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Internacional

Canadá y México mantendrán comercio de alimentos

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Ottawa, 24 Abril 2020.- Los gobiernos de Canadá y México destacaron este viernes la importancia de mantener el comercio ininterrumpido de alimentos y agricultura entre los dos países, así como su colaboración frente a la pandemia del coronavirus (COVID-19).

La ministra canadiense de Agricultura y Agroalimentación, Marie-Claude Bibeau y el secretario mexicano de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, reconocieron que “los alimentos y los productos alimenticios son esenciales para salvaguardar la salud de los ciudadanos”.

De acuerdo con el Ministerio canadiense, los funcionarios destacaron “la importancia de contar con sistemas confiables de producción de alimentos y confirmaron su continuo apoyo a la cadena de suministro integrada”.

Señaló que Bibeau habló con su contraparte mexicana y afirmó que Canadá continuará trabajando con México para “facilitar nuevas oportunidades de trabajo a través del programa de Trabajadores Extranjeros Temporales, respetando las pautas de salud pública de Canadá para garantizar la salud de todos los trabajadores y detener la propagación de COVID-19”.

El programa de trabajadores ofrece beneficios a ambos países, además brinda el apoyo y mano de obra necesarios a agricultores y procesadores canadienses, mientras que crea salarios para familias mexicanas, destacó la dependencia.

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Internacional

Ahoga a Colombia pobreza y represión

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  • La justificación oficial es que se tiene que enfrentar el ‘vandalismo’ mientras crece la cifra de colombianos en la miseria

El pasado 29 de abril, un día después del inicio de las masivas protestas contra el gobierno del presidente Iván Duque, el organismo estatal de estadísticas de Colombia reveló que la crisis derivada de la pandemia de Covid-19 había hecho crecer la pobreza extrema en 58% y que 7.4 millones de colombianos (15 de cada 100) vivían hoy en esa situación.

Ese dato, que explica en parte el descontento popular que se advierte en las movilizaciones que se desarrollan en todo el país, ha sido omitido de la narrativa de Duque para referirse a las protestas.

El énfasis del presidente es que en las manifestaciones que ocupan las calles y las plazas públicas de las principales ciudades hay “vandalismo extremo y terrorismo urbano financiado por las mafias del narcotráfico”. Y con ese argumento, el mandatario del ultraderechista Centro Democrático ha intentado justificar la violenta respuesta de la policía y el ejército.

Sólo durante la primera semana de movilizaciones, entre el 28 de abril y el pasado martes 4, la policía mató a balazos a 17 manifestantes, uno cada 10 horas en promedio, según un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, una ONG independiente que además reportó mil 220 personas heridas y 40 desaparecidos durante las protestas.

Se contradice

Para sorpresa de Duque, quien ha sido en los últimos años uno de los más firmes defensores de los derechos humanos de los venezolanos reprimidos por el régimen de Nicolás Maduro, la comunidad internacional no creyó en el argumento oficial de que la policía y los militares que el mandatario envío a las calles enfrentaban una “amenaza terrorista”.

Decenas de videos grabados por ciudadanos desde sus celulares han mostrado a policías disparando a civiles desarmados y golpeando a personas indefensas.

La Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) condenaron “el uso desproporcionado de la fuerza” por parte de la policía colombiana y llamaron al gobierno a pedir a sus agentes del orden “la máxima moderación” para evitar “más pérdidas de vidas”.

Las condenas al gobierno de Duque subieron de tono luego de que una misión internacional de defensores de derechos humanos que visitaba la suroccidental Cali, epicentro de las protestas y la represión, fue amenazada y acosada el lunes 3 por policías y militares, según denunció la oficina de la ACNUDH.

La portavoz de la oficina, Marta Hurtado, recordó a las autoridades del Estado colombiano “su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida”.

A esas alturas, la noticia de la represión y las muertes de manifestantes en Colombia ya daba la vuelta al mundo y de todas partes llegaban mensajes de indignación.

“Pido al gobierno de mi país”, tuiteó la cantante Shakira, “que tome medidas urgentes”, que “PARE YA la violación a los derechos humanos y restituya el valor de la vida humana por encima de cualquier interés político”.

El dilema de Duque

Oliver Wack, gerente para Colombia y la región andina de la consultora de riesgos Control Risks, considera que la situación “se le salió de las manos” a Duque y ahora el presidente se debate entre responder a los llamados a la moderación que ha hecho la comunidad internacional o a los llamados de su partido, el uribista Centro Democrático (CD), a intensificar la represión.

En entrevista con Proceso, el especialista en análisis de riesgos dice que al mandatario “no le gusta quedar como el malo, sobre todo a nivel internacional”, y entonces cabría esperar “un llamado a la tropa, a las fuerzas policiales, a moderar su accionar” frente a los manifestantes.

Pero por otra parte, una investigación independiente de los abusos de policías y militares, y un repudio público de las violaciones de derechos humanos que han cometido son temas que disgustan al CD, un partido que suele observar la protesta social como una acción de “vándalos terroristas” que buscan desestabilizar al país.

Y a Duque, señala Wack, “no le queda otra más que apostarle a su base dura, al uribismo, y es lo que seguirá haciendo, porque no se puede dar el lujo de ir demasiado a profundidad y atacar a su fuerza pública”.

Posibles infiltrados

Hay evidencias de que comandos urbanos del guerrillero Ejército de Liberación Nacional, de las disidencias de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz y del grupo subversivo “FARC-Segunda Marquetalia”, que encabeza Iván Márquez, actúan como infiltrados en las protestas para incitar a los manifestantes a atacar a la policía y a cometer actos vandálicos.

Entre las personas que han muerto por disparos durante las protestas figura un policía, el capitán Jesús Alberto Solano, y el martes 4 un grupo de encapuchados incendió en un barrio del sur de Bogotá un puesto de la policía con 10 uniformados en su interior, que lograron escapar entre las llamas; cinco de ellos resultaron heridos.

“La escalada de violencia es brutal”, dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la madrugada del miércoles 5, al reportar que en las últimas horas habían resultado heridos 30 civiles y 16 policías, y 104 autobuses del transporte público de la ciudad habían sido atacados por desconocidos, lo que obligó al sistema a operar varios días a 60% de su capacidad.

La ONU ha reportado que “la mayoría de las protestas han sido pacíficas”, lo cual han constatado también integrantes del cuerpo diplomático acreditado en Colombia. La observación internacional ha dificultado la intención del gobierno de estigmatizar la protesta social para justificar la represión.

“El argumento del gobierno de que aquí en la calle hay narcoterroristas y que hay que sacar al ejército para combatirlos quizás funcionaba hace 20 años, pero hoy no. El uribismo está absolutamente equivocado en creer que eso va a convencer a alguien a nivel internacional”, asegura Wack.

El analista señala que las protestas en Colombia no son nuevas ni son un asunto exclusivamente colombiano.

“Las vimos en 2019 en toda la región y las vimos en los últimos meses en diferentes países en la etapa pospandemia”, dice Wack, “porque es lógico que la gente salga a protestar cuando está en una situación bastante complicada”.

POBREZA ASCENDENTE

En el reporte sobre pobreza, divulgado el 29 de abril, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia señaló que los pobres llegaron el año pasado a 21 millones de personas, cifra equivalente a 42.5% de la población del país y mayor en 3.5 millones a la de 2019. La pobreza extrema pasó de 9.6% a 15.1% en el mismo lapso, lo que significa que ese indicador social creció 58% entre 2019 y 2020 por la pandemia.

En medio de la emergencia sanitaria, el gobierno de Duque implementó un programa de transferencias para las familias más pobres del país, que ha implicado desembolsos equivalentes a 0.45% del PIB, un porcentaje lejano a la media de ayudas sociales giradas en América Latina en esta pandemia.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha recomendado invertir en este esfuerzo entre 1% y 2% del PIB, lo que han hecho países como Chile, Brasil y Perú. El efecto ha sido una mayor contención en el aumento de la pobreza.

El gobierno de Colombia ha sido criticado por la oposición y algunos medios por su generosidad con las grandes corporaciones, a las cuales ha apoyado con capital de trabajo y garantías de endeudamiento.

(Agencia: APRO)

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Internacional

El Papa recuerda a las mujeres víctimas de violencia: «Eso no es amor»

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  • El papa Francisco habló hoy de la «degeneración del amor» y recordó hoy a las mujeres que sufren la violencia machista, a quienes dijo que: «Eso no es amor».

«La prepotencia conduce a la degeneración del amor, al abuso de los demás, al hacer sufrir al amado y pienso en el amor enfermo que se convierte en violencia, y en cuántas mujeres son víctimas de él hoy. Esto no es amor», dijo el papa en su mensaje de hoy durante el rezo del «regina coeli» asomado a la plaza de San Pedro.

Subrayó el pontífice que «amar, como el Señor nos ama significa apreciar a la persona que está a nuestro lado y respetar su libertad, amarlo como es, no como queremos que sea, de forma gratuita».

«En definitiva, Jesús nos pide que vivamos en su amor, no en nuestras ideas, no en el culto a nosotros mismos. Quien vive en el culto a sí mismo, vive en un espejo «, agregó y que «Jesús nos pide que salgamos de la pretensión de controlar y administrar a los demás.

«Amar como Cristo significa decir no a otros amores que el mundo nos ofrece: amor al dinero, al éxito, al poder», añadió.

Denunció que esos «caminos engañosos nos alejan del amor del Señor y nos llevan a ser cada vez más egoísta, narcisista y abusar de los demás». 

(Agencia: EFE)

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Siguen protestas en Colombia

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El país sigue afectado por los bloqueos de vías e inmerso en el debate sobre la violencia policial

Bogotá Colombia.- Los colombianos salieron este sábado de nuevo a la calle, en la onceava jornada de protestas contra el Gobierno de Iván Duque, mientras el país sigue afectado por los bloqueos de vías e inmerso en el debate sobre la violencia policial y la necesidad de una reforma para evitar más asesinatos y abusos.

Las protestas, que volvieron a tomar múltiples calles de las ciudades de forma pacífica, marcharon a ritmo de cumbia en Bogotá, con jóvenes usando el arte como forma de expresión.

Los manifestantes, en su inmensa mayoría jóvenes, salen, como cada día, en protestas improvisadas y organizadas la jornada anterior, que ya dejan ver el cansancio de once días de movilizaciones sociales que comenzaron pidiendo la caída de la ya retirada reforma tributaria, pero que ahora han abierto el abanico a muchas otras demandas que incluyen la caída del Gobierno de Duque y acabar con la brutalidad policial.

A pesar de este desgaste, los protestantes siguen mostrando fuerza e imaginación, y hoy, un grupo de ellos en Bogotá, bloquearon una de las calles con sus cuerpos tumbados y tapados con sábanas blancas por los que han perdido la vida en estos días de manifestaciones.

VUELVE LA VIOLENCIA 

A LAS CALLES

Tras dos días sin ningún reporte de muertos o asesinados en las protestas, anoche se vivió una noche de nuevo gris, con episodios de violencia en la ciudad de Cali, epicentro de las protestas, y en Pereira (oeste).

En esta última, capital del departamento de Risaralda, se volvieron a vivir escenas de disparos de civiles armados a protestantes pacíficos, en episodios que a algunos les recuerdan al paramilitarismo colombiano.

Héctor Fabio Morales, un joven colombiano de 24 años, murió después de ser atacado en la zona del Museo del Arte, donde se desarrollaba una protesta, con arma de fuego por supuestos civiles, que le hirieron de forma letal en la cabeza.

Algo similar ocurrió en la noche del 5 de mayo, cuando varios hombres armados salieron de un vehículo, dispararon contra un grupo de protestantes e hirieron de gravedad a Andrés Felipe Castaño, quien ha conseguido despertar en el hospital, y Lucas Villa, que se encuentra en una situación crítica y con pronóstico reservado, después de recibir hasta ocho disparos en el cráneo.

En Cali, también se vivieron episodios similares después de que varias personas que iban en un coche de alta gama abrieron fuego contra un grupo de manifestantes en el sector de La Luna, en el centro de la ciudad, hiriendo a al menos dos personas, una de ellas de gravedad.

Al menos 27 personas han muerto durante las jornadas, según informaron el viernes la Fiscalía y la Defensoría en un documento en el que aclararon que de esos fallecimientos 11 están ligados directamente con los hechos, siete están «en verificación» y hay nueve que no tienen relación con las protestas.

Sin embargo, la ONG Temblores ha documentado 37 víctimas mortales, 1.708 casos de uso abusivo de la fuerza, al menos 26 víctimas de agresión ocular, 234 casos de violencia física y 934 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, así como casos de violencia sexual contra 11 personas.

También hay 548 personas desaparecidas, de las cuales 189 han sido ubicadas, mientras que 359 casos continúan en proceso de verificación, según el último reporte de la Defensoría.

REFORMA POLICIAL

Por estas cifras, que han superado a las de las protestas de septiembre de 2020 y noviembre de 2019, en muchos sectores de la sociedad claman por una reforma de la Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), fuerzas muy militarizadas y que dependen del Ministerio de Defensa, mientras el Gobierno sigue sin reconocer la mayoría de abusos cometidos.

«La fuerza pública no ha recibido ni un solo llamado de atención por parte del liderazgo civil, ni el ministro, ni el presidente ni ningún miembro del Gobierno ha hecho el más mínimo esfuerzo por salir a decirles que las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones no están incluidas en el protocolo del manejo de la protesta y no se pueden hacer, que son abiertamente violatorias a los derechos humanos», explicó a Efe la analista Sandra Borda.

El Gobierno sigue enarbolando el discurso de que detrás de los disturbios que se han producido en algunas ciudades están grupos criminales e incluso bandas armadas como el ELN o las disidencias de las FARC, que «lo único que hacen es crear una condición de permisibilidad para la violación de los derechos de la gente que se está manifestando», dijo.

Por el otro lado, los jóvenes que están en las calles, que proceden en muchas ocasiones de barrios desfavorecidos o de familias que se han visto severamente afectadas por la pandemia, traen una relación muy enturbiada con la Policía, que los acosa en el día a día o incluso les detiene arbitrariamente y les tortura.

«Mientras esa relación entre esos jóvenes y la fuerza pública no se resuelva, básicamente lo que vas a tener es un escenario potencial para ese tipo de enfrentamientos todo el tiempo», consideró la profesora asociada de la Universidad de los Andes, que estima que la fuerza pública se convierte de este modo «en la herramienta para defender el privilegio en vez de la herramienta de protección de la sociedad en general».

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