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Acoso laboral sexual y violencia de género en la secretaria de salud de Yucatán

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Mérida Yucatán a 26 febrero 2020.- Una persona identificada como Cinthia G. P. G. levanta la voz por medio de las redes sociales en su cuenta de Facebook.

Que durante los últimos 8 meses he sido víctima de acoso sexual y laboral por parte del Lic. Roberto Aldana Rosado, en la Secretaría de Salud del estado de Yucatán, en la cual hasta el día lunes 24 de febrero de 2020 laboraba, y digo laboraba por qué al tener el valor de visibilizar este lamentable hecho de violencia hacia mí y hacerlo del conocimiento de mis superiores jerárquicos fui “invitada amablemente” a no volver, a presentar mi renuncia y a no regresar, por que a mi Director, el Lic. Jaime David Victoria Palma, le molesta mi presencia; tan es así que con esa “invitación amable” me refiero a que fui sacada de la institución con elementos de seguridad y escoltada hasta la calle por los “servidores públicos” de la Sub Dirección de Control y Fomento Sanitario a cargo del Dr. Joaquín Cardeña (a quien no le tembló la mano para ejecutar tan ruin encomienda) sacada como una delincuente, solo hicieron falta las esposas y que me subieran a una patrulla para “cerrar con broche de oro” mi salida.

Me fue informado además por los “ejemplares servidores públicos” que si me atrevía a regresar el día de hoy (miércoles 26 de febrero) me estarían esperando con los elementos de seguridad que hicieran falta para asegurarse de que yo “no me saliera con la mía”.

No tengo palabras para explicar todo lo que he sentido durante los 8 meses que duro mi silencio, los nervios y la angustia que sentí al meter mi escrito y la humillación de ser sacada 3 veces de mi ámbito laboral en menos de 4 días, ya que de entrada al recibir mi escrito el Sr. Director, el Honorable Don Jaime Victoria, antes de escucharme me corrió de su oficina, luego envío al Sub Director a “tranquilizarme” y pedirme de nuevo que entrara a hablar con él, acto seguido me pregunta: por qué le hago esto? Y ahí es donde no entendí, porque a la que le hicieron algo fue a mi (me acosaron 8 meses) pero el Director se sintió ofendido de que yo no me quedara callada, de que no lo siguiera permitiendo, tal parece que el precio de tener un trabajo para sostener a mi familia es: Mi integridad como Mujer; y es ahí cuando ofendido y ofuscado por mi “atrevimiento” opta por gritarme, aporrearme la mano en el escritorio y sacarme de su oficina por segunda vez, por que YO “me pase de grosera” al hablar y no seguir permitiendo el acoso de su “brother”, su “compadre”, su “mejor amigo”; porque resulta que no importa mi trabajo, mi conocimiento, mi experiencia, no importa nada que no sea mi disponibilidad para acceder a las bajas intenciones de este tipo de funcionarios.

Es por ello que acudo a este medio para hacer públicos estos hechos, porque temo por mi integridad y por mi seguridad, y hago públicamente responsables de TODO  lo que pudiera ocurrirme a mi o a mi familia, a los licenciados Jaime Victoria Palma y Roberto Aldana Rosado, quienes son los “servidores publicos” que más que como políticos se comportan como sicarios. Han hecho uso de su poder para humillarme, sobajarme y segura estoy de que me desprestigiaran y me descalificaran como desde el primer momento hizo el sr. director al decirme: “siempre lo supe, todos me lo dijeron: que eras una loca, conflictiva y que me meterías en problemas”.

No omito hacerles saber que el “intachable” Lic. Aldana al que tanto defiende mi “honorable” director, tiene un antecedente de acoso sexual por el cual fue despedido de la Fiscalía General del Estado y quien, además, al enterarse de mi escrito, antes de defenderse o alegar algo prefirió renunciar para no exponerse a que yo hiciese públicos todos los hechos que durante 8 meses sufrí.

En resumen, hoy mi realidad es: Soy Víctima de Violencia y me encuentro desprotegida, con miedo y sin trabajo, todo por no quedarme callada.

Quienes me conocen sabrán la verdad, solo les pido que compartan estos hechos, porque vivimos tiempos difíciles como mujeres en la lucha por nuestros derechos pero creo firmemente que el primer paso es romper el silencio.

También suplico respeto por las familias de todos los involucrados en estos hechos, ellos no se tienen la culpa.

Es una pena que acciones de “hombres poderosos” manchen todos los esfuerzos del Gobierno del Estado por mantener un Yucatán Libre de Violencia en contra de las Mujeres.

Estoy consciente de que con esto me expongo a la crítica, al señalamiento, a perder amistades e incluso a ser tachada (ahora sí) de conflictiva y loca, empañando con esto toda mi vida profesional, mi trayectoria como servidora pública e incluso mi credibilidad como mujer y mis valores como ser humano; pero si es el precio que tengo que pagar por buscar un Yucatán más justo para las mujeres, así lo haré.

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¿Puedo ir a la cárcel por no pagarle a Coppel, Liverpool o Elektra?

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“¿Le tramito su tarjeta de crédito?” es una pregunta constante que suele escucharse cuando se acude a una tienda departamental. En muchas ocasiones, las personas aceptan el trámite o incluso lo buscan directamente para adquirir ciertos productos a crédito.

Las tarjetas departamentales o tarjetas de crédito no bancarias permiten, mediante una línea de crédito autorizada, adquirir anticipadamente bienes y servicios en la misma cadena comercial o en los negocios afiliados a ella.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que es la entidad que regula las tarjetas de las tiendas departamentales, señala que con este tipo de plásticos se pueden realizar compras en todas las sucursales de la misma y a su vez aprovechar descuentos o promociones exclusivas, lo que las convierte en una opción atractiva para muchos mexicanos.

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018 (ENIF), realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 61.5% (15.1 millones) de personas entre 18 a 70 años, mencionó tener una tarjeta de crédito departamental o de tienda de autoservicio, entre otros créditos.

La contraparte de los créditos es que algunos generan intereses que se convierten en una deuda impagable para quien los adquiere, quienes enfrentan una serie de notificaciones por parte de despachos de cobranza o de las mismas tiendas departamentales, como Coppel, Liverpool, Elektra, Walmart y otras.

Tarjetas departamentales, deudas, cárcel y Buró de Crédito

Ante ello, los deudores se preguntan si pueden ir a la cárcel por no pagar la deuda por una tarjeta departamental. El artículo 17 de la Constitución señala que “nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil”, lo cual ocurre en este supuesto.

Sin embargo, la persona que adeuda un monto por una tarjeta departamental durante más de tres meses queda en la lista negra del Buró de Crédito. El Buró de Crédito es la institución que se encarga de registrar el historial crediticio de los usuarios del sistema financiero. Todas las personas que alguna vez en su vida han pedido algún tipo de financiamiento, ya sea en bancos, tiendas departamentales, servicios contratados con cargo a su cuenta bancaria o tarjeta de crédito (domiciliación), etc., se les asignan una calificación buena, mala o regular.

En el Buró de Crédito se encuentran los registros de comportamiento tanto de los excelentes, buenos y malos deudores, es decir, si pagaron a tiempo o con retraso, si dejaron de pagar, si liquidaron anticipadamente sus deudas, si han tenido o tienen problemas de cobranza con alguna institución, lo cual se revisa para futuros créditos.

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Descubre que gasolinera le roba combustible

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Mérida Yucatán a 09 julio 2021.- Una persona molesta alza la voz para que la Profeco se ponga a trabajar inspeccionando las gasolineras que siguen robando.

Identificado como Leonel Espadas denunció en redes que la gasolinera El Roble, ubicada en la carretera Mérida-Progreso, le cobró mil 38 pesos por litros extra de gasolina que no pidió.

Dijo que llegó a la estación de servicio con cinco litros de combustible, pidió tanque lleno, unos 46 litros aproximadamente, pero el despachador le puso 52 litros a su automóvil.

“Esto paso hace unas horas en gasolinera el roble carretera Mérida – Progreso antes de entrada a las Américas, LITROS INCOMPLETOS, un auto que de agencia lleva 50 litros en ese LUGAR lleva más INCREIBLE, traía un octavo algo así como 5 litros y se pidió tanque lleno y de repente le entraron al auto 52 litros (SIC)”, expuso indignado.

Esta gasolinera hace milagros relató que “de la nada salen unos litros de más a tu coche, qué raro, pero en realidad estas personas están robando a la gente, porque nos están poniendo más litros de lo que le cabe al coche” lo hago público para que la gente no cargue combustible ahí.

Aseguró que sólo pagaría lo justo, porque “sus bombas están mal calibradas”, pese a que el encargado le pidió pagar la cantidad completa de la nota.

Disculpa, pero no se me hace justo que yo pague algo que no me están dando eso es robo lo que están haciendo con los ciudadanos que venimos confiados a llenar nuestro tanque.

(YucatánInforma/Hunab Ku)

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AMIC: Denuncia irregularidades en la asignación de obras en Yucatán

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Japay asignó obra de manera irregular

Mérida Yucatán a 04 de marzo de 2021.- La pandemia, la construcción de obras públicas asignadas al ejército y a los comités de padres de familia de escuelas públicas, la eliminación del ramo 23, y el favoritismo a constructoras allegadas o vinculadas a funcionarios públicos de los diferentes órdenes de gobierno, han empeorado la situación económica de miles de empresas de la industria de la construcción en México.

Ante esta la situación, los dirigentes nacional y local de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) Ricardo García de León Coria y Jorge Alberto Villalobos Herrera manifestaron su respaldo a sus agremiados para denunciar este tipo de irregularidades que prevalecen en el sector público.

Expusieron que, en el caso de Yucatán, luego de varios meses de litigio ante las autoridades competentes, se demostró que funcionarios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) incurrieron en diversas irregularidades en la asignación de una obra pública.

Fueron los representantes de la empresa Alta Tensión Cimentación y Caminos ALCICA, SA de CV los que presentaron ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), el pasado 16 de diciembre del 2019 una demanda por irregularidades en el proceso de licitación y asignación de una obra pública por parte de la Japay, y fue el pasado 25 de enero del 2021 que esa dependencia federal consideró la “demanda de inconformidad debidamente fundada”, por lo que esa autoridad ordenó a la dependencia yucateca, reponer el proceso de asignación de la obra.

Sin embargo, esto fue imposible porque aun conociendo la existencia del proceso legal de inconformidad los funcionarios de la Japay lo ignoraron y ejecutaron la obra.

Los dirigentes de la AMIC dijeron que son muy pocos los empresarios constructores que se atreven a inconformarse por miedo a represalias. Sin embargo, ante el creciente aumento de anomalías por parte de los funcionarios públicos en la asignación de obras han diseñado una estrategia de asesoría y acompañamiento de sus socios a fin de que estos casos no queden impunes.

Ante esta situación, pidieron la intervención del gobernador Mauricio Vila a fin de poner un alto a estas prácticas que no solo afectan a los empresarios constructores, sino que también incurren en uso indebido de sus funciones como servidores públicos.

“Creemos que el gobernador no está enterado de éstas y otras acciones que llevan a cabo algunos de sus funcionarios, por eso hacemos público este llamado para que tome cartas en el asunto y ponga un alto a estas conductas” puntualizaron.

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