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CNSP: De 15 a 18 chips móviles para coaccionar en caso de un secuestro

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  • Urgente regulación de los chips para combatir al crimen organizado.
  • 6,468 pesos por cada mexicano es el costo de la extorsión en el país.

Ciudad de México a 17 de marzo de 2020.- Debido a que las estadísticas de extorsión en el país van en aumento y los teléfonos móviles son una de las herramientas más utilizadas por extorsionadores y secuestradores, la venta regulada de chips para telefonía celular debe priorizarse para eficientizar el combate al crimen organizado y reducir así los casos de cobro por derecho de piso en el país, aseguró Raúl Sapién Santos, Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).

“Si bien es cierto que ya hubo un antecedente en 1995 con la entrada en vigor de  la  Ley Federal en Telecomunicaciones y en 2009 con la creación del Registro Nacional de Usuarios en Telefonía (RENAUT), desafortunadamente en 2012 se tuvo que hacer una reforma para proteger las bases de datos obtenidas de los compradores de teléfonos y chips, a los cuales se les pedía CURP e identificación oficial. Esa información acabó en el mercado negro y sirviendo para otros fines; sin embargo, al impactar la extorsión hasta en 1.5% del PIB, la regulación de la venta y compra de chips en telefonía celular es de vital importancia para erradicar este tipo acciones delictivas” enfatizó Raúl Sapién.

Un número importante de llamadas para llevar a cabo actos de extorsión son realizadas desde el interior de los penales, y es necesaria la regulación para acabar también con otros delitos como el secuestro, el robo a camiones de carga y pasaje en carreteras federales por mencionar algunos. “Estamos en espera de que el proyecto de ley se apruebe en este periodo ordinario de sesiones en el Congreso, junto con la Ley Nacional de Seguridad Privada, ambos cruciales para el país y para ello necesitamos voluntad política y jurídica”.

Dicho proyecto debe transitar por una etapa de maduración para crear la infraestructura, con la tecnología necesaria en la creación, operación, resguardo y actualización constante de bases de datos, por lo que se debe dotar también de un presupuesto a quien se vaya a hacer cargo. También es necesario que la iniciativa contemple el respeto a los Derechos Humanos y protocolos necesarios para obtener los datos de usuarios y compradores de chips telefónicos, a fin de brindar un estado de derecho y una certeza jurídica a la ciudadanía.

Cifras proporcionadas por el SESNSP han mostrado una tendencia al alza en el delito de la extorsión, pues en 2016 se contabilizaron más de 5 mil casos en el país y en 2019 las cifras cerraron con 8 mil 400 casos. Una problemática ya de gran escala, pues de acuerdo a la Asociación México Evalúa, se estima que la extorsión le cuesta a los mexicanos, 6, 468 pesos por ciudadano.

“Para erradicar la extorsión tanto a empresarios como a la ciudadanía en general, es necesario tener en cuenta que un delincuente puede utilizar hasta diez chips diferentes para acosar y extorsionar a una sola víctima. Lo mismo sucede con los casos de secuestro, en donde se utilizan de 15 a 18 chips diferentes para coaccionar a las personas a pagar el rescate por alguno de sus seres queridos”, aseguró el presidente del CNSP.

“El uso de redes sociales sin protocolos digitales de seguridad, han hecho que los extorsionadores puedan tener información precisa de los lugares que visita de manera frecuente una víctima, ya sea para comer, reunirse con familiares, e incluso les da una lectura amplia del nivel de vida que llevan, pues a través de fotografías pueden saber a qué partes ha viajado, dejándoles en un estado de vulnerabilidad”.

Por otra parte, cuando se trata de personas morales, la incidencia delictiva confirma que las pequeñas y medianas empresas son más afectadas por este fenómeno, siendo Veracruz, el puerto de Acapulco, el Estado de México y la Ciudad de México donde se encuentran los índices más altos de extorsión en el país.

De igual manera el Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, mencionó que será en el 2do Encuentro Nacional de Seguridad Privada que se llevará a cabo en el Hotel Camino Real de Polanco de CDMX el miércoles 1.o de abril de 2020, en el que se analizarán temas  de seguridad como éste, además de perspectivas económicas, gobernanza e inversión privada, con el análisis de funcionarios del Gobierno Federal especializados en el tema de seguridad pública y especialistas de la industria de seguridad privada. 

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Esperará la Cámara de Diputados una semana para discutir minuta sobre militarización

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La Cámara de Diputados esperará una semana para discutir la minuta sobre la militarización de la Guardia Nacional. El proyecto de decreto llegó ayer martes a las 11:20 de la noche y fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, al tiempo que se le dio lectura en la Gaceta Parlamentaria.

De acuerdo a lo difundido por el diario Reforma, la Comisión citó a los diputados para el miércoles 12 de octubre a la 1:00 de la tarde, a fin de aceptar los cambios que se le hicieron en el Senado.

El coordinador de los diputados de MorenaIgnacio Mier, informó que el dictamen será presentado al pleno el jueves 13.

Sin problemas para conseguir la mayoría calificada en San Lázaro, necesaria para una reforma constitucional, Mier dijo que seguirá en la negociación para lograr los votos necesarios.

El morenista dijo que espera “que logramos lo mismo que hicimos hace ya casi 20 días, que se logró la mayoría calificada de manera amplia, esperemos que así sea”, además, agregó que el voto a favor será de quienes apoyan la permanencia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, de la Guardia Nacional.

“Vamos a construir con ellos una revisión puntual de la agenda que le han hecho al artículo quinto transitorio en el Senado de la República, que en principio era algo que nosotros habíamos discutido y que pensábamos que en principio pudiera estar en las leyes secundarias, pero ya en la incorporación que le están haciendo liberan esa posibilidad de que sea incorporado en leyes secundarias”, explicó.

El legislador se refirió sobre el agregado de que deberán comparecer los secretarios de GobernaciónSeguridadDefensa y Marina, además, se prevé la restitución de fondos de apoyo a las entidades federativas y municipios para tareas de seguridad pública.

(Agencia: Reforma)

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Atacan un Ayuntamiento de Guerrero; matan al alcalde y al menos 17 personas más

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Al menos 18 personas fueron asesinadas en un doble ataque armado en el municipio de San Miguel Totolapan, en la región de Tierra Caliente en el estado mexicano de Guerrero, sur del país, entre los que se encontraba el alcalde Conrado Mendoza Almeida y varios funcionarios más.

De acuerdo con información regional de la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron 2 los ataques registrados la tarde de este miércoles 5 de octubre.

El primer ataque fue contra la sede del Palacio Municipal en donde la fachada recibió una ráfaga de disparos de bala y los cristales rotos por los impactos de las armas de grueso calibre.

El segundo ocurrió en un lugar cercano en donde se desarrollaba una reunión encabezada por el presidente Conrado Mendoza Almeida, en donde también resultaron asesinados los asistentes.

De acuerdo con el parte de la Fiscalía, de las 18 personas asesinadas en el lugar fueron identificadas 10, entre estas el alcalde y su padre, el exalcalde Juan Mendoza Acosta.

Entre las personas identificadas también está el director de Seguridad Publica del municipio, Freddy Martínez Suazo; el consejero del presidente, Roberto Mata Marcial; el administrador de la jurisdicción sanitaria 01 de Tlapehuala, Génesis Araujo Marcos, así como 2 agentes de seguridad del edil.

Además, se informó que 3 personas heridas fueron trasladadas vía aérea para su atención. En tanto, mediante un comunicado, la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, lamentó el asesinato del alcalde, condenó los hechos y aseguró que no habrá impunidad.

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local, al que pertenecía el alcalde y su padre, demandó que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga las investigaciones ante la magnitud del ataque.

En un primer reporte del ataque se apuntó, de manera extraoficial, que al menos 10 personas habían sido asesinadas. El asesinato del edil fue confirmado inicialmente por la dirigencia del PRD mediante una esquela en la que exige Justicia.

Mientras que el Gobierno de Guerrero, mediante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, emitió un comunicado en el que condena los hechos “donde fue privado de la vida el alcalde Conrado N”.

El ataque se lo adjudicó al grupo criminal Los Tequileros, que minutos después del hecho difundió un video en redes sociales en el que anunció su regreso a esa región de producción y trasiego de droga, que se disputa con La Familia Michoacana, grupo delincuencial del vecino estado de Michoacán.

Luego del ataque armado se reportaron bloqueos en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, en Guerrero, con vehículos de carga pesada y autobuses para evitar la llegada de los cuerpos de seguridad, sin embargo se ha informado que la zona ya está resguardada por agentes federales y estatales.

El Gobierno estatal informó que la zona está resguardada para brindar seguridad a la población, y que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó unidades terrestres y aéreas para ubicar y detener a los responsables del ataque.

El grupo delictivo Los Tequileros asoló la región de Tierra Caliente entre 2015 y 2017 hasta que fue asesinado su líder, Raybel Jacobo de Almonte, originario del poblado San Antonio de La Gavia, perteneciente a ese municipio.

Tras el asesinato de Mendoza Almeda, durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, que inició en diciembre de 2018, han sido asesinados en México 60 ediles propietarios, entre alcaldes, regidores y síndicos, según la consultora Etellekt, referente de la violencia política.

(Agencia: EFE)

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Tenemos todo para justificar por qué debemos estar en las calles: secretario de Marina

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Luego de que el Senado aprobara ampliar la presencia del Ejército en las calles, el secretario de MarinaJosé Rafael Ojeda, aseguró que tiene todos los argumentos para participar en tareas de seguridad pública.

De acuerdo a lo difundido por el diario Reforma, el Almirante dejó de manifiesto ese compromiso durante una reunión con senadores, pero cuando se refirió a la obligación que las Fuerzas Armadas tienen de rendir cuentas ante el Congreso, dijo que la tomaba “entre comillas”.

“Sé que, en su momento, cuando se dé eso, nos pueden llamar a cuentas, vamos a decirlo entre comillas, pero tenemos todo para justificar por qué debemos estar en las calles, tratando de ayudar a la sociedad con tanto problema que hay de inseguridad. Los únicos que nos pueden revelar son las Policías estatales y municipales”, planteó.

Ojeda, detalló Reforma, recibió esta mañana a un grupo de senadores integrantes de la Comisión de Marina, ante quienes aseguró que la caída del helicóptero que sobrevino tras la captura de Caro Quintero había tenido como causa la falta de combustible.

El senador Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del sol azteca -uno de los 11 opositores que votó en favor de la reforma-, apuró al titular de Marina a participar de la instalación de la comisión bicameral que formó parte del contenido del dictamen que fue aprobado, en aras de acallar las críticas que se habían generado tras la aprobación de la reforma.

“En lo personal, hice referencia a mi convicción en el sentido de que las entidades federativas les piden el apoyo (a las Fuerzas Armadas), y que, mientras eso suceda, lo mejor es dotarlos de un marco jurídico que permita que su actuación esté dentro de un marco constitucional”, introdujo el perredista.

“Pero ahora viene la fase de ejecución de esa iniciativa: tenemos 60 días para integrar comisiones bicamarales, pedir informes y la comparecencia del señor secretario de la Marina”.

«Le pido respetuosamente que esto que ayer planteamos en el discurso se vea muy respaldado en los hechos y que podamos demostrarle a toda la gente que ayer decía que no, que no se debía dar la confianza y que debíamos votar en contra y que debíamos oponernos, demostrarles que no nos equivocamos, que la confianza que depositamos, es una confianza que va a encontrar una respuesta y una mejora en todo este planteamiento para que las Fuerzas Armadas en su momento dejen de cumplir con su labor”.

(Fuente: Reforma)

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