Vecinos vencen a Diputado del PRI

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Ciudad de México.- Habitantes de Valle de Bravo, Estado de México, y organizaciones de la sociedad civil (OSC) celebraron la negativa que otorgó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al proyecto Bosques de Pamejé que pondría en riesgo algunas Áreas Naturales Protegidas (ANP) y el agua de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

El 5 de octubre por la noche, la dependencia federal publicó en la Gaceta Ecológica la decisión de negar la Autorización de Impacto Ambiental (AIA) al desarrollo inmobiliario Bosques de Pamejé por las violaciones a la normatividad y por las afectaciones ambientales que implica, lo que las organizaciones ambientalistas plantearon como un triunfo de la ciudadanía sobre empresarios depredadores.
La Semarnat federal, a cargo de Rafael Pachiano Alamán, manifestó, entre otras cuestiones, que “el proyecto no es compatible con los considerandos establecidos en el decreto de creación del ANP con carácter de Área de Protección de Recursos Naturales Zona Protectora Forestal”.

Además, indica que Bosques de Pamejé “influirá negativamente en la calidad y cantidad de agua aportada por las subcuentas para uso público, y de manera notable, en el agua trasvasada por el Sistema Cutzamala, el cual beneficia a la Ciudad de México y al Estado de México”.

Ese proyecto inmobiliario es impulsado por el Diputado federal priista Tristán Manuel Canales Najjar y su hermano José Antonio. Antes de llegar al Congreso de la Unión por la vía plurinominal –es decir, no fue votado por los ciudadanos–, Tristán Canales se desempeñó como un alto directivo del Grupo Salinas y TV Azteca, en diversos puestos.

Al respecto, Juan Carlos Lara Delgadillo, abogado del Observatorio Ciudadano de la Cuenca Valle de Bravo- Amanalco, no ocultó su satisfacción.

“Me parece una decisión afortunada y acorde con los principios y objetivos que debe tutelar una entidad pública que protege el ambiente. Creo que [la Semarnat] optó [por negar la autorización] debido a que en efecto el proyecto no tenía bases sustentables de desarrollo y una decisión contraria hubiese permitido un proyecto contrario a los principios ambientales”, dijo en entrevista.

Además, la sociedad vallesana y dichas organizaciones entre las que se encuentran el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Procuenca y el Observatorio Ciudadano de la Cuenca Valle de Bravo- Amanalco, aplaudieron la postura de Mauricio Osorio Domínguez, presidente Municipal de Valle de Bravo, quien negó su aval a Bosques de Pamejé.

El abogado Lara Delgadillo, señaló que aunque por el momento el proyecto carece de suficientes “elementos ambientales viables” para llevarse a cabo y pese a que la resolución de Semarnat manifieste que por la ubicación, las características naturales del terreno y en apego a los ordenamientos territoriales ambientales no podría plantearse un proyecto de esta magnitud, “lo cierto es que mientras el plan parcial de incorporación territorial Bosques de Pamejé siga vigente, el promovente podría intentar presentar el proyecto nuevamente, tal vez no en los mismos términos y características, pero lo puede hacer”.

Ante este panorama, hizo un llamado a que “en cualquier caso se mantenga en esta misma línea o sentido de ponderar la protección de la biodiversidad y del aprovechamiento sustentable sobre todo en Áreas Naturales Protegidas, siempre teniendo en consideración la participación social”.

LA LUCHA INCANSABLE DE ONGS Y HABITANTES 

Las organizaciones lucharon con insistencia para evitar que el desarrollo que se llevaría a cabo en el Parque Estatal Santuario del Agua de Valle de Bravo, dentro de ANPs de carácter federal y estatal, se convirtiera en realidad. Se pretendía que Bosques de Pamejé estuviera compuesto por alrededor de 200 casas, además de un hotel, villas y otras opciones de recreación en una superficie de 84.3 hectáreas, de las que se desarrollarían 73.7, de acuerdo con los impulsores privados.

Tanto habitantes de Valle de Bravo, como organizaciones locales y nacionales en defensa del medio ambiente, remarcaron con frecuencia que el proyecto violaba la normatividad ambiental y de desarrollo urbano, los ordenamientos ecológicos vigentes e incluso, el derecho a un medio ambiente sano.

Entre los argumentos que los inconformes mantuvieron, destacó que el Plan Parcial era “irregular”, pues autorizó un cambio de uso de suelo forestal, que originalmente permitía la edificación de una vivienda cada 5 hectáreas, “a un uso de suelo urbanizable que permite 3.34 viviendas por hectárea y cuyos términos no están reconocidos por el [Plan Municipal de Desarrollo Urbano] PMDU de Valle de Bravo vigente”, de acuerdo con Cemda.

Advirtieron que el proyecto promovido por el Diputado plurinominal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Tristán Manuel Canales Najjar, carecía de consulta pública adecuada y no brindaba cabal cumplimiento a la normatividad ambiental y de desarrollo urbano.

Sandro Cusi de Iturbide, de Pronatura, advirtió que el desarrollo provocaría daños ambientales a la cuenca Valle de Bravo- Amanalco e incluso dejaría sin agua a parte de la Zona Metropolitana y al propio municipio, ya que produce 1 de cada 10 litros de agua que recibe el sistema Cutzamala.

El activista ambiental también remarcó que permitir el proyecto abriría la puerta para que Valle de Bravo termine por convertirse en una gran plancha de cemento y elimine su principal atractivo: los bosques, la naturaleza.

Durante una reunión pública de información sobre el proyecto, realizada el mes pasado y previa a que la Semarnat decidiera si otorgaba o no la AIA, los promotores de Bosques de Pamejé aseguraron que su esquema es sustentable y respetuoso con el medio ambiente, sin embargo, las organizaciones no gubernamentales y vecinos de Valle de Bravo reviraron que el proyecto provocaría afectaciones al ecosistema y al suministro de agua no sólo en el municipio, sino en la ZMVM.

El encuentro se celebró al interior de Casa Club del Campo de Golf del Hotel Avándaro Golf Spa Resort, con acceso restringido tan sólo a un centenar de personas, por lo que decenas de vecinos y activistas quedaron fuera y quienes lograron obtener un lugar criticaron que la reunión no se hiciera en alguna sede pública del municipio mexiquense.

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