerarse como delitos.

(Agencia: AP)

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Haitianos saturan albergues en México esperando asilo de EE.UU.

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Miles de migrantes indocumentados de Haití llegaron a la frontera sur de México para continuar su marcha hacia Estados Unidos.

Centenares de haitianos, parte de los miles que acampaban este martes (21.09.2021) bajo un puente que une México con Estados Unidos, buscan alimento y sosiego en la mexicana Ciudad Acuña, donde su anhelo de obtener asilo en el país vecino parece desvanecerse.

Hombres y mujeres cruzaban al lado mexicano. Aquí es más fácil comprar comida, aliviarse del cansancio y el calor y recibir atención médica para las enfermedades que provocan las polvaredas en el improvisado campamento, comentaron algunos de ellos a la AFP.

«Estamos desesperados porque mucha gente tiene el sueño de ir allá (a Estados Unidos) y ahora ellos están deportando a todos por igual», dice Maximil Marcadieu, de 28 años, quien partió desde Chile el pasado 21 de julio y arribó hace una semana a Ciudad Acuña.

Decenas de miles de migrantes indocumentados, en su mayoría haitianos, llegaron en los últimos meses a la frontera sur de México para continuar su marcha hacia Estados Unidos esperanzados en obtener refugio.

Pero las autoridades estadounidenses comenzaron a repatriar a los haitianos vía aérea desde Del Río, la ciudad de Texas fronteriza con Ciudad Acuña, donde miles se agolpan para intentar ingresar.

Marcadieu relata que partió desde Chile junto con su esposa y su hija de dos años. Atravesaron Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala y México.

Explica que el trance más duro fue el cruce de la inhóspita selva del Darién, entre Colombia y Panamá, donde pasaron cuatro días caminando. Los migrantes cuentan que algunos han muerto allí.

Pese a la amenaza latente de ser deportado desde territorio estadounidense, Marcadieu asegura que intentará cruzar. 

«Tengo mi familia allá en Estados Unidos y los haitianos siempre quieren vivir juntos, por eso yo salí de Chile», añadió el migrante del lado mexicano, adonde vino en busca de comida, pero prevé regresar al campamento debajo del puente.

Para frenar esta oleada migratoria, que desató una crisis humanitaria en las fronteras, México y Estados Unidos analizan la adopción de un acuerdo regional, confirmó este martes el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

«Le manifesté que sería deseable arribar a un acuerdo regional. Estaremos en comunicación sobre ello», tuiteó Ebrard, citando un diálogo telefónico el lunes con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. 

Detener flujo migratorio

Ambos «discutieron la necesidad de un esfuerzo regional coordinado para detener el flujo de migración irregular», indicó por su parte un comunicado del Departamento de Estado, sin detallar la iniciativa.

Mientras tanto, el movimiento en Ciudad Acuña es incesante.

El ir y venir de los migrantes a través del río Bravo se da con ayuda de cuerdas que permiten sortear el caudal aparentemente en calma, pero que suele ocultar fuertes corrientes. Una vez que sube el nivel del agua, los agentes fronterizos vuelven a cerrar el paso.

Elvinson Saintil, un adolescente de 16 años, también viajó desde Chile con sus padres y tres hermanos. Asegura que su familia ya tenía cita para solicitar el asilo pero perdieron su turno.

«Dicen que están deportando también familias y embarazadas», cuenta. «Tenemos miedo».

En tanto, la explanada de un parque ubicado al lado del río se ha convertido en un improvisado albergue para varias decenas de indocumentados. Allí voluntarios de organizaciones como Médicos Sin Fronteras ofrecen sus servicios.

También son muchas las personas que llegan en automóviles y camionetas a vender comida, agua o refrescos.

«Venimos a darles la mano», dice Enrique Mercado, encargado de un restaurante de pollos fritos, tras venderle a uno de los indocumentados una porción a menor precio del que indica su carta.

El secretario estadounidense de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, aseguró el lunes que los migrantes haitianos han sido informados erróneamente de que pueden quedarse en Estados Unidos como refugiados bajo el Estatuto de Protección Temporal (TPS).

Tras el agravamiento de la crisis política por el asesinato en julio del presidente Jovenel Moise y el reciente terremoto que devastó a Haití, Washington extendió el TPS para todos los haitianos que estaban en Estados Unidos el 29 de julio o antes.

Pero «nadie que haya llegado la pasada semana será elegible para obtener el TPS», advirtió Mayorkas.

(Agencias: AFP, EFE)

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