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Acusa UIF en EU a García Luna de lavado de dinero y robar 250 MDD

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusó en Estados Unidos al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de robarse 250 millones de dólares durante los seis años del gobierno de Enrique Peña Nieto y establecer una “empresa” de lavado de dinero para comprar automóviles de lujo, bienes raíces y crear empresas para transferir el dinero a Barbados y Estados Unidos.

En la denuncia se destaca que el gobierno mexicano “tiene derecho al establecimiento de un fideicomiso implícito que consiste en bienes inmuebles que los demandados compraron con fondos robados del gobierno de México y cualquier beneficio derivado de los fondos mal habidos. Por lo tanto, el demandante, los Estados Unidos Mexicanos, exige un juicio contra cada demandante para la devolución, restitución, transferencia de las ganancias mal habidas de cualquier bien inmueble comprado con ellos, y por los costos de esta acción y cualquier otra reparación adicional como la Corte lo juzgará justo y apropiado”.

La denuncia civil, que ya fue publicada por la Onceavo Distrito Judicial de Miami, se centra en actos cometidos de 2012 a 2018, es decir, durante el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, destacando que García Luna comenzó a crear una compleja red, como una “empresa” de lavado de dinero, desde que asumió la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, pues “desde su posición de inmenso poder controlaba muchos aspectos de la seguridad del país”.

La demanda presentada por la UIF en la que se señala que García Luna recibió del gobierno de Enrique Peña Nieto 2 mil 623 millones de pesos y 74 millones de dólares en contratos con la Secretaría de Gobernación, pero que según la demanda, son producto de sobornos, manipulaciones, ofertas o corrupción.

En total, suman al menos 250 millones de dólares obtenidos ilegalmente y con un esquema ilegal de “ocultar los fondos robados en numerosos activos ubicados principalmente en Florida”.

Por ello, se acusan directamente a ocho personas físicas: Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, así como a un grupo de empresarios señalados como sus socios, presuntos prestanombres y coconspiradores: Mauricio Weinberg López, Jonathan Weinberg Pinto, Synvia Punto de Winberg y Natan Wancier Taub.

Así como José Francisco Niembro González, quien fue subsecretario de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Seguridad Pública, y su esposa Martha Nieto Guerrero. Además de 39 compañías y propiedades, las 47 personas físicas y morales implicadas, son señaladas por el gobierno mexicano como una “empresa” de lavado de dinero en la que cada participante tenía un rol y tarea específica.

“García Luna armó una extensa red de socios comerciales que posteriormente utilizó para obtener contratos ilegales de diversas entidades y agencias de la República Mexicana por cientos de millones de dólares durante su mandato en el cargo, así como después de dejar su oficina. García Luna y sus socios lavaron y retiraron el dinero de los contratos ilegales fuera de México y fuera del alcance de las autoridades mexicanas. “Orquestó la creación de una compleja red de múltiples entidades para comprar y mantener múltiples parcelas de bienes raíces y otros activos, incluidos numerosos automóviles de lujo y de colección”, indica la denuncia.

La UIF explica que esta denuncia, se basa en que el ex funcionario del gobierno de Felipe Calderón “ocultó fondos robados del gobierno de México y obstaculizó su recuperación por blanquear ganancias mediante la transferencia de los fondos robados, fuera de México a cuentas bancarias en Barbados, Estados Unidos y otros lugares.

Actos que se cometieron mientras estaban en Miami.

“Con lo que pudo adquirir, controlar y mantener una gran y sofisticada empresa de lavado de dinero, principalmente a través de la compra y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles ubicados en Florida”, indicó.

La denuncia de 131 páginas destaca que esta “empresa” de lavado de dinero, ideada y liderada por García Luna, transfirió 160.7 millones de dólares a Barbados en 2015; 12.9 millones de dólares en 2019 a Panamá a través de la empresa Nunvav, propiedad de los Weinberg y Wancier, y que sirvió como conducto principal para los fondos tomados ilegalmente de México. También adquirió vehículos de lujo como Lamborghini, Ferrari y Rolls Royce.

Además, destaca que en los últimos dos años, ya preso en Nueva York, García Luna vendió propiedades por más de 17 millones de dólares. Mientras que en otros casos, se siguen beneficiando de rentas, intereses.

A continuación, te presentamos la lista de los implicados en el caso:

  • Genaro García Luna Linda
  • Cristina Pereyra de García
  • Mauricio Samuel Weinberg López
  • Jonathan Alexis Weinberg Pinto
  • Sylvia Donna Pinto de Weinberg
  • Natan Wancier Taub
  • José Francisco Niembro González
  • Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro
  • Nunvav Inc. S.A.
  • Nunvav Technologies Inc. S.A.
  • Gull Holding Enterprises Inc. S.A.
  • GLAC Security Consulting
  • Technology Risk Management S.C.
  • 1104 South Street LLC
  • 1410 Reynolds LLC
  • 1912 Century LLC
  • 274 SIGB LLC
  • 2903 Pen II LLC
  • Assets Financing Servicies LLC
  • ASW Holdings LLC
  • AwOffice Inc AWP
  • Village Bay II LLC
  • Bellini WI 1501, Corp.
  • Best Friends Midtown LLC
  • Brill 5002 II LLC GL & Associates
  • Consulting LLC
  • Icon Brickell 3802 LLC
  • Jade Ocean 3203 II LLC
  • Jade Ocean 3603 LLC
  • Jagra LLC
  • Only Best Properties Corp
  • Península Cas II LLC
  • Península Mas II LLC
  • Península SMS LLC
  • Península SNDS LLC
  • Península SSW II LLC
  • Península Stecar II LLC
  • Península SW II LLC
  • The Piny 54 LLC
  • Restaurants & Beverage Operator
  • Los Cedros LLC d/b/a OGGI Caffe
  • Ruby Dynasty Trust
  • SDSW Dynasty Trust
  • Sunshine Dynasty Trust
  • VFST LLC
  • W Gourmet Group LLC
  • Wancier 2017 Family Trus

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Afirma López Obrador que FGR se está tardando en caso Lozoya

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El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que exista un pacto de impunidad entre la Fiscalía General de la República (FGR) y el exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya Austin, y señaló que “se está tardando, es evidente” con la investigación del caso.

Según información del diario Excélsior, el mandatario explicó que “no hay pacto de impunidad, lo que existe es un procedimiento que se aplica en Estados Unidos desde hace tiempo y que en México no se aplicaba más que a jefes de la delincuencia organizada y se empezó a aplicar para delincuentes de cuello blanco, allá consiste en que haya testigos protegidos y aquí es ‘criterio de oportunidad’, a cambio de dar información para investigar sobre hechos de corrupción y llegar arriba, esclarecer todo”, dijo.

De acuerdo con el rotativo nacional, el pasado 11 de octubre, luego de que se difundiera una serie de fotografías en las que se aprecia a Lozoya Austin en un restaurante de lujo de la Ciudad de México, la FGR aclaró que el sospechoso sigue bajo proceso.

La Fiscalía señaló que el exfuncionario se adhirió a un criterio de oportunidad, a través del cual ha presentado pruebas de hechos de corrupción en el caso de Odebrecht y Agronitrogenados, lo que “permitió judicializar a un primer grupo de legisladores que recibieron sobornos millonarios para votar en favor de las pretensiones” de la empresa brasileña.

López Obrador también fue cuestionado acerca de si ha hablado sobre este caso con Gertz Manero, y rechazó esto, aunque aclaró que lo que sí ha abordado con el fiscal y con el presidente de la Suprema Corte de Justicia es sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero.

“Sí hablo con el presidente de la Corte y con Gertz Manero, a quien considero un hombre recto e íntegro, de asuntos que considero fundamentales como el Caso Ayotzinapa, de eso sí hablamos y estamos trabajando de manera coordinada para que se aclare lo que sucedió”, cita Excélsior a López Obrador.

El Presidente reiteró que, si bien hay una tardanza de la Fiscalía, que “no debería ser así”, confió en que pese a ello se llegue a la verdad para la aplicación de la justicia.

(Agencia: EXC)

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“No hay ninguna venganza en caso de Robles; fue decisión del juez”

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El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró fue decisión del Poder Judicial el mantener a Rosario Robles bajo prisión preventiva porque en su administración no se persigue ni se denuncia a nadie por venganza pues eso, además de ser inmoral, le restaría autoridad.

“Es un decisión del poder judicial, de los jueces, de ellos depende y por lo que corresponde al Ejecutivo no hay ninguna venganza, nosotros no hacemos eso, eso es inmoral e indigno, eso le resta a cualquiera autoridad y para nosotros lo más importante es la autoridad moral.”

“De parte del Ejecutivo no hay persecución a nadie, no se denuncia a nadie por consigna política y estos asuntos los trata en primera instancia la Fiscalía que es un poder autónomo y luego el poder judicial”.

Ayer miércoles, Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles, acusó que detrás de la decisión de un juez de Control de ratificar la prisión preventiva justificada contra la exfuncionaria federal hay una venganza política y una acción orquestada para mantenerla presa.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo aseguró que si el juez recibió una orden o actuó por consigna contra la exsecretaria de Desarrollo Social del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, debería ser sancionado.

“En el caso de Rosario Robles es un asunto del poder judicial, es el que resuelve y si el juez recibió una orden y actuó por consigna, debería ser sancionado, porque los jueces debería actuar con autonomía”.

El mandatario se pronunció porque se revise la actuación del juez en el caso de Rosario Robles, quien está presa en Santa Martha Acatitla por su probable participación en el delito de delincuencia organizada en el caso conocido como la “Estafa Maestra”.

“Sí (revisar al actuación del juez) y no nos corresponde a nosotros, pero podría participar la Comisión Nacional de Derechos Humanos e internacional, se tiene que actuar por todos los medios cuando hay una inconformidad o se piense que hay una injusticia”, aseveró.

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Despiden a todos los policías de un municipio de Guanajuato por presunta infiltración del narco

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Todos los policías y tránsitos del municipio de Juventino Rosas, alrededor de un centenar de elementos, fueron despedidos por la presunta infiltración del crimen organizado en ambas corporaciones, según informó este miércoles el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez.

“Se está tomando el mando de Juventino Rosas, se está liquidando a toda la policía municipal y están entrando fuerzas del estado, junto con el Ejército y Guardia Nacional a tomar el control”, anunció este miércoles el mandatario estatal en entrevista con medios de comunicación.

Fue precisamente en Juventino Rosas, en Guanajuato, donde en agosto del año pasado fue detenido José Antonio Yépez Ortiz, alias el Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, organización que disputa con el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación el control del territorio.

Un par de años atrás, refirió el gobernador, un agente de seguridad pública fue detenido en el mismo municipio mientras trasladaba un cuerpo desmembrado en una patrulla.

El pasado mes de abril también fue detenido el director de Tránsito municipal, Juan Carlos Jiménez Badillo, al ser relacionado con el asesinato del diputado localJuan Antonio Acosta Cano, quien iba a contender por la alcaldía de Juventino Rosas este año.

El mandatario estatal indicó que estos hechos son señales de la probable infiltración de grupos criminales en las corporaciones de seguridad pública de dicho municipio.

(Agencia: EFE)

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