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CCMSS: Tren Maya, nuevo impulso a la desruralización de la Península de Yucatán

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Para expandirse, el actual modelo de desarrollo requiere, por un lado, de un acceso franco a la tierra y a los bienes naturales y, por el otro, de una oferta abundante de mano de obra. Para atender estas condiciones del capital, el proyecto Tren Maya busca que los territorios rurales que hoy están en manos de comunidades campesinas e indígenas que por siglos los han resguardado y manejado, queden sin la presencia y custodia de su población originaria, facilitando la incorporación de las tierras y bienes naturales al desarrollo de actividades extractivistas y al mercado inmobiliario, expone el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).

A la par, el proyecto Tren Maya pretende detonar un fuerte proceso de proletarización de la población rural, buscando que los campesinos e indígenas que hoy se auto emplean en sus tierras conformen una población urbanizada con escasas opciones de reproducir su cultura y tejido comunitario, orillada a emplearse en el nuevo orden forjado para la Península de Yucatán”, dicen Eugenio Fernández y Sergio Madrid, director del CCMSS , en el documento Tren Maya: Nuevo impulso a la desruralización de la Península de Yucatán.

Con este proyecto el Estado busca la llegada de grandes inversiones a la región, bajo el supuesto de que el empleo asalariado es la mejor forma de atacar la pobreza y la marginalidad. El porcentaje de población con “empleo asalariado” se incrementaría notablemente, como ha sucedido antes, sin embargo, esta apuesta se sustenta en un proceso de desposesión y despojo de las tierras de las comunidades, generando las condiciones para acentuar un modelo que concentra la riqueza y permite a grandes empresas y corporativos de las finanzas, la agroindustria, el turismo y el sector inmobiliario acumular capital y perpetuar su dominio. Todo ello en la Península de Yucatán, donde el 46.9 por ciento de la población se identifica a sí misma como maya[1].

Expulsión y proletarización de la población rural

Aunque hasta ahora Fonatur no ha presentado públicamente un proyecto ejecutivo que ofrezca claridad del alcance del Tren Maya, por las declaraciones de sus directivos es posible afirmar que es una apuesta por la urbanización de la región sur-sureste, erigiendo un desarrollo centrado en la provisión de servicios en los sectores turístico e inmobiliario, y favoreciendo la expansión agroindustrial. Fonatur impulsa un esquema que prioriza lo urbano y omite las realidades y derechos de las comunidades indígenas, distribuidas en más de 1510 localidades de los pueblos maya, tseltal, ch’ol, jakalteko, awuakateko y akateko[2]. Omite reconocer que se trata de un territorio indígena habitado y poseído por pueblos originarios con derecho a la libre determinación, de acuerdo con la Constitución; ignora su conocimiento ancestral íntimamente ligado al territorio, su identidad cultural y formas de vida, sus sistemas y medios de producción, y su valioso papel en la protección y mantenimiento de la integridad de los territorios comunitarios. Este enfoque deja ver el racismo y clasismo que subyace en el Estado, expresados por el menosprecio a lo indígena y lo campesino.

Fonatur e instituciones que la acompañan ponen énfasis en el empleo asalariado. Arguyen que las personas de las comunidades podrán obtener un empleo en las miles de oportunidades que brindará la construcción de infraestructura ferroviaria y posteriormente en la vasta industria turística (que recibiría anualmente de tres a cuatro millones de turistas adicionales). El Proyecto se perfila como una gran inversión enfocada al desarrollo urbano, que generaría una enorme atracción de mano de obra a los polos de desarrollo, mientras se acentúa el abandono de los servicios públicos en zonas rurales y la desatención de las problemáticas en los territorios.

La atracción de la población rural a las zonas urbanas estará también acompañada del crecimiento de diversos sectores ya probados en la región: agroindustria, producción de carne de puerco y pollo, y parques eólicos y solares. El proyecto efectivamente generará nuevos empleos, y es probable que la población campesina acceda a una parte de ellos, pero en ningún sentido esto tiene posibilidades de mejorar sus condiciones de vida. Por ejemplo, en Quintana Roo en los pasados diez años, la tasa anual de incremento de personas aseguradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue considerable (8%[3]), mayoritariamente dentro de la categoría “un salario mínimo” (3,670 pesos/mes) . El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) consideró en 2017 que una familia de cuatro personas en México, se encuentra actualmente en situación de  “pobreza  por ingresos” si su ingreso mensual es inferior a 11,290 pesos[4]. Así, la estrategia del Estado mexicano para combatir la pobreza a partir de que la población rural se contrate en un empleo asalariado es una falacia; por el contrario, genera una población urbana marginada y excluida con limitaciones para acceder a los bienes naturales, la tierra y las estructuras sociales que otrora gozaba y le sostenían, y dependiente de los vaivenes de la economía y los mercados globales.

Este proceso de desruralización impacta negativamente a las comunidades indígenas y campesinas debilitando su gobernanza y capacidad institucional, así como vulnerando sus cimientos para la reproducción de la vida y la protección de los territorios. La proletarización de la población rural representa oportunidades para que las empresas accedan a una fuente de mano de obra barata y encuentren vías simples para acceder a la tierra y a los bienes naturales, condición sin la cual el capital no podría expandirse.

Expulsión y despojo

Para acceder a los terrenos que requiere el proyecto Tren Maya se usarán derechos de vía ya existentes y terrenos federales; pero, además, se incorporarán tierras ejidales mediante un esquema de largo plazo de mercantilización y bursatilización de las tierras, conocido como Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces (FIBRA), en el que los ejidos aportarían la tierra al Proyecto una vez completado el procedimiento de privatización de la tierra. Fonatur ha presionado de distintas formas a los ejidos para “sumarse” al Proyecto, como en los casos de los ejidos Bacalar, Tulum y Cobá, en Quintana Roo, a los cuales se les ha requerido aportar mil hectáreas a cada uno al proyecto, a cambio de hacerse “socios”. En los tres casos, las autoridades ejidales han expresado que el ejido no está de acuerdo en ceder tales extensiones de sus tierras. En estos casos, Fonatur ha reaccionado con amenazas de “que no hay tren” e incluso con la modificación del trazo del Proyecto[5].

“El patrimonio de gran parte de la población campesina en México se sustenta en la propiedad social de la tierra, con las figuras del ejido y la comunidad agraria. Actualmente, la mitad de la tierra en la Península yace en manos de comunidades que usan sus territorios bajo diferentes arreglos internos, muchos de ellos colectivos. Esa tierra y ese derecho son el resultado de un complejo proceso por el cual la reforma agraria mexicana extendió títulos de propiedad a miles de comunidades, hecho que ha otorgado seguridad para mantener y conservar el patrimonio por generaciones, y que ha salvado a muchas regiones del proceso de reconcentración de la tierra que se registra por toda América Latina. Sin embargo, la propuesta del Fonatur que plantea la aportación de la tierra ejidal a los FIBRA pone en riesgo este enorme valor” explica el documento.

Para el CCMSS resulta muy preocupante que la administración actual reproduzca los mismos esquemas de gobiernos anteriores al impulsar a la agroindustria en Campeche y el desarrollo urbano y turístico en Quintana Roo. Ambas experiencias han mostrado que atraer inversiones y crear nuevos empleos puede lograrse, pero no reditúa en mejores condiciones de vida para la población local. Estos casos están plagados de violaciones a los derechos humanos, daños e impunidad ambiental y detrimento de los valores para una convivencia sana.

Aun cuando en el discurso se han incorporado conceptos como sustentabilidad e inclusión es difícil encontrar diferencias con los esquemas implementados años atrás. El proyecto consolidaría un modelo extractivista, detonando un proceso de expulsión de las poblaciones rurales de sus territorios, que a la par de facilitarle a los grandes capitales su acceso a la tierra y a los bienes naturales, les provee de mano de obra barata atractiva para emplearse en las nuevas unidades turísticas, inmobiliarias y agroindustriales.

Con lo anterior, después de “subsanar la deuda con el sureste del país”, el Estado ya habrá hecho lo suficiente y no tendrá más tiempo ni posibilidades de velar por la salud y el bienestar de la sociedad de esta región.

NOTA: El documento Nuevo impulso a la desruralización de la Península de Yucatán está disponible en: https://www.ccmss.org.mx/acervo/nuevo-impulso-a-la-desruralizacion-de-la-peninsula-de-yucatan/.

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El «caminante guadalupano» recorrerá Yucatán

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Mérida, Yucatán a 24 noviembre 2020.- Isidro Poot, conocido como el «Caminante Guadalupano», iniciará un recorrido por varios municipios yucatecos al no poder completar su travesía a pie desde la Ciudad de México, como lo había hecho cada año.

Debido a las restricciones impuestas para evitar la propagación del Covid-19, Isidro se vio imposibilitado para cumplir con su promesa anual de visitar a la Virgen de Guadalupe en la Basílica de Guadalupe. Así que esta vez recorrerá por varias comunidades del estado a partir del próximo 27 de noviembre.

El viernes saldrá de Cansahcab, de donde es originario, y posteriormente visitará Temax, Buctzotz, Tizimín, Colotmul, Temozón, Valladolid, Ebtún, Cuncunul, Kaua, Pisté, Libre Unión y Holcá, municipios del oriente de Yucatán.

Además pasará por Mérida y Progreso antes de retornar a Cansahcab, la noche del 11 de diciembre, y luego llegar a su comunidad, Santa María, los primeros minutos del 12 de diciembre.
En los últimos años, Isidro Poot ha hecho la travesía a pie desde la capital del país hasta Yucatán.

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Yucatán, pionero en capacitación a docentes sobre salud pública

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  • Segey y SSY fomentan sana alimentación entre el alumnado.

Mérida, Yucatán, 24 de noviembre de 2020.- Contenidos relacionados con nutrición, autosuficiencia alimentaria, prevención de enfermedades crónicas y promoción de la actividad física, entre otros, son parte del taller “Vida saludable en la nueva normalidad”, dirigido a la comunidad docente y que impulsa la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey), en alianza con la de Salud de Yucatán (SSY).

La estrategia, única en su tipo en el país y parte de las acciones que encabeza el Gobierno del Estado d Yucatán para apoyar a la formación integral de niñas, niños y adolescentes, se enfoca en maestras y maestros de nivel básico y considera un curso virtual de 10 sesiones, para compartir información que coadyuve a preservar la salud del alumnado, principalmente ante la pandemia de Covid-19.

En esta primera sesión, la titular de la Segey, Loreto Villanueva Trujillo, refirió que la sinergia con el sistema educativo es imprescindible para que los hábitos saludables permeen en la población y se conviertan en una base esencial para todas las familias mexicanas.

En el marco de la inauguración de este seminario a distancia, que concluirá el 21 de diciembre, el director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, Simón Barquera Cervera, destacó la iniciativa estatal, subrayando la importancia de abordar temas que permitan mejorar los estilos de vida de miles de estudiantes.

En su turno, la directora de Nutrición y Enfermedades Crónicas de la SSY, así como facilitadora del taller, Ileana Fajardo Niquete, refirió que los módulos están diseñados para que las y los docentes conozcan de forma clara y concisa el origen de diversas problemáticas de salud, partiendo de la relevancia de la publicidad en el consumo, para impactar positivamente en las políticas del entorno escolar.

“Queremos que identifiquen hábitos y estilos de vida saludables, brindando esta información a los escolares. Les daremos herramientas para alcanzar este objetivo, tales como las grabaciones de las sesiones, material didáctico para alumnos y el Manual de Sesiones Educativas sobre el tema. En enero, pretendemos agendar de nueva cuenta la realización de este taller para llegar a más maestras y maestros”, dijo.

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Celebran Foro Virtual en favor de la Apicultura

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Mérida, Yucatán, 24 de noviembre de 2020.- La comisión de Desarrollo Agropecuario realizó el Foro digital “Rumbo a una actualización legislativa en favor de la Apicultura y la Protección de las Abejas en Yucatán”, donde se  abordaron temas como la capacitación y apoyo a los productores, la afectación del uso de agroquímicos, la diversificación de los productos de este alimento, entre otros.

La presidenta de la Comisión, Janice Escobedo Salazar (PRI), informó que el objetivo del foro fue contribuir al análisis y estudio de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección y Fomento Apícola del Estado de Yucatán en materia de impulso a la actividad apícola y protección de las abejas y su medio ambiente, suscrita por la misma diputada, a través de la concentración de información e intercambio de conocimientos por parte de expertos en la materia.

En este espacio se contó con la participación de la Dra. Annel Carrillo Rodríguez, presidenta en turno y representante del Eslabón de Asesoría y capacitación del Comité Sistema Producto Apícola del Estado; el Ing. Pablo Beutelespacher de la Torre, representante de la empresa exportadora de miel Mayahoney S.A. de C.V.

Así como el Dr. José Chavier de Araujo Freitas, Profesor Investigador de la Facultad de Medicina y Veterinaria Zootecnia UADY; y el MVZ. Alfredo Colín Álvarez, Gerente del Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado.

El foro digital estuvo divido en dos bloques: primero, los retos de la apicultura, donde se expusieron experiencias, conocimientos y propuestas en relación a los desafíos que guarda la apicultura en Yucatán.

En este punto, la doctora Carrillo Rodríguez mencionó que el uso de agroquímicos está mermando la cantidad y calidad de los insectos, por lo que uno de los retos es brindar información a los productores para el uso de medicamentos y adoptar nuevas tecnologías.

El ingeniero Beutelespacher de la Torre, consideró que los principales retos es recuperar la participación del mercado que se tenía en el sector a nivel mundial, que afecta el interés hacia la miel yucateca, ya que la actividad en el estado se ha mantenido sin crecimiento y la demanda de la miel sí ha ido en aumento.

Informó que, en la entidad actualmente existen 223 colmenas que dependen de 2,500 familias, aproximadamente 17 colmenas por apicultor, es decir, un apiario por apicultor, “y para crecer un apicultor debe tener el doble de apiarios”; de la misma manera, recomendó que se debe diversificar los productos, como el propóleo, que ya se hace en otros países de Sudamérica, así como hacer atractiva la actividad hacia los jóvenes.

En su turno, el doctor Araujo Freitas concordó que la actividad sigue siendo de gente de avanzada edad y poca gente joven, además de que se debe mejorar el precio de la miel, que ha permanecido al mismo durante muchos años; así mismo señaló que mediante un estudio se conoció que hay estados que no tienen ley apícola e hizo énfasis en definir los términos de la meliponicultura y las abejas nativas. 

El médico veterinario Colín Álvarez, mencionó que no ve cabida considerar a la abeja melipona en la ley, “porque es una especie no regulada, no se permite y ni siquiera es reconocida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)”.

Recordó, que la miel como la leche es de libre comercialización, por lo que sugirió no poner tanto requisito porque sería una cuota de cobro, ya que incluso a nivel federal no se requiere.

El segundo bloque abordó las acciones en favor de la protección de las abejas, en la cual se compartieron y formularon reflexiones, planteamientos y propuestas sobre las alternativas para frenar la extinción de las abejas, así como medidas para garantizar la protección de su medio ambiente.

En este tema, la doctora Carrillo Rodríguez reiteró que se necesitan buenas prácticas de manejo de la apicultura, como utilizar medicamentos, así como buscar alternativas de control de plagas sin afectar a las abejas, por lo que advirtió que se debe hacer una revisión de los agroquímicos autorizados que en otros países ya no están aprobados y denunció que existen grupos de personas que están utilizado productos no autorizados ni por la federación mexicana.

El representante de la empresa Mayahoney, también alertó de basureros clandestinos municipales y comunidades que no tienen un destino final de residuos, que afecta la producción de la abeja porque viaja a esos lugares, lo que en otros países está penado; por otro lado, recomendó que se deben renovar año con año los cajones donde se concentran los insectos e informó que actualmente existen 500 mil en el estado.

El profesor investigador de la Uady, enfatizó que se debe proteger las especies de plantas melíferas y prohibir cortar esas especies de plantas que son un beneficio para las abejas y para el interés apícola, ya que “en un estado tan apícola es difícil conseguir plantas para reforestar”; de la misma manera, puntualizó que requiere de un mejor análisis para enfrentar el retiro de enjambres, porque se convierte en un problema de seguridad pública.

Por último, el médico veterinario Colín Álvarez también alertó que se usan antibióticos o pesticidas en la miel que afectan a la exportación, que es una de las cosas favorables en México que certifica la calidad de la miel, al igual que recalcó la diversificación de los productos le dará un valor agregado,  como el polen o jalea real.

Las diputadas de Morena, Fátima Perera Salazar; del PRI, Mirthea Arjona Martín, agradecieron la participación de los expertos en la materia; mientras que la diputada de Movimiento Ciudadano, Silvia López Escoffié, señaló que se busca contar con una ley que ayude a los productores y a todos los involucrados en la actividad.

Para finalizar, la diputada Escobedo Salazar reiteró el reconocimiento de todos los integrantes de la Comisión hacia los especialistas para garantizar que las leyes atiendan y brinden soluciones a las demandas de la sociedad.

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