CNDH sin recomendación a Yucatán para protección de Emma Molina Canto

17635277
Mérida Yucatán a 31 marzo 2017.-
De acuerdo a la recomendación número 54 expedida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), nunca le solicitaron al Gobierno de Yucatán velar por la seguridad e integridad de la fallecida Emma Gabriela Canto Molina, ni tampoco asignarle algún tipo de custodia por parte del Estado.

La recomendación número 54 de la CNDH emitida en 2014, fue uno de los recursos que obtuvo Canto Molina durante su proceso de separación y juicio de divorcio, sin embargo dicha medida no incluía a autoridades del estado de Yucatán.

Con base en el contenido de ese documento,  sólo se señala a la Procuraduría General de la República (PGR), al entonces Gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo y al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, sin mencionar en ninguno de sus apartados al Poder Ejecutivo de Yucatán.

La recomendación establecía directamente que las autoridades tabasqueñas y de la capital del país, así como de la dependencia federal, se encontraban obligadas a brindar atención médica y sicológica a Ema Gabriela y los involucrados en el caso, además de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos.

Cabe recordar que, un día después del homicidio de Ema Gabriela, su madre, Ligia Canto, aseguró en rueda de prensa, que en diversas ocasiones habían recurrido a autoridades del Estado para pedir seguridad con base en la citada recomendación, sin embargo, el fiscal General del Estado, Ariel Aldecua Kuk, desmintió esta afirmación, ya que precisó que no hubo petición formal en ningún momento, para que la hoy occisa recibiera algún tipo de custodia.

moli

 

LIC. JESÚS MURILLO KARAM

PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TABASCO

  1. DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Distinguidos señores:

  1. 1. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero, y 102, apartado B, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

1, 3, último párrafo; 6, fracciones IV y V, 15, fracciones III y VII, 24, fracción IV; 55,

61, 62, 63, 64, 65 y 66 inciso a), de la Ley de esta Comisión Nacional; así como

14, 129, 130, 131, 132, 133, 148, 157, 159, fracción I, 160, 162, 167, 168 y 170 de su reglamento interno, ha examinado los elementos contenidos en el expediente CNDH/4/2013/346/RI, relacionado con el caso de V1, sus menores hijos V2, V3 y V4, de 10, 8 y 6 años de edad, respectivamente, así como de V5, abuela de los menores.

  1. 2. Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos y evitar que sus nombres y datos personales sean divulgados, se omitirá su publicidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, párrafo segundo, de la Ley de la  Comisión  Nacional de  los  Derechos  Humanos,  y 147  de  su reglamento interno. La información sólo se pondrá en conocimiento de las autoridades recomendadas, a través de un listado adjunto en el que se describirá el significado de las claves utilizadas, quienes tendrán el compromiso de dictar las medidas de protección correspondientes y visto los siguientes:
  1. HECHOS
  1. 3. El 15 de octubre de 2010, P1, padre de V2, V3 y V4, presentó demanda de divorcio contra V1, dando inicio al Juicio Familiar 1, en el Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida; después de diversos recursos y medios de defensa entre las partes, el 17 de mayo de 2011, se decretó una pensión alimenticia para la demandada y los menores, a cargo de P1, además de la guarda y custodia a favor de V1, así como un régimen de visitas y convivencias para P1.
  1. 4. A propósito de esas visitas y convivencias familiares, el 25 de mayo de 2012, V1, se trasladaba con sus hijos y, con T1, niñera de los menores, a las oficinas de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, de la ciudad de Mérida, Yucatán, pero durante el trayecto, fue detenida por policías ministeriales de los estados de Tabasco y Yucatán, momento que P1 aprovechó para, de manera violenta, llevarse a los menores, que en esa fecha tenían 8, 6 y 4 años de edad, respectivamente, por lo que ante la negativa de V2, P1 la golpeó, lo que motivó que V3 se desmayara, mientras V4 fue arrebatada de los brazos de T1, temporalidad a partir de la cual V1 fue separada de sus hijo
  1. 5. Derivado de la ejecución de dicha orden de aprehensión librada por el entonces Juez Tercero Penal de primera instancia del Primer Partido Judicial del Centro, Villahermosa, Tabasco, V1 fue ingresada al Centro de Reinserción Social del estado de Tabasco (CRESET), donde tuvo conocimiento de que existía una imputación en su contra, derivada de la Averiguación Previa 1, por lo que el 15 de junio de 2012, solicitó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Tabasco, dando inicio al Expediente de Queja 1.
  1. 6. El 18 de junio de 2012, el titular de la Segunda Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco, calificó la aludida queja como incompetencia y remitió copia del expediente a su similar en el estado de Yucatán; donde se radicó el Expediente de Gestión 1.
  1. 7. El organismo protector de derechos humanos del estado de Yucatán, desechó el Expediente de Gestión 1, el 12 de diciembre de 2012, al estimar que no se surtía la competencia de la Institución, por tratarse de asuntos jurisdiccionales; previo a lo cual, el 1 de noviembre anterior, inició el Expediente de Queja 2, con motivo de la diversa queja presentada por V1, contra elementos de la Policía Ministerial de dicha entidad federativa.
  1. 8. El 3 de octubre de 2013, R1 y V5, madre de V1, ante este organismo constitucional, presentaron recurso de impugnación en contra de la conclusión del Expediente de Gestión 1, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, lo que dio origen al expediente CNDH/4/2013/346/RI y, como se advirtieron   del   mencionado   escrito   posibles   violaciones   por   parte   de autoridades del  Distrito  Federal,  se  remitió copia  a  la  Comisión  de  Derechos Humanos del Distrito Federal, donde se inició el Expediente de Queja 3.

 

  1. 9. El 29 de septiembre de 2012, V1 quedó libre del proceso que se le siguió en Tabasco y, tuvo conocimiento de una nueva orden de aprehensión librada en su contra, en la Ciudad de México, Distrito Federal, por lo que el 29 de noviembre de 2013, presentó otra queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, radicándose el Expediente de Queja 4. 
  1. 10. En esa tesitura, ante la pluralidad de eventos, así como la intervención de diversas autoridades y organismos locales, al tratarse de las mismas víctimas y hechos violatorios, al advertir violaciones trascendentes a los derechos humanos de V1 y sus tres menores hijos V2, V3 y V4, el 22 de abril y 12 de mayo de 2014 respectivamente, con fundamento en los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero, 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15, fracción  III  y,  61,  de  la  Ley  de  la  Comisión  Nacional  de  los Derechos Humanos, 14 del reglamento interno, se acordó atraer los expedientes de queja 1, 2, 3 y 4, a fin de continuar con una sola investigación en el expediente CNDH/4/2013/346/RI y, con el objeto de documentar las violaciones a derechos humanos, se solicitó información a las autoridades involucradas, cuya valoración lógico-jurídica es objeto de análisis en el capítulo de observaciones de esta recomendación.
  1. 11. Durante la integración de dicho recurso, esta Comisión Nacional tuvo conocimiento de que V5, madre de V1 y abuela de V2, V3 y V4, quien desde el año 2012, inició una campaña para exigir justicia para su hija a diversas autoridades de los tres órdenes de Gobierno, así como para lograr la localización y recuperación de sus nietos, fue detenida en la Ciudad de Mérida, Yucatán el 4 de agosto de 2014, con motivo de una orden de aprehensión librada el 17 de julio del mismo año, por el Juez Octavo de Distrito en Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco, siendo ingresada a la Comisaría de Reinserción Femenil en Puente Grande, de esa entidad federativa, donde finalmente obtuvo su libertad el 12 de agosto de 2014, al no encontrarse elementos para procesarla.
  1. 12. El 10 de octubre de 2014, V5 informó a esta Comisión Nacional, que los menores de edad V2, V3 y V4, fueron entregados por P1, al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo del DIF de Yucatán, donde actualmente se encuentran en guarda y custodia, hasta que la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado de Yucatán, determine con cuál de los progenitores deben permanecer; mientras tanto, los días 13, 21 y, 28 de  los mismos mes y año, se proporcionó atención médica y psicológica por visitadores adjuntos de este organismo constitucional autónomo.
  1. II. EVIDENCIAS
  1. 13. Escrito recibido en este organismo nacional, el 3 de octubre de 2013, por el que R1 y V5, presentaron Recurso de Impugnación.
  1. 14. Gestión telefónica de 15 de octubre de 2013, entre V5 y un visitador adjunto de este organismo naciona
  1. 15. Oficio O.Q.5568/2013, de 12  de  noviembre de  2013, mediante  el cual  la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, rindió informe a esta Comisión Nacional, en relación a los hechos materia del recurso de impugnación.
  1. 16. Actas circunstanciadas de 7 y 10 de enero de 2014, en las que se hizo constar la recepción de los correos electrónicos enviados por R1, a los que adjuntó:

16.1. Notas periodísticas de 8 de enero de 2014, publicadas en los medios www.poresto.net,  www.excelsior.com,  www.proceso.com,  entre  otros,  en  las que se difundió el caso de la detención arbitraria de V1, así como el “despojo” de sus hijos V2, V3 y V4.

  1. 17. Informe de 24 de enero de 2014, que rindió a esta Comisión Nacional, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Yucatán, al que acompañó copia certificada del Juicio Familiar 1, del que destacan:

17.1. Escrito de demanda de divorcio de 8 de octubre de 2010, que presentó P1 en contra de V1.

17.2. Acuerdo de 3 de noviembre de 2010, mediante el cual el Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del estado de Yucatán, admitió la demanda de disolución del matrimonio promovida por P1.

17.3. Resolución de Segunda Instancia, de 17 de mayo de 2012, que emitió la Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Yucatán, por la que modificó el acuerdo del Juez de primera instancia y ordenó otorgar a favor de V1, la guarda y custodia provisional de los menores V2, V3 y V4, se fijara un régimen de visitas y convivencias a favor de P1 y, una pensión alimenticia a su cargo.

17.4. Escrito de 27 de mayo de 2012, por el que P1, solicitó se decretara la preferencia de guarda y custodia de V2, V3 y V4 a su favor, en razón de que V1 se encontraba recluida en CRESET, al cual acompañó:

17.4.1. Escrito de 26 de mayo de 2012, por el que P1 informó al Centro de Atención a Menores Víctimas e Incapaces, de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tabasco, que tenía bajo su cuidado a V2, V3 y V4.

17.5. Escrito de 21 de septiembre de 2012, en el que la apoderada legal de P1, solicitó  se  decretara la  guarda  y custodia  provisional  a  favor  de  P4  y P5, progenitores de P1.

17.6. Acuerdo de 18 de octubre de 2012, en el que se otorgó la guarda y custodia provisional de V2, V3 y V4, a P4 y P5.

17.7. Proveído de 22 de noviembre de 2012, donde se acató la resolución de la Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Yucatán, para lo cual regularizó el juicio y se concedió a V1, continuar con la guarda y custodia de V2, V3 y V4.

  1. 18. Informe de 21 de febrero de 2014, que rindió a esta Comisión Nacional, el Consejero de la Comisión Disciplinaria y Visitaduría, del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Tabasco, donde acompañó:

18.1. Oficio No. 4043, de 6 de febrero de 2014, mediante el cual el magistrado presidente de la Tercera Sala Penal, del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad federativa, rindió el informe respectivo y remitió copia certificada de la Causa Penal 1, de la que destacan:

18.1.1. Escrito de 12 de abril de 2012, en el que P2, representante legal de la Sociedad Civil 1, denunció presuntos hechos delictivos cometidos por V1.

18.1.2. Acuerdo de 12 de abril de 2012, con el que se inició la Averiguación Previa 1, por los presuntos hechos delictivos cometidos por V1, en agravio de Sociedad Civil 1.

18.1.3. Determinación de 14 de mayo de 2012, mediante la cual se ejerció acción penal contra V1, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de retención indebida, cometido en agravio de la Sociedad Civil 1.

18.1.4. Orden de Aprehensión de 22 de mayo de 2012, librada contra V1, por el  entonces  Juez Tercero  Penal  de  primera  instancia del  Primer  Partido Judicial del Centro, Villahermosa, Tabasco.

18.1.5. Escritos de 29 de mayo de 2012, por los cuales V1 puso a disposición del Juez de la Causa, el vehículo 1, además de solicitar el beneficio de la libertad provisional bajo caución.

18.1.6.  Acuerdo  de  esa  misma  fecha,  donde  el  juzgador  negó  a  V1,  la libertad  provisional  bajo  caución,  así  como  la  puesta  a  disposición  del vehículo 1.

18.1.7.  Escrito  de  29  de  mayo  de  2012,  mediante  el  cual  V1,  rindió declaración preparatoria y ofreció como pruebas, el acta de matrimonio con P1; factura original del vehículo 1; escrito firmado por P1, donde otorgó poder amplio  a  un  gestor  para  realizar  el  cambio  de  placas  de  la  unidad  en conflicto; así como testimonio notarial donde consta que intentó entregar la unidad automotriz a P1.

18.1.8. Auto de término constitucional, de 31 de mayo de 2012, en el que se dictó formal prisión contra V1, como probable responsable del delito de Retención Indebida del vehículo 1.

18.1.9. Oficio PGJ/SPDHAIV/073/2013, de 12 de febrero de 2013, suscrito por el Fiscal en Jefe de las Agencias del Ministerio Público, adscritas a los Juzgados Penales de Centro, Tabasco, mediante el cual expresamente desistió del ejercicio de la acción penal.

18.1.10. Proveído de 14 de febrero de 2013, donde el juzgador resolvió decretar el sobreseimiento en favor de V1, por desistimiento de la Acción Penal del Ministerio Público.

18.1.11. Oficio 591, de 14 de febrero de 2013, en el que la Juez Tercero de lo Penal de Primera instancia, informó a V1 que había quedado en absoluta libertad.

18.1.12. Sentencia de 5 de septiembre de 2013, en la que la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Tabasco, confirmó el auto de sobreseimiento, decretado en favor de V1, derivado del recurso de apelación que presentó P2.

 

  1. 19. Acuerdo de 24 de abril de 2014, mediante el cual este organismo nacional atrajo el Expediente de Queja 2, radicado en la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán.

 

19.1. Oficio V.G. 1216/2014, de 2 de mayo de 2014, por el que la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, remitió las actuaciones del Expediente de Queja 2, del que destacan:

19.1.1. Parte Informativo de 25 de mayo de 2012, que rindieron integrantes de la Policía Ministerial Investigadora de la Fiscalía General del estado de Yucatán, al Director de esa corporación, respecto a la ejecución de la orden de aprehensión girada contra V1.

19.1.2. Oficio FGE/DPMIE/DH/210/2012, de 3 de agosto de 2012, a través del  cual  el  Director de  la  Policía  Ministerial  Investigadora  del estado  de Yucatán, rindió informe en relación a los hechos investigados.

19.1.3. Entrevista de 2 de noviembre de 2012, que visitadores adjuntos de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, practicaron a V1.

19.1.4. Comparecencias de 9 y 11 de noviembre de 2012, que rindieron V1 y T1 ante la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, respecto de la detención ejecutada contra V1.

19.1.5. Oficio FGE/DPMIE/DH/353/2012, de 26 de noviembre de 2012, signado por el Director de la Policía Ministerial Investigadora en ese estado.

19.1.6. Oficio FGE/DJ/DH/1873-2012, de 29 de noviembre de 2012, mediante el cual la Fiscalía General del estado de Yucatán, rindió informe ante la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad.

19.1.7. Acuerdo de 10 de diciembre de 2012, en el que la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, se declaró incompetente para conocer del asunto y brindó orientación a V1.

19.1.8. Resolución de 10 de enero de 2014, emitida en el Expediente Administrativo  1,  donde  se  resolvió  que  los  policías  ministeriales  de  la Fiscalía General del estado de Yucatán, que intervinieron en la detención de V1, resultaron responsables de faltas administrativas en el desempeño de sus funciones.

  1. 20. Acuerdo de 12 de mayo de 2014, por el que este organismo nacional atrajo el Expediente de Queja 1, tramitado ante la Comisión de Derechos Humanos del estado de Tabasco.

20.1. Oficio CEDH/2V-1280/201, de 8 de mayo de 2014, por el que se remitió el Expediente de Queja 1, a esta Comisión Nacional, del que destacan:

20.1.1. Escrito de 15 de junio de 2012, por el que V1, presentó queja contra hechos violatorios de derechos humanos cometidos en su agravio.

20.1.2. Acuerdo de 19 de junio de 2012, donde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tabasco, determinó su incompetencia para conocer de la queja.

  1. 21. Acuerdo de 12 de mayo de 2014, por el que este organismo nacional atrajo el Expediente de Queja 4, tramitado ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Fede

21.1. Oficio 4/5069-14, de 9 de junio de 2014, por el que el aludido organismo protector de derechos humanos del Distrito Federal, remitió el Expediente de Queja 4, a esta Comisión Nacional, del que destacan:

21.1.1. Escrito de queja presentado por V1, el 29 de noviembre de 2013.

21.1.2. Escrito de 27 de enero de 2014, por el que se reiteraron los hechos planteados en la queja de V1.

21.1.3. Oficio número 785, de 4 de febrero de 2014, suscrito por la directora de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal Superior de

Justicia del Distrito Federal, donde  solicitó  autorización  para consultar la Causa Penal 2, al Juez Sexagésimo Octavo Penal del Distrito Federal.

21.1.4. Oficio número DGDH/DEB/503/633/2014-02, de  10  de  febrero de 2014, por el que el Director de Enlace “B”, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, rindió informe y anexó:

21.1.4.1. Oficio sin número, de 5 de febrero de 2014, por el que el Coordinador de Policía de Investigación del Distrito Federal, en Miguel Hidalgo 5, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, informó que toda vez que la Averiguación Previa 2, fue consignada ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, no se cuenta físicamente con copia de los documentos solicitados.

21.1.5. Oficio número 1172, de 24 de febrero de 2014, por el que la directora de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, autorizó la consulta de la Causa Penal 2, al que anexó:

21.1.5.1. Oficio 855, de 21 de febrero de 2014, por el que el Juez Sexagésimo  Octavo  Penal  del  Distrito  Federal,  informó  que  se  daría acceso a la Causa Penal 2, sin autorizar la expedición de copias certificadas.

21.1.6. Acta circunstanciada de 9 de junio de 2014, elaborada por una visitadora adjunta de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, referente a la consulta de la Causa Penal 2.

  1. 22. Escrito de denuncia radicada con el número de expediente CNDH/4/2014/5016/Q y ampliación de agravios, que presentó V5 ante este organismo nacional el 29 de julio de 2014, acumulado el 31 de octubre siguiente, al presente recu
  1. 23. Comunicación telefónica de 4 de agosto de 2014, que R1 sostuvo con una directora general de esta Comisión Nacional, donde informó que elementos de la Policía Federal Ministerial, de la Procuraduría General de la República, habían detenido a V5.
  1. 24. Notas periodísticas  publicadas  el  5  de  agosto  de  2014,  en  los  sitios electrónicos www.yucatan.com.mx, y www.proceso.com.mx, en las que se difundió la noticia relacionada con la detención de V5, en la Ciudad de Mérida, Yucatán, por parte de elementos de la Procuraduría General de la República de Jalisco.
  1. 25. Gestiones telefónicas de 5 de agosto de 2014, que un director de área y una directora general, de esta Comisión Nacional, respectivamente, practicaron con servidores públicos de la Procuraduría General de la República, con el objeto de conocer la situación jurídica de V5.
  1. 26. Entrevista de 5 de agosto de 2014, que visitadores adjuntos de este organismo constitucional autónomo, realizaron al delegado estatal en Jalisco, de la Procuraduría General de la República, sobre la detención de V5.
  1. 27. Entrevista a V5, de 6 de agosto de 2014, realizada por visitadores adjuntos de este organismo nacional, en el Aeropuerto de la Ciudad de Méx
  1. 28. Comparecencia de  7  de  agosto  de  2014,  mediante  la  cual  V5  rindió declaración preparatoria ante el Octavo de Distrito en Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco, en la cual estuvieron presentes visitadores adjuntos de esta Comisión Naciona
  1. 29. Oficio No. 04926/14 DGPCDHQI, de 6 de agosto de 2014, suscrito por el director general de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Quejas e Inspección, de la Procuraduría General de la República, al que acompañó:

29.1.  Oficio  No.  JAL/3645,  de  5  de  agosto  de  2014,  mediante  el  cual  el delegado estatal en Jalisco, de la Procuraduría General de la República, rindió el informe correspondiente.

29.2. Oficio No. SDHPDSC/FEVIMTRA/CGT/10818/2012 (sic), de 6 de agosto de 2014, por el que el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, rindió el informe respectivo.

  1. 30. Escrito de 8 de agosto de 2014, que V1 presentó ente esta Comisión Nacional, donde denunció hechos violatorios de derechos humanos en agravio de V5.
  1. 31. Oficio 04978/14 DGPCDHQI, de 12 de agosto de 2014, suscrito por el director general de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Quejas e Inspección, de la Procuraduría General de la República, al que acompañó:

31.1.  Oficio  No.  JAL/3729,  de  8  de  agosto  de  2014,  mediante  el  cual  el delegado estatal en Jalisco, de la Procuraduría General de la República, rindió el informe correspondiente.

  1. 32. Entrevista de V5 y su abogada particular, de 12 de agosto de 2014, realizada por visitadores adjuntos de esta Comisión Nacional, en las instalaciones del Juzgado Octavo de  Distrito  en  Procesos  Penales  Federales  en  el  estado  de Jalisco.
  1. 33. Notas periodísticas publicadas el 13 de agosto de 2014, en diversos sitios electrónicos, en las que se difundió que V5 fue absuelta por el Juez Octavo de Distrito en Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco.

 

  1. 34. Oficio 05398/14 DGPCDHQI, de 28 de agosto de 2014, suscrito por el director general de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Quejas e Inspección, de la Procuraduría General de la República, al que acompañó:

34.1. Oficio No. PGR/AIC/PFM/DGATL/DGAAJ/007325/2014, de 28 de agosto de 2014, mediante el cual el director general  adjunto de la Policía Federal Ministerial, rindió el informe correspondiente.

34.2. Oficio No. PGR/AIC/PFM/DGMMJ/DMM/1653/2014, de 28 de agosto de 2014, suscrito por el encargado de la dirección de mandamientos ministeriales, dependiente   de   la   Dirección   General   de   Mandamientos   Ministeriales   y Judiciales, de la Policía Federal Ministerial, donde informó los antecedentes de la detención de V5 y, anexó:

34.2.1. Oficio No. PGR/AIC/PFM/UAJOR/JAL/GDL/18711/2014, de 27 de agosto de 2014, suscrito por un suboficial de la Policía Federal Ministerial, donde describió la detención y puesta a disposición de V5, ante el Juzgado Octavo de Distrito en Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco.

  1. 35. Consulta a la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal http://www.dgepcjf.gob.mx, que el 2 de septiembre de 2014, practicó un visitador adjunto de esta Comisión Nacional, donde obtuvo:

35.1. Sentencia de 25 de junio de 2012, dictada en el Juicio de Amparo 1, que promovió V1, ante el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Tabasco.

35.2. Sentencia de 27 de febrero de 2013, derivada del Juicio de Amparo 2, que promovió V1, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Yucatán.

35.3. Sentencia de 19 de noviembre de 2013, del Juicio de Amparo 3, que promovió P4, madre de P1, ante el Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán.

35.4. Sentencia de 20 de febrero de 2014, que emitió el Juez Tercero de Distrito en el estado de Yucatán, en el Juicio de Amparo 4, que promovió P1.

  1. 36. Actuaciones realizadas durante la integración de la Averiguación Previa 3, recibidas el 9 de septiembre de 2014, mediante correo electrónico enviado por R1, a un visitador adjunto de esta Comisión Nacional, del que destacan:

36.1.  Acuerdo de 5 de  diciembre de 2013, donde  el Agente del Ministerio Público requirió al denunciante, para ponerle a la vista las identificaciones de V1 y V5.

36.2. Oficio No. PGR/AIC/PFM/UAIOR/JAL/003, de 15 de abril de 2014, donde se informó al Agente del Ministerio Público, sobre la búsqueda y localización de V1 y V5.

 

  1. 37. Gestión telefónica de 10 de octubre de 2014, que una directora general de esta Comisión Nacional, recibió de V5, quien informó sobre la puesta a disposición de los menores de edad V2, V3 y V4.
  1. 38. Visitas del 13, 21 y, 28 de octubre de 2014, que un equipo de la Cuarta Visitaduría General, de este organismo constitucional autónomo, conformado por un visitador adjunto, un médico y una psicóloga, realizaron al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo del DIF de Yucatán, donde brindaron atención médica y psicológica a los menores de edad V2, V3 y V4, así como asistencia jurídica a V1 y V5.

 

  1. 39. Consulta a la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal http://www.dgepcjf.gob.mx, que el 14 de octubre de 2014, practicó un visitador adjunto de esta Comisión Nacional, donde obtuvo:

39.1. Sentencia de 29 de septiembre de 2014, derivada del Juicio de Amparo 2, que promovió V1, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Yucatán.

  1. 40. Oficio 1059, de 16 de octubre de 2014, suscrito por el Presidente de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado de Yucatán, donde informó de las acciones realizadas para determinar la guarda y custodia de los menores de edad V2, V3 y V4.
  1. 41. Gestión telefónica de 23 de octubre de 2014, ente R1 y un visitador adjunto de esta Comisión Nacional, donde se informó de los avances del recurso de impugnación.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

  1. 42. Con motivo de la demanda de divorcio que el 15 de octubre de 2010, P1 promovió contra V1, se radicó el Juicio Familiar 1, donde después de diversos recursos y medios de defensa, el Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del estado de Yucatán, fijó una pensión alimenticia para V1, V2, V3 y V4, a cargo de P1, además de decretar la guarda y custodia de los menores a favor de la madre, así como un régimen de visitas y convivencias para el padre.
  1. 43. A propósito de dicha controversia de índole familiar, el 25 de mayo de 2012, en cumplimiento a una orden de aprehensión librada en la Causa Penal 1, por el entonces Juez Tercero Penal de primera instancia del Primer Partido Judicial del Centro, Villahermosa, policías Ministeriales de los estados de Yucatán y Tabasco, detuvieron a V1, cuando se trasladaba con V2, V3, V4 y T1 niñera de los menores, a las oficinas de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, en la ciudad de Mérida, Yucatán; momento en que P1 sustrajo de manera violenta y sin autorización legal, a los tres menores de edad; cabe destacar que por tales hechos, únicamente los policías ministeriales de la Fiscalía del estado de Yucatán, fueron sancionados mediante el Procedimiento Administrativo 1.
  1. 44. Con motivo de lo anterior, V1 estuvo cuatro meses privada de su libertad en el Centro de reinserción Social del estado de Tabasco, pero sujeta a proceso durante nueve meses, donde defendió su inocencia, al referir que la imputación que se realizó en su contra fue maquinada por P1, por lo cual permaneció internada hasta el 29 de septiembre de 2012, en que salió bajo fianza, al obtener el amparo y protección de la justicia federal derivado del Juicio de Amparo 1, radicado en el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Tabasco y, en la secuela procesal, el 12 de febrero de 2013, el Fiscal en Jefe de las Agencias del Ministerio Público, adscritas a los Juzgados Penales de Centro, de Villahermosa, Tabasco, previa autorización  del  Procurador  General  de  Justicia  de  esa  entidad  federativa, presentó desistimiento de la acción penal, desde la consideración que al realizar un estudio minucioso de las constancias que integran la Causa Penal 1, advirtió una excluyente de incriminación penal; finalmente, el 14 de los mismos mes y año, se emitió el auto de sobreseimiento por desistimiento de la acción penal y se libró la boleta de absoluta libertad a favor de V1.
  1. 45. A pocos días de obtener su libertad por el proceso penal instruido en Tabasco, V1 tuvo conocimiento de una nueva orden de aprehensión librada en los autos de la Causa Penal 2, por el Juez Sexagésimo Octavo Penal en el Distrito Federal, por lo que el 21 de Julio de 2013, promovió Juicio de garantías contra la aludida orden de aprehensión, radicándose el Juicio de Amparo 2, en el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Yucatán, el cual se resolvió el 27 de febrero de 2014, donde se concedió el amparo y protección de la justicia federal, pero tal determinación fue revocada en Revisión, por violaciones al procedimiento de amparo y, finalmente el 29 de septiembre de 2014, se volvió a conceder al amparo a V1.
  1. 46. Es de resaltar que durante el tiempo que V1 estuvo internada en el Centro de Reinserción Social del estado de Tabasco, además de defender su inocencia por la imputación que obraba en su contra, enfrentó el Juicio Familiar 2, radicado en el Juzgado Primero Familiar de primera instancia del Distrito Judicial de centro, Villahermosa, Tabasco, donde P1, el 27 de mayo de 2012, es decir, dos días después que ingresó V1, le demandó la guarda y custodia de los menores V2, V3, V4; Juicio que se acumuló al diverso Juicio Familiar 1, donde el 18 de octubre de 2012, se otorgó la guarda y custodia de los menores V2, V3 y V4, a favor de P4 y P5, progenitores de P1, debido a que V1, se encontraba privada de su libertad.
  1. 47. En virtud de lo anterior, V1 promovió diversos recursos y medios de defensa para recuperar la guarda y custodia de los menores, siendo hasta el 22 de noviembre de 2012, que en cumplimiento a una resolución de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado de Yucatán, se regularizó el procedimiento del Juicio Familiar 1, para dejar sin efecto el proveído de 18 de octubre de 2012, donde se había decretado la guarda y custodia a favor de P4 y P5, para restituirla en favor de V1.
  1. 48. Al respecto, el 17 de diciembre de 2012 y el 19 de septiembre de 2013, P4 y P1, promovieron los Juicios de Amparo 3 y 4, respectivamente, para eludir la entrega de la guarda y custodia en favor de V1; el primero de los cuales se sobreseyó, mientras que en el segundo, por una parte se negó el amparo y por otra, se concedió a favor de los tres menores, para el efecto de ser presentados ante la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado de Yucatán y, tomar en cuenta su parecer para la decisión de la guarda y custodia, debiendo convivir con ambos progenitores hasta la resolución definitiva.
  1. 49. De igual forma, derivado de las órdenes de aprehensión libradas en contra de V1, así como por la sustracción de los tres menores de edad, V5, madre de V1 y abuela de V2, V3 y V4, desde el año 2012, inició una campaña para exigir a los tres órdenes de Gobierno, la recuperación de sus nietos, así como el cese de las injusticias contra su hija, acciones que se vieron interrumpidas el 4 de agosto de 2014, al ser detenida en la Ciudad de Mérida, Yucatán, con motivo de una orden de aprehensión librada en la Causa Penal 3, por el Juez Octavo de Distrito en Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco, siendo ingresada hasta el 6 de los mismos mes y año, a la Comisaría de Reinserción Femenil en Puente Grande, de esa entidad federativa, donde finalmente obtuvo su libertad el 12 de agosto de 2014, al no encontrarse elementos para procesarla; determinación que fue apelada por el Ministerio Público de la Federación y actualmente no se ha resuelto.
  1. 50. El 10 de octubre de 2014, V5 informó a esta Comisión Nacional, que los menores de edad V2, V3 y V4, fueron entregados por P1, al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo del DIF de Yucatán, donde actualmente se encuentran en guarda y custodia, hasta que la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado de Yucatán, determine con cuál de los progenitores deben permanecer; mientras tanto, los días 13, 21  y, 28  de  los mismos mes y año, se proporcionó atención médica y psicológica por visitadores adjuntos de este organismo constitucional autónomo.
  1. 51. Al momento de la emisión de la presente recomendación, no se cuenta con evidencia alguna que acredite que se diera vista de los hechos materia de la presente investigación a las autoridades competentes, para deslindar las responsabilidades administrativas y penales, en  que  incurrieron  los  servidores públicos  involucrados,  excepto  de  los  policías  ministeriales  de  la  Fiscalía  del estado de Yucatán, que fueron sancionados mediante el Procedimiento Administrativo 1.

 

  1. IV. OBSERVACIONES
  1. 52. De inicio, se puntualiza que de conformidad con los artículos 66, inciso a), de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 159, fracción I, y 167, de su reglamento interno, se confirma el contenido del acuerdo de 12 de diciembre de 2012, emitido por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, donde en términos del artículo 12, fracción II, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de dicha entidad federativa, se concluyó el Expediente de Gestión 1, al  tratarse de  asuntos de  naturaleza  jurisdiccional sometidos a  su consideración.
  1. 53. Al margen de lo cual, como durante la integración del expediente y con motivo de la ampliación de los agravios, se tuvo conocimiento de los hechos a los que se refieren los expedientes de queja 1, 2, 3 y 4, tramitados en las Comisiones de Derechos Humanos de Tabasco, Yucatán y los dos últimos en el Distrito Federal, al advertirse evidencia de violaciones trascendentes de derechos humanos, por estar involucrados tres menores de edad y una mujer que ha sufrido de violencia física, psicológica e incluso económica, se acordó atraer los aludidos expedientes a fin de continuar con una sola investigación, de conformidad con el artículo 61, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
  1. 54. Es así que del análisis lógico-jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente CNDH/4/2013/346/RI, en términos de lo dispuesto en el artículo 41, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este organismo nacional contó con elementos que le permitieron evidenciar trasgresiones a los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, trato digno, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, así como a la presunción de inocencia en agravio de V1 y V5, así como a los derechos de los niños, desarrollo integral de la niñez e inobservancia del interés superior del menor,  en  el  caso  particular  de  V2,  V3  y  V4,  en  virtud  de  las siguientes consideraciones:
  1. 55. De   las   evidencias   que   recopiló   esta   Comisión   Nacional   durante   la sustanciación del presente asunto, se pudo conocer que el 12 de mayo de 2001, V1 contrajo matrimonio civil con P1, con quien procreó a los menores V2, el 25 de junio de 2004, V3, el 12 de septiembre de 2006 y, V4, el 11 de junio de 2008, por lo que actualmente cuentan con 10, 8 y 6 años de edad, respectivamente.
  1. 56. Derivado del trámite de disolución conyugal, el 15 de octubre de 2010, P1 presentó en oficialía de partes común del Poder Judicial del estado de Yucatán, demanda de divorcio contra V1, además de solicitar la guarda y custodia de V2, V3 y V4, que por razón de turno, correspondió conocer al Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del estado de Yucatán, quien el 3 de noviembre de 2010, radicó el Juicio Familiar 1.
  1. 57. Después de múltiples recursos y medios de defensa entre las partes, el 17 de mayo de 2011, los Magistrados integrantes de la Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Yucatán, fijaron una pensión alimenticia para V1, V2, V3 y V4, a cargo de P1, además de decretar la guarda y custodia de los menores a favor de V1, así como un régimen de visitas y convivencias con P1.
  1. 58. En virtud del aludido régimen de visitas de los menores con P1, el 25 de mayo de 2012, siendo aproximadamente las 16:30 horas, cuando V1 se trasladaba con sus hijos V2, V3 y V4, a las oficinas de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, para efecto de que se llevara a cabo la visita y convivencia familiar supervisada de los menores con  P1, al circular por la avenida de  la colonia México,  en Mérida, Yucatán, repentinamente una camioneta tipo Suburban le cerró el paso, momento en que descendieron AR1 Jefe de Grupo y AR2, Agente, ambos de la Policía Ministerial de Tabasco, así como dos agentes de la Policía Ministerial de Yucatán, (quienes como se apuntó, fueron sancionados mediante Procedimiento Administrativo 1), con armas de fuego en mano y sin mostrar documento alguno, se acercaron a la puerta del conductor, para bajar a V1, en presencia de sus tres menores hijos y de la niñera T1 y, de manera violenta, la subieron a la aludida camioneta.
  1. 59. Asimismo, V1 destacó que durante su detención llegó en otro vehículo P1, quien violentamente, sustrajo a V2, V3 y V4, quienes le decían “no nos queremos ir contigo papá”, por lo que ante la negativa de V2 la golpeó, y al ver esos hechos V3 se desmayó, mientras que V4, fue arrebatada de los brazos de T1, todo ante la presencia de AR1 y AR2, quienes consintieron tales actos; fecha a partir de la cual P1, se llevó a los menores con rumbo desconocido y, sin causa legal.
  1. 60. Derivado de lo anterior, el 26 de mayo de 2012, P1 presentó escrito ante el Centro de Atención a Menores Víctimas e Incapaces, de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tabasco, donde manifestó que el día anterior, al dirigirse a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, sobre la avenida de la colonia México, en la ciudad de Mérida, Yucatán, se percató que el vehículo de V1, donde además viajaban los menores V2, V3 y V4, se encontraba rodeado por policías ministeriales, por lo que se acercó para preguntar qué sucedía, momento en el que uno de los policías, le informó que  se  estaba  cumpliendo una orden de aprehensión y que si se podía hacer cargo de los menores, lo que motivó que se los lleva
  1. 61. Al respecto, esta Comisión Nacional pudo corroborar esencialmente con el escrito de queja que presentó V1, vinculado al testimonio de T1 y a lo expuesto por P1 en el Centro de Atención a Menores Víctimas e Incapaces, de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tabasco, que existen elementos para colegir que AR1 y AR2, al momento de detener a V1, entregaron a P1, a los menores V2, V3 y V4, sin mandato de un juez, aun cuando tenían el deber y la obligación de custodiarlos  para  que  la  autoridad  competente  determinara  el destino de los mismos; lo que motivó que desde esa fecha, V1 fuera separada de sus pequeños hijo
  1. 62. Por lo anterior, AR1 y AR2 incurrieron en omisiones derivadas de la falta de cuidado, por no salvaguardar el bienestar de V2, V3 y V4, al momento de ejecutar la orden de aprehensión librada contra V1, lo que deviene en la violación de los artículos 5, 6, fracción I, 8,16, fracción I, 21, 23, fracción VI, 68 fracciones I, VIII y IX, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Tabasco, cuyo punto medular es proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, asegurar un desarrollo pleno  e integral que permita su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, moral y social, velando en todo momento por el interés superior de la niñez, para la cual, las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus atribuciones, están obligadas a asegurar a niñas, niños y adolescentes la prioridad, protección y el ejercicio  de  todos  sus  derechos  y  la  toma  de  medidas  necesarias  para  su bienestar.
  1. 63. En ese orden, AR1 y AR2 omitieron garantizar la seguridad y bienestar de V2, V3 y V4, permitiendo que P1, sin tener la custodia legal y sin mandato de un Juez, los sustrajera del vehículo en el que los trasladaba V1, por lo que trasgredieron los derechos de los niños, el desarrollo integral de la niñez e inobservaron el interés superior del menor, de conformidad con los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero, 4, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 19, 20, 21 primer párrafo, inciso A y, 28 inciso F, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; todo lo cual, implicó el incumplimiento del correcto ejercicio de sus funciones como servidores públicos, en términos del artículo 47, fracciones I, V, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Tabasco, respectivamente.
  1. 64. Por otro lado, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, advirtió que el Juicio Familiar 1, donde se ventila la disolución del vínculo matrimonial entre V1 y P1, y se decretó la guarda y custodia de V2, V3 y V4, a favor de la primera, constituyó el inicio de una serie de acciones penales en contra de V1, por parte de P1, con el claro propósito de someterla a través de esos actos de violencia, para quedarse con la custodia de los meno
  1. 65. Fue así que el 12 de abril de 2012, en la Procuraduría General de Justicia del estado de Tabasco, se radicó la Averiguación Previa 1, con motivo de la denuncia de hechos, con imputación indebida, que P2, representante legal de la Sociedad Civil 1, realizó  contra  V1,  por  la  posible  comisión  del  delito  de  “Retención indebida”, previsto y sancionado en el artículo 189, fracciones I y II, en relación con el 187, fracción IV, del Código Penal del estado de Tabasco; la cual integró AR3 agente del Ministerio Público de la Cuarta Agencia Investigadora, de esa Procuraduría, consignada sin detenido el 14 de mayo de 2012, por AR4 agente del Ministerio Público de la aludida adscripción.
  1. 66. Derivado de lo cual, se pudo corroborar por esta Comisión Nacional, que la Averiguación Previa 1, tuvo su origen en la retención del vehículo 1, que previamente había sido entregado por P1 a V1, para el traslado de los menores V2, V3 y V4, pero luego P1 celebró un convenio de dación en pago del referido automotor, con la Sociedad Civil 1, que según el dicho de R1 y V5, dicha empresa pertenece a P1; convenio en el que se incluyó esa unidad automotriz, pero omitió entregarla, situación de la que tuvieron conocimiento AR3 y AR4, derivado de los documentos que acompañó a la denuncia P2, pero en lugar de que, en su caso, se realizara la investigación contra P1, con quien se celebró el convenio, la misma se dirigió contra V1, a quien casualmente nunca se localizó para  hacerle del conocimiento la imputación que obraba en su contra, cuando P1 sabía que esa camioneta la había entregado voluntariamente a V1, pero aun así se integró y consignó sin detenido la Averiguación Previa 1, con base en imputaciones indebidas, además de carecer de perspectiva de género y sin considerar el interés superior de la niñez.
  1. 67. Con motivo de lo anterior, se radicó la Causa Penal 1 en el Juzgado Tercero Penal de primera instancia del Primer Partido Judicial de Centro, Tabasco, donde el 22 de mayo de 2012, al considerar satisfechos los requisitos previstos en los artículos 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 71, 72, 137 y 155 del Código de Procedimientos Penales para el estado de Tabasco, libró la orden de aprehensión contra V1.
  1. 68. Una vez que se ejecutó dicho mandato de captura contra V1, fue ingresada al Centro de Reinserción Social del estado de Tabasco, donde el 29 de mayo de 2012, presentó escritos dirigidos al entonces Juez Tercero Penal de primera instancia del Primer Partido Judicial de Centro, Tabasco, poniendo el vehículo 1 a disposición de la autoridad jurisdiccional, además de solicitar el beneficio de libertad provisional bajo caución; escritos a los que recayó el acuerdo de esa misma fecha, donde se negó la libertad provisional bajo caución, desde la consideración de que al tener su domicilio en la Ciudad de Mérida, Yucatán, podía sustraerse de la acción de la justicia; por otro lado, no acordó favorable la puesta a disposición del vehículo 1, al considerar que debía “ser física y real, para estar en condiciones de realizar un peritaje técnico mecánico, a fin de evaluar el estado físico en que se dejó la unidad”.
  1. 69. Ese mismo día, V1 formuló su declaración preparatoria por escrito, donde manifestó, entre otras cosas, que el vehículo 1, lo recibió de P1, para el cuidado y traslado de sus menores hijos V2, V3 y V4, para lo cual exhibió como pruebas: acta de matrimonio con P1; factura original del vehículo 1, escrito signado por P1, donde otorgó poder amplio a un gestor para realizar el cambio de placas de la unidad; así como testimonio notarial donde consta que V1 intentó entregar la unidad automotriz a P1, pero se negó a aceptarla, lo que constituye un dato significativo para afirmar que lo hizo para involucrar a V1, en los hechos penales referido
  1. 70. El 31 de mayo de 2012, el entonces Juez Tercero Penal de primera instancia del Primer Partido Judicial de Centro, Tabasco, resolvió la situación jurídica de V1, al emitir el Auto de Término Constitucional, donde restó valor probatorio a las pruebas que ofreció  la  entonces  inculpada  y,  al  considerar  satisfechos  los requisitos previstos en el artículo 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 169, del Código de Procedimientos Penales para el estado de Tabasco, decretó a V1, formal prisión, como probable responsable  del  delito  de  “Retención  indebida”,  previsto  y  sancionado  en  el artículo 189, fracciones I y II, en relación con el 187, fracción IV, del Código Penal del estado de Tabasco.
  1. 71. También, con motivo de la negativa judicial de concederle el beneficio de la libertad bajo caución, V1 promovió el Juicio de Amparo 1, radicado en el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Tabasco, que le fue concedido el 25 de junio de 2012, por lo que finalmente el 29 de septiembre de ese año, salió bajo fianza del Centro de Reinserción Social del estado de Tabasco, pero continuó sujeta a proceso.
  1. 72. Fue hasta el 12 de febrero de 2013, que el Fiscal en Jefe de las Agencias del Ministerio Público, adscritas a los Juzgados Penales de Centro, de Villahermosa, Tabasco, previa autorización del Procurador General de Justicia de esa entidad federativa, presentó desistimiento de la acción penal, toda vez que después de realizar un estudio minucioso a las constancias que integran la Causa Penal 1, advirtió una excluyente de incriminación penal.
  1. 73. Con motivo de lo anterior, el 14 de febrero de 2013, el actual Juez Tercero Penal de primera instancia del Primer Partido Judicial del Centro, de Villahermosa, Tabasco, decretó a favor de V1, auto de sobreseimiento por desistimiento de la acción penal del Ministerio Público y ordenó emitir la boleta de absoluta libertad.
  1. 74. Según se aprecia, V1 fue privada de la libertad y permaneció internada en el Centro de Reinserción Social del estado de Tabasco, durante cuatro meses, y liberada totalmente por auto de sobreseimiento, hasta el 14 de febrero de 2013, nueve meses después, por una averiguación previa integrada con falsas imputaciones, tan es así, que el 12 de febrero de 2013, el Jefe de las Agencias del Ministerio Público, adscritas a los Juzgados Penales de Centro, Tabasco, previa autorización del Procurador  General  de  Justicia  de  esa  entidad  federativa, promovió ante el Juez de la causa, el desistimiento de la acción penal, indicativo que reconocieron tácitamente que el actuar de AR3 y AR4, durante la integración y consignación de la Averiguación Previa 1, no se encontró apegado a derecho, toda vez que se advirtió una excluyente de responsabilidad pena
  1. 75. Sobre el tema, esta Comisión Nacional examinó las constancias que integran la Averiguación Previa 1, y pudo corroborar que AR3 y AR4, privilegiaron la imputación que P2 realizó de manera indebida contra V1, pues dicha denuncia, en su caso, debió presentarse contra P1, partiendo de  que fue  el suscriptor del convenio  de  dación en  pago  con  la  Sociedad  Civil  1,  obligado  a  entregar  el vehículo 1; por el contrario, de las constancias que integran la aludida indagatoria, obra la comparecencia de P1, donde realizó imputaciones indebidas contra V1, aun cuando ésta intentó devolverle la unidad automotriz a P1, quien se negó a recibirla,  con  el  claro  objeto,  de  que  V1  fuera  consignada  por  el  delito  de “Retención Indebida”, aspecto que se corroboró con el testimonio notarial que exhibió V1 en la Causa Penal 1.
  1. 76. Conviene reiterar que en la integración de la aludida indagatoria, además de que se evidenció que implicó una fabricación de delito contra V1, carece de perspectiva de género y no se consideró el interés superior de la niñez, lo que trajo como consecuencia la trasgresión a los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, trato digno y, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, así como a la presunción de inocencia, las que deben atenderse por todos los servidores públicos, al actuar en casos donde se encuentre involucrada una mujer y menores de edad.
  1. 77. Ello pues,  como  se  apuntó,  AR3  y  AR4  omitieron  realizar  una  debida valoración  de  las  constancias  que  integran  la  Averiguación  Previa  1,  lo  que propició que V1 estuviera privada de su libertad durante cuatro meses y sujeta a un procedimiento penal durante nueve meses; hay que recordar que la autoridad ministerial  consignó  la  indagatoria  sin  detenido;  por  ende,  V1  no  tuvo  la oportunidad de conocer los hechos que se le imputaron, para poder desvirtuar la acusación, ofrecer pruebas y demostrar su inocencia.
  1. 78. En esas condiciones, el actuar de AR3 y AR4 no se apegó a los lineamientos establecidos en los artículos 1, párrafos primero y segundo; 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero, y 21, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no respetar los derechos humanos reconocidos por el orden jurídico mexicano; todo lo cual, implicó el incumplimiento del correcto ejercicio de sus funciones como servidores públicos, en términos del artículo 47, fracciones I, V, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Tabasco, respectivamente.
  1. 79. En punto diverso, estando V1 libre de la acusación ministerial tramitada en el estado de Tabasco, el 22 de marzo de 2013, se inició una nueva investigación en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, donde se radicó la Averiguación Previa 2, con motivo de la denuncia de hechos que P3 presentó contra V1, por la posible comisión del delito de “fraude equiparado”, previsto y sancionado en el artículo 233 Bis, del Código Penal para el Distrito Federal, cuya investigación estuvo a cargo de AR5, agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación 5-Miguel Hidalgo, de esa Procuraduría.
  1. 80. Es preciso advertir que el director de enlace “B”, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, mediante oficio DGDH/DEB/503/633/2014- 02, de 10 de febrero de 2014 informó, entre otras cosas, que no era posible proporcionar copias de la Averiguación Previa 2, toda vez que al ser consignada ante la autoridad jurisdiccional, no contaban físicamente con la indagatoria, por su parte, el Juez Sexagésimo Octavo Penal del Distrito Federal, mediante oficio 855, de 21 de febrero de 2014, únicamente autorizó la consulta de la Causa Penal 2; por lo anterior, el 9 de junio de este año, una visitadora adjunta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, suscribió acta circunstanciada en la que hizo constar las actuaciones practicadas en la Averiguación Previa 2 y, Causa Penal 2.
  1. 81. Así, de las constancias que integran la citada Averiguación Previa 2, se pudo conocer que el 19 de abril de 2013, AR5, bajo el argumento de que no logró localizar a V1,  ejerció  acción  penal  contra  aquella,  por  el  delito  de  “fraude equiparado”; circunstancia que originó la radicación de la Causa Penal 2, en el Juzgado Sexagésimo Octavo Penal del Distrito Federal, donde el 17 de mayo de 2013, al considerarse satisfechos los requisitos previstos en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se libró la orden de aprehensión contra V1.
  1. 82. Como V1 tuvo conocimiento de la nueva orden de aprehensión librada en su contra en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 21 de julio de 2013, promovió juicio de garantías, radicándose el Juicio de Amparo 2, en el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Yucatán, resuelto el 29 de septiembre de 2014, donde se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa, al estimar que no se acreditaron todos los elementos del tipo penal previsto y sancionado en el artículo 233 Bis, del Código Penal para el Distrito Federal.
  1. 83. Con relación a la integración de la Averiguación Previa 2, esta Comisión Nacional pudo advertir que en la denuncia penal que presentó P3, refirió que los presuntos actos delictivos se suscitaron en los meses de julio y septiembre de 2012, lo que resulta poco veraz, toda vez que de las evidencias recabadas por este Organismo Nacional, constató que en esa temporalidad, V1 se encontraba interna en el Centro de Reinserción Social del estado de Tabasco; aunado a lo cual, llama la atención que la investigación e integración de la aludida indagatoria, AR5 la efectuó en 28 días, tomando en cuenta que se inició el 22 de marzo de 2013, y se ejerció la acción penal el 19 de abril de 2013.
  1. 84. Por lo mismo, se advirtieron diversas irregularidades y violaciones durante la integración de la Averiguación Previa 2, toda vez que AR5, no citó debidamente a V1, para hacerle del conocimiento las imputaciones que obraban en su contra, pues si bien, en actuaciones se desprende la existencia de diversos citatorios girados, así como la emisión de una orden de localización y presentación, estas fueron dirigidas a un domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, donde nunca se localizó a V1, quien tiene su domicilio en la Ciudad de Mérida, Yucatán.
  1. 85. Tampoco se pasó por alto, la existencia del informe de 17 de abril de 2013, que rindió AR6, agente de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, donde hizo constar una supuesta entrevista con V1, en un domicilio en la Ciudad de México, de quien proporcionó su media filiación, “mujer de aproximadamente 35 años, 1.50 de estatura, tez morena clara, complexión  delgada y ojos  café  oscuro,  mentón  oval,  boca  mediana  y labios delgados”, por lo que al exponerle el motivo de la visita, manifestó que se presentaría ante AR5, cuando su abogado se lo indicara; sin embargo, como lo manifestaron las recurrentes R1 y V5, tal información carece de veracidad toda vez que el domicilio donde se practicó la pretendida entrevista, no pertenece a la víctima y por otro lado, AR6, omitió describir una seña muy particular de la víctima, como lo es el lunar de nacimiento que tiene en el rostro; indicativo que esa hipotética visita y citación no se llevó a cabo.
  1. 86. Por lo que al ejercer la acción penal sin detenido en la Averiguación Previa 2, es evidente que V1, no tuvo la oportunidad de conocer los hechos que se le atribuyeron, por ende, no pudo desvirtuar la imputación, ofrecer pruebas, ni demostrar su inocencia; lo que motivó que el Juez Cuarto de Distrito en el estado de Yucatán, dentro del Juicio de Amparo 2, le concediera el amparo y protección, debido a que no se acreditaron los elementos del tipo penal previsto y sancionado en el Código Penal aplicable.
  1. 87. Ante lo cual, el actuar de AR5 y AR6 no se apegó a los lineamientos establecidos en los artículos 1, párrafos primero y segundo; 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero, y 21, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no respetar los derechos humanos reconocidos por el orden jurídico mexicano; todo lo cual, implicó el incumplimiento del correcto ejercicio de sus funciones como servidores públicos, en términos del artículo 47, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
  1. 88. Es importante destacar que, mientras lo anterior ocurría, V5, madre de V1, desde que los tres menores fueron separados de su madre por P1, inició una campaña nacional para recuperarlos, pero resulta que el 4 de agosto de 2014, R1 informó a esta Comisión Nacional, que ese día, aproximadamente a las 21:30 horas, fue detenida en la Ciudad de Mérida, Yucatán, por elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la delegación estatal de Jalisco, de la Procuraduría General de la República.
  1. 89. Con motivo de ello, ese mismo día, una directora general de esta Comisión Nacional, realizó  diversas   gestiones   telefónicas   con   autoridades   de   la Procuraduría General de la República, para conocer la situación jurídica de V5, siendo informada que la aludida detención tuvo su origen en una orden de aprehensión librada por el Juez Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales del estado de Jalisco, por el delito previsto y sancionado en el artículo 112 Bis, de la Ley de Instituciones de Crédito.
  1. 90. Por lo anterior, el 5 de agosto de 2014, un visitador adjunto de esta Comisión Nacional, se trasladó a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, para esperar el arribo de V5, pero ese día no llegó, toda vez que AR7, AR8 y AR9, en lugar de trasladar a la víctima  de  inmediato  a  la  residencia  del  Juez  que  libró  la  orden  de aprehensión, esto es en el estado de Jalisco, fue llevada vía terrestre a la Ciudad de Campeche, luego a la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, posteriormente, vía aérea a la Ciudad de México, de ahí la trasladaron a las oficinas de la PGR, donde V5 se entrevistó con la encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de esa dependencia, donde sin fundamento se determinó que se quedaría esa noche en un Hotel del Distrito Federal; cabe hacer hincapié que durante ese tiempo, no se permitió entrevistar a V5.
  1. 91. Fue hasta el 6 de agosto de 2014, que visitadores adjuntos, personal médico y de  psicología  de  esta  Comisión  Nacional,  se  trasladaron  al  aeropuerto  de  la Ciudad de México, donde se permitió que se entrevistara y brindara atención a V5, posteriormente, alrededor de las 13:55 horas, V5, AR7, AR8 y AR9, abordaron un vuelo con destino a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde un visitador adjunto de este Organismo Nacional, ya esperaba el arribo de la víctima, a quienes acompañó hasta que finalmente, a las 17:00 horas de ese día, V5 fue ingresada a la Comisaría de Reinserción Femenil en Puente Grande, Jalisco.
  1. 92. Al respecto, se constató por visitadores adjuntos, personal médico y de psicología, así como por una directora general, todos de esta Comisión Nacional, que entre la hora de la detención y la presentación de la víctima ante el Juez Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales del estado de Jalisco, trascurrieron alrededor de 43 horas, esto es de las 21:30 horas del 4 de agosto de 2014 a las 17:00 horas del 6 de los mismos mes y año, por lo que quedó evidenciado plenamente, que la víctima no fue puesta a disposición del Juez de inmediato, como lo establece el artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el contrario, fue retenida sin causa justa ni legal, sumado a que se permitió el acceso del personal de este Organismo Constitucional, hasta que estuvo en el aeropuerto de la Ciudad de México, Distrito Federal, para su traslado a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, lo que constituye un dato que evidenció la falta de cooperación de los involucrados con este Organismo Nacional.
  1. 93. Aspectos por los cuales, AR7, AR8 y AR9, con su actuación trasgredieron el contenido del artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.
  1. 94. Sobre el particular,  resulta  oportuno mencionar  que  en  la recomendación 11/2010, esta Comisión Nacional, determinó que si bien es cierto que no puede asentar un criterio riguroso sobre el tiempo en que los aprehensores deben de poner al detenido a disposición de la autoridad correspondiente, también lo es que a efecto de atender la garantía de inmediatez prevista en la Constitución, han de tomarse en cuenta las situaciones adyacentes al mismo, razón por la cual resulta conveniente establecer un estándar para evaluar tales circunstancias y calificar la constitucionalidad de una retención, en el que se tengan en cuenta: a) el número de personas detenidas, b) la distancia entre el lugar de la detención y las instalaciones del agente del Ministerio Público, c) la accesibilidad de las vías de comunicación entre ambos sitios, y d) el riesgo del traslado para la puesta a disposición en atención a la gravedad del delito y la peligrosidad del detenido.
  1. 95. Como se apuntó, trascurrieron aproximadamente 43 horas, entre la detención de V5 en la Ciudad de Mérida, Yucatán, y la puesta a disposición ante el Juez Octavo de Distrito  de  Procesos  Penales  Federales,  en  el  estado  de  Jalisco, cuando   el   trayecto   vía   terrestre   no   implicaba   una   distancia   mayor   a aproximadamente 1.844 kilómetros, misma que se realiza en 20 horas, mientras que vía aérea el trayecto es de aproximadamente dos horas y media entre un punto y otro, cuenta habida que es una mujer adulta mayor, que por sus condiciones de salud y grado de vulnerabilidad, debió ser trasladada de inmediato a  disposición  del  Juez,  sumado  a  lo anotado, que  se  permitió el  acceso  del personal de este Organismo Constitucional, hasta el 6 de agosto de 2014, que V5 estuvo en el aeropuerto de la Ciudad de México, Distrito Federal, para su traslado a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.
  1. 96. En este orden, AR7, AR8 y AR9, trasgredieron en agravio de V5, los derechos humanos a la libertad personal, a la seguridad jurídica y legalidad, contenidos en los artículos 14,  párrafo  segundo,  y  16,  párrafos  primero  y  quinto,  de  la Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  al  no  respetar  los derechos  humanos  reconocidos  por  el  orden  jurídico  mexicano;  todo  lo  cual, implicó el incumplimiento del correcto ejercicio de sus funciones como servidores públicos, en términos del artículo 7 y 8, fracciones I y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
  1. 97. Sobre el tema, en el caso Cabrera García y Montiel Flores v México, sentencia de 26 de noviembre de 2010, párrafo 102. Se estableció que en cuanto el tiempo que trascurre entre la detención y la puesta a disposición, la remisión se debe realizar sin demora ante las autoridades judiciales, al cobrar mayor importancia con el fin de minimizar cualquier tipo de riesgo de violación a los derechos de la persona.

  2. 98. Es preciso advertir que los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se citan en la presente recomendación, son de observancia obligatoria para el Estado Mexicano, de conformidad con el artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus numerales 1 y 2,  y  del  reconocimiento  de  su  competencia  contenciosa,  de  acuerdo  con  el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1999.
  1. 99. Asimismo, debido a las acciones y omisiones de los mencionados servidores públicos, se dejaron de observar las disposiciones previstas en los instrumentos jurídicos internacionales, celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que constituyen norma vigente en nuestro país y, que deben ser tomadas en cuenta para la interpretación de las normas relativas a los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1, párrafos primero y segundo, y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano
  1. 100. En la especie, los artículos 3 y 9, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 9.1 y 9.3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 9, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; I y XXV, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; así como, 4 y 11.1, del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, los cuales establecen que toda persona detenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales.

  1. 101. Se hace notar que el 7 de agosto de 2014, visitadores adjuntos de este Organismo Nacional, estuvieron presentes en la declaración preparatoria que V5 rindió ante al Juzgado Octavo de Distrito en Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco, donde se hizo del conocimiento los hechos que se le imputaron, mismos que negó y advirtió que es víctima de actos perpetrados en su contra y de toda su familia por parte de P1; posteriormente la abogada particular de V5, solicitó la duplicidad del término constitucional para estar en aptitud de ofrecer prueba
  1. 102. El 11 de agosto de 2014, el Juez Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales, en compañía del Secretario de Acuerdos y de la defensa de V5, se trasladaron a los domicilios que obraban en las credenciales de elector de los denunciantes, pudiendo constatar con los vecinos del  lugar, así  como  con  el administrador  de  la  unidad  habitacional,  que  no  conocen  a  ninguna  de  las personas involucradas en la Averiguación Previa 3; además de corroborar que dichas credenciales resultaron falsas, según lo informó el Instituto Nacional Electoral; todo lo cual fue informado por la abogada particular de V5, a un visitador adjunto de este organismo constitucional autónomo.
  1. 103. Una vez que trascurrió la duplicidad del término constitucional, el 12 de agosto de 2014, visitadores adjuntos de esta Comisión Nacional, se volvieron a constituir al Juzgado Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales de Jalisco, donde alrededor de las 13:30 horas, V5 fue notificada del auto de libertad.
  1. 104. Al respecto, de la consulta que visitadores adjuntos realizaron al expediente de la Causa Penal 3, pudieron corroborar que la orden de aprehensión librada contra V5, tuvo su origen en la denuncia de hechos que el 5 de agosto de 2011, formularon P6 y P7, lo que originó el inicio de la Averiguación Previa 3, cuya integración estuvo a  cargo  de  AR10,  agente  del  Ministerio  Público  de  la Federación, Mesa I, de la Agencia Federal 3, con sede en Guadalajara Jalisco, de la Procuraduría General de la República.
  1. 105. Asimismo, se pudo advertir que durante la integración de la indagatoria, AR10 solicitó la localización y presentación de las probables responsables V1 y V5, en un domicilio ubicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, para lo cual, mediante oficio PGR/AIC/PFM/UAIOR/JAL/003, de 15 de abril de 2014, un Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República, asentó que el domicilio indicado  para  la  diligencia,  se  encuentra  abandonado  y  que  realizó visitas y entrevistas a vecinos del lugar.
  1. 106. Además, se pudo corroborar también que no existe evidencia de que AR10, haya realizado mayores diligencias para hacer del conocimiento la imputación que obraba en contra de V1 y V5, pero el 15 de julio de 2014, consignó sin detenido la Averiguación Previa   3   y   solicitó   se   librara   la   orden   de   aprehensión correspondiente, misma que se emitió el 17 de los mismos mes y año, en los autos de la Causa Penal 3, por el Juez Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco.

 

  1. 107. En ese  contexto,  la  actuación  de  AR10,  durante  la  integración  de  la Averiguación Previa 3, no se ajustó a los lineamientos establecidos en los artículos 1, párrafos primero y segundo; 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero, y 21, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que al omitir realizar mayores diligencias para localizar a V1 y V5, a fin de hacerles de conocimiento la indagatoria que obraba en su contra, no tuvieron la oportunidad de conocer los hechos que se les imputaron, por ende, no pudieron desvirtuar la acusación, ofrecer pruebas, ni demostrar su inocencia; la cual reconoció expresamente el Juez Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales de Jalisco, únicamente a favor de V5 y no así respecto de V1, toda vez que ésta última no ha sido enterada de esa indagatoria y causa penal.
  1. 108. No pasa inadvertido, a propósito del auto de libertad por falta de elementos para procesar, dictado a favor de V5, que el aludido Juez Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales de Jalisco, hizo notar que daría vista al Procurador General de la República, por la mala integración de la Averiguación Previa 3, que repercutió en la violación a derechos humanos de V5.
  1. 109. Por lo anterior, es que existen elementos para afirmar que AR10, trasgredió los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, trato digno y, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, así como a la presunción de inocencia, en agravio de V1 y V5, mismas que son de observancia obligatoria para todos los servidores públicos, sobre todo si como en el caso, se vio involucrada una mujer adulta mayor, activista en pro de los derechos humanos de su hija y de sus nietos; todo lo cual, implicó el incumplimiento del correcto ejercicio de sus funciones como servidores públicos, en términos del artículo 7 y 8, fracciones I y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
  1. 110. Asimismo, derivado de las evidencias recabadas por esta Comisión Nacional, se corroboró que en los casos de V1 y V5, existió similar forma de operar tanto en las Procuradurías Generales de Justicia del estado de Tabasco, como del Distrito Federal, así como de la Procuraduría General de la República, toda vez que durante la integración de las Averiguaciones Previas 1, 2 y 3, respectivamente, nunca se   hicieron   del   conocimiento   a   las   probables   responsables,   las imputaciones que obraban en su contra, por lo que en ninguna de ellas, tuvieron la oportunidad de conocer los hechos denunciados y en consecuencia, no pudieron desvirtuar la acusación, ofrecer pruebas, ni demostrar su inocencia; todo lo cual, propició que V1 estuviera privada de su libertad durante cuatro meses en el Centro de  Reinserción Social del estado de Tabasco  y,  V5  durante  siete  días en  la Comisaría de Reinserción Femenil en Puente Grande, Jalisco.

 

  1. 111. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso Radilla Pacheco Estados Unidos Mexicanos, de 23 de noviembre de 2009, destacó la importancia de las investigaciones que se llevan a cabo por la institución del Ministerio Público, pronunciándose en el sentido de que para que una investigación penal constituya un recurso efectivo que asegure el derecho de acceso a la justicia de las presuntas víctimas, así como para garantizar los derechos afectados, debe cumplirse con seriedad, y ser asumido por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares.
  1. 112. En sentido semejante, en el caso Tibi Ecuador, sentencia de 7 de septiembre de 2004, la referida corte interamericana estableció que el derecho a la presunción de inocencia no bloquea la persecución penal, pero la racionaliza y encauza; es decir, que es un derecho básico y esencial para el normal desarrollo del proceso penal, y constituye un criterio normativo del derecho penal sustantivo y adjetivo,  descartando   toda   normativa   que   implique   una   presunción   de culpabilidad o que establezca la carga al imputado de probar su inocencia.
  1. 113. En el mismo tenor, la mencionada Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de 2 de julio de 2004, del caso Herrera Ulloa Costa Rica, determinó que el derecho a la presunción de inocencia es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado en toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria determine que su culpabilidad quede firme, e implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que la carga de la prueba corresponde a quien acusa.
  1. 114. La presunción de inocencia, impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador, es un derecho fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregularidades
  1. 115. En consecuencia, el mencionado derecho a la presunción de inocencia opera también en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de “no autor o no partícipe” en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, en cualquier materia.

 

  1. 116. Para este organismo nacional, quedó evidenciado que AR3, AR4, agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tabasco y, AR5, agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, sin  pruebas  suficientes  validaron  imputaciones de  hechos en agravio de V1, lo que también sucedió con V5, por parte de AR10, agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República, por lo que tales servidores públicos, vulneraron los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, trato digno, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, así como a la presunción de inocencia, dignidad, honor y buen nombre, contemplados en los artículos 1, párrafos primero, segundo, tercero y quinto; 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, y 20, apartado B), fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

  1. 117. Asimismo, debido a las acciones y omisiones de los mencionados servidores públicos, se dejaron de observar las disposiciones relacionadas con el derecho a la presunción de inocencia, previstas en el artículo 11.1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que prevé que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras que no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa y, artículo 14.2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.
  1. 118. Mientras que el artículo 8.2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevé que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, hasta que no se establezca legalmente su culpabilidad, y el principio 36.1, del  Conjunto  de  Principios  para  la  Protección  de  Todas  las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, establece: Se presumirá la inocencia de toda persona sospechosa o acusada de un delito y se la tratará como tal, mientras no haya sido probada su culpabilidad conforme a derecho en un juicio público en el que haya gozado de todas las garantías necesarias para su defensa.
  1. 119. Lo anterior permite concluir que en el presente caso AR3, AR4, AR5 y AR10, omitieron actuar de acuerdo a los principios pro personae y de tutela judicial efectiva, en detrimento de los derechos de V1 y V5, ya que desde que estos servidores públicos  tuvieron  conocimiento  de  los  hechos  denunciados  en  su contra, en las Averiguaciones Previas 1, 2 y 3, se encontraban obligados a emitir un pronunciamiento con idénticos razonamientos a los que se describen en los párrafos anteriores, lo que muy probablemente hubiera impedido la detención de V1 y V5, así como la sustracción de los menores V2, V3 y V4.
  1. 120. Sobre lo cual, debe puntualizarse que la separación de los menores V2, V3 y V4 de su madre, V1, se ha prolongado desde el 25 de mayo de 2012, a la fecha, sin que de las evidencias recabadas por esta Comisión  Nacional, se  pudiera corroborar que mientras V1, estuvo privada de la libertad, se hubieran considerado los derechos de los niños, ni la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban, derivado de la forma en que fueron sustraídos, cuando detenían a su madre y el consiguiente desarrollo físico y emocional de los mismo
  1. 121. Al respecto, el Comité de los Derechos de los Niños emitió las recomendaciones sobre “Niños de Padres Encarcelados”, que derivó de la discusión general sobre el tema, que tuvo lugar el 30 de septiembre de 2011; en esa ocasión, el organismo encargado de la efectiva aplicación de la Convención sobre Derechos del Niño recomendó a los Estados parte que: 1) al momento de sentenciar a un padre, madre o tutor deben utilizarse, cuando sea posible, sentencias no privativas de la libertad, tomando en consideración los impactos que puede causar en el interés superior del niño; 2) asegurar que los derechos de los niños con padres en prisión sean tomados en cuenta por todos los actores involucrados en el proceso y durante todas las etapas del mismo, desde el momento del arresto del progenitor o tutor, y 3) brindar medios de garantía para que a los niños separados de sus padres les sean respetados los derechos a una vida familiar y a un ambiente social conductor de su desarrollo.

 

  1. 122. No debe perderse de vista que el artículo 1, párrafos primero, segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas y que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

 

  1. 123. Mientras que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 4, establece que los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia, son el respeto a la dignidad humana y la libertad; además, en su numeral 6, fracción I, dispone que la violencia psicológica es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica y puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima  a  la depresión, al aislamiento, a  la devaluación de  su autoestima e incluso al suicidio; por lo que según lo dispone el diverso 51, fracción I, es responsabilidad del Estado el erradicar la violencia en su contra, y brindar, por medio de las instituciones de salud, de manera integral e interdisciplinaria; atención médica y psicológica con perspectiva de género a las víctima
  1. 124. Es importante enfatizar que el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres ha motivado a nivel mundial la construcción de una serie de instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha suscrito a lo largo de los últimos años; entre ellos destacan la Convención sobre la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW, de 1979, ratificada por México en 1981; la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing 1995 y su Plataforma de Acción; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, ratificada por México en diciembre de 1998, y la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, del 2000 (ODM).
  1. 125. En la especie, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará), cuyo artículo 2, expresamente  dispone   que   la  violencia  contra   la  mujer,  física,   sexual  o psicológica, puede materializarse con cualquier acción o conducta, basada en su género, efectuada por cualquier persona, o bien, realizada o tolerada por el propio Estado o sus agentes, en lugares de trabajo, instituciones educativas, establecimientos de salud y otros, mediante diversas manifestaciones.
  1. 126. Incluso, en el numeral 3, de dicho instrumento internacional, se reconoce el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia y, a no ser discriminadas tanto en el ámbito  privado  como  público, que  concatenado  con  el  diverso  6, incluye el derecho a ser libre de toda forma de violencia; para lo cual, en el numeral 7, se conmina a  los Estados Parte  a adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la misma, entre cuyos compromisos se encuentran, precisamente los descritos en el inciso b); a saber, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar  la  violencia  contra  las  mujeres,  así  como  el  diverso  g),  relativo  a asegurar que la mujer no sea objeto de violencia, tenga acceso efectivo al resarcimiento,  reparación  del daño  u  otros  medios  de  compensación  justos  y eficace
  1. 127. Sobre el  tema,  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  en  la sentencia del “Caso Fernández Ortega y otros México”, emitida el 30 de agosto de  2010,  estableció  que  la  violencia  contra  la  mujer  no  sólo  constituye  una violación de los derechos humanos, sino que es una ofensa a la dignidad humana que trasciende todos los sectores de la sociedad y afecta negativamente sus propias bases.
  1. 128. En suma, los servidores públicos involucrados en este pronunciamiento, lejos de proporcionar certidumbre y protección a la debida defensa, han propiciado condiciones para que se pueda generar un sufrimiento y daño adicional en la esfera emocional y física de V1 y V5, ya  que  pasaron  por alto, las posibles consecuencias de sus decisiones y actuaciones en la vida presente y futura de las víctimas, así como de los menores de edad V2, V3 y V4, por lo que su desinterés, evidencia una falta de colaboración y compromiso con el sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos, el derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencia y, el interés superior del menor, impidiendo proteger contra actos ilegales, así como que se respeten y preserven sus derechos.
  1. 129. Asimismo, se pudo observar que en el presente asunto, no se ha atendido interés superior de la niñez, respecto de lo cual el Estado mexicano, en concordancia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, las leyes generales, federales y estatales en los que se otorga la máxima protección a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se encuentra obligado a llevar acciones encaminadas a proteger a la niñez, lo que implica en este caso que el personal que labora en instituciones dependientes del Estado, deben dirigir todas sus actuaciones para lograr que dicha protección sea efectiva.

 

  1. 130. En este tenor, el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que las autoridades deben de atender el interés superior de la niñez, es decir, que para la toma de cualquier decisión o medida por parte de las mismas es necesario considerar de manera previa y preferente el bienestar de los menores y favorecer a su mejor desarrollo. La salvaguarda de los derechos del menor y el cuidado de su integridad debe prevalecer sobre cualquier otro interés.
  1. 131. A mayor abundamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Rosendo Cantú y otra México”, sentencia de 31 de agosto de 2010, estableció que el Estado debe asumir una posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y debe tomar medidas o cuidados especiales orientados en el principio del interés superior del niño y como en consecuencia, el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y a los derechos de los niños, en consideración a su condición particular de vulnerabilidad.
  1. 132. Sin dejar de mencionar que el derecho al trato digno, es aquella prerrogativa que posee todo  ser  humano  para  que  se  le  permita  hacer  efectivas  las condiciones jurídicas, materiales y de trato, acordes con las expectativas, en un mínimo de bienestar, aceptadas generalmente por los propios individuos y reconocidas en el orden jurídico, es evidente que V1, V2, V3, V4 y V5, sufrieron menoscabo  en  el  mismo,  ante  las  violaciones  que  se  han  destacado  en  la presente recomendación; derecho que encuentra sustento en el artículo 1, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, de la Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos;  y  11.1,  de  la  Convención Americana sobre Derechos Humanos, que disponen, sistemáticamente, que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad y, el Estado está obligado no sólo a respetarlo, sino a establecer las condiciones para su pleno goce y ejerci
  1. 133. Así, las conductas violatorias de los derechos humanos de V1 y V5, que se tienen acreditadas en los párrafos anteriores, constituyen una trasgresión a lo establecido en los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero; 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, y 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 6 fracción I y 51 fracción I, de la Ley General de Acceso a las  Mujeres  a  una  Vida  Libre  de  Violencia,  7,  8,  10  y  11  de  la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14.1 y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8, 10 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 y 5 de los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, y 36.1 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, 2, 3, 6, 7, incisos b) y g), de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Belém Do Pará).

  1. 134. Además este Organismo Nacional advierte que las autoridades encargadas de la procuración de justicia, violaron los derechos humanos al desarrollo integral de la niñez, y a considerar al interés superior del menor, en agravio de V2, V3 y V4, ya que omitieron ponderar el daño que podría causarse a los menores al separarlos de su madre, de la forma tan violenta en que ocurrió; asimismo, no dictaron medidas cautelares tendentes a garantizar la protección de los mismos.
  1. 135. Conductas violatorias de los derechos humanos de la infancia, que se tienen acreditadas en los párrafos anteriores, constituyen una trasgresión a lo establecido en los artículos 3 y 6.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1.1 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 15.d y 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Cultu
  1. 136. En ese sentido, AR1, AR2, AR3 y AR4, con su actuación, incurrieron en incumplimiento de sus obligaciones contenidas en el artículo 47, fracciones I, V, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Tabasco; AR5 y AR6, en  el artículo  47, fracción  I,  de  la  Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y, AR7, AR8, AR9 y AR10, en los artículos 7 y 8, fracciones I y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; que prevén la obligación que tienen los servidores públicos de adecuar su actuación a los principios de responsabilidad, ética profesional, excelencia, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, calidez y calidad, así como cumplir con el servicio encomendado y abstenerse de cualquier acto   u   omisión   que   cause   su   suspensión   o   deficiencia,   o   implique   el incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público que prestan.
  1. 137. En el entendido que las infracciones se materializaron desde el 2012, pero continuaron surtiendo vigencia durante todo el tiempo en que han negado a la víctima el derecho humano a vivir una vida libre de violencia, traduciéndose en violaciones a derechos humanos de tracto sucesivo, mientras que respecto a V2, V3 y V4, se ha dejado de observar el interés superior del menor y se prolongará hasta que V1 tenga consigo a los menores hijos, las cuales han quedado precisadas a lo largo de esta determinación, por lo cual, es claro que no opera la prescripción.
  1. 138. Finalmente, debe precisarse que si bien, una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano, para lograr la reparación del daño derivado de la responsabilidad institucional, consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, también lo es que el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero y 113, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; prevén la posibilidad de que al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público del estado, la recomendación que  se  formule  a  la  dependencia  pública  debe  incluir  las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación de los daños y perjuicios que  se  hubieren  ocasionado,  para  lo  cual  el  Estado  deberá  de  investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.
  1. 139. Para tal efecto, en términos de los artículos 1, 2, fracción I, 7, fracciones II, VI, VII y VIII, 8, 26, 27, 64, fracciones I, II y VII, 67, 68, 88, fracción II, 96, 97, fracción I, 106, 110, fracción V, inciso c), 111, 112, 126, fracción VIII, 130, 131 y 152 de la Ley General de Víctimas, al acreditarse violaciones a los  derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, trato digno, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, así como a la presunción de inocencia, dignidad, honor y buen nombre, en agravio de V1 y V5, así como a los derechos de los niños, desarrollo integral de la niñez e inobservancia del interés superior del menor, en el caso de V2, V3 y V4, se deberán inscribir en el Registro Nacional de Víctimas, cuyo funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la aludida Ley.
  1. 140. En ese sentido, con fundamento en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 6, fracción III; 71, párrafo segundo, y 72, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, existen elementos de convicción suficientes para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en ejercicio de sus atribuciones presente queja administrativa y denuncia penal, ante las dependencias correspondientes, en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos que motivaron el presente pronunciamiento.
  1. 141. En consecuencia, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se permite formular respetuosamente a ustedes, las siguientes:

 

  1. RECOMENDACIONES

A usted, señor Procurador General de la República:

PRIMERA. Instruya a quienes corresponda, a fin de que a la brevedad posible, se proceda a la reparación del daño ocasionado a V5, que incluya atención médica y psicológica necesaria para restablecer su estado de salud y estabilidad emocional, por los daños causados con motivo de las acciones y omisiones en que incurrieron los servidores públicos que motivaron el presente pronunciamiento, enviando a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

SEGUNDA. Se instruya a quien corresponda, para que se diseñen e impartan programas integrales de capacitación y formación, a los agentes del ministerio público de la Procuraduría General de la República, a fin de promover la actualización y especialización  en materia de  derechos humanos,  en especial sobre los derechos de los adultos mayores, protocolos para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, así como a la presunción de inocencia, acatando  los  principios  que  rigen  en  el  servicio  público,  con  el  objetivo  de garantizar la no repetición de actos similares a los que dieron origen al presente pronunciamiento y, se envíen a este Organismo Nacional los indicadores de eficiencia para evaluar el impacto efectivo de la capacitación que se aplique al personal que los reciba.

TERCERA. Se colabore ampliamente con esta Comisión Nacional, en el trámite de la queja administrativa que se promueva contra AR7, AR8, AR9 y AR10, ante la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, para que se inicie el procedimiento administrativo disciplinario contra los servidores públicos cuyas conductas motivaron este pronunciamiento y se remitan las constancias con que se acredite su cumplimiento.

CUARTA. Se colabore ampliamente con este organismo nacional, en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que se formulará contra AR7, AR8, AR9 y AR10, ante la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, se inicien las investigaciones que en  derecho  corresponda,  por  tratarse  de  servidores  públicos,  cuya  conducta motivó este pronunciamiento, y se remitan a esta Comisión Nacional, las constancias con que se acredite su cumplimiento.

QUINTA. Se colabore ampliamente con esta Comisión Nacional, en el seguimiento e inscripción de V5, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley General de Víctimas y, se remitan las constancias que acrediten su cumplimiento.

 

A usted, señor gobernador constitucional del estado de Tabasco:

PRIMERA. Instruya a quienes corresponda, a fin de que a la brevedad posible, se proceda a la reparación del daño ocasionado a V1, V2, V3 y V4, que incluya atención médica y psicológica necesaria para restablecer su estado de salud y estabilidad emocional, por los  daños causados con  motivo  de las  acciones y omisiones en que incurrieron los servidores públicos que motivaron el presente pronunciamiento,  enviando  a  esta  Comisión  Nacional  las  constancias  que acrediten su cumplimiento.

SEGUNDA. Se instruya a quien corresponda, para que se diseñen e impartan programas integrales de capacitación y formación, a los agentes del ministerio público y agentes de la policía ministerial, adscritos a la Procuraduría General de Justicia   del   estado   de   Tabasco,   a   fin   de   promover   la   actualización   y especialización en materia de derechos humanos, en especial sobre los derechos de los niños y niñas, observancia al interés superior del menor, protocolos para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, así como a la presunción de inocencia, acatando los principios que rigen en el servicio público, con el objetivo de  garantizar  la  no  repetición  de  actos  similares  a  los  que  dieron  origen  al presente pronunciamiento y, se envíen a este Organismo Nacional los indicadores de eficiencia para evaluar el impacto efectivo de la capacitación que se aplique al personal que los reciba.

TERCERA. Se colabore ampliamente con esta Comisión Nacional, en el trámite de la queja administrativa que se promueva contra AR1, AR2, AR3 y AR4, ante la Dirección General de Asuntos Internos y Contraloría en la Procuraduría General de Justicia del estado de Tabasco; para que se inicie el procedimiento administrativo disciplinario contra los servidores públicos cuyas conductas motivaron este pronunciamiento y se remitan las constancias con que se acredite su cumplimiento.

CUARTA. Se colabore ampliamente con este organismo nacional, en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que se formulará contra AR1, AR2, AR3 y AR4, ante la Procuraduría General de Justicia del estado Tabasco, para que en el ámbito de su competencia, se inicie la investigación que en  derecho  corresponda,  por  tratarse  de  servidores  públicos,  cuya  conducta motivó este pronunciamiento, y se remitan a esta Comisión Nacional, las constancias con que se acredite su cumplimiento.

QUINTA. Se colabore ampliamente con esta Comisión Nacional, en el seguimiento e inscripción de V1, V2, V3 y V4, en el Registro Nacional de Víctimas, a efecto de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley General de Víctimas y, se remitan las constancias que acrediten su cumplimiento.

 

A usted, señor jefe de gobierno del Distrito Federal:

 

PRIMERA. Instruya a quienes corresponda, a fin de que a la brevedad posible, se proceda a la reparación del daño ocasionado a V1, V2, V3 y V4, que incluya atención médica y psicológica necesaria para restablecer su estado de salud y estabilidad emocional, por los  daños causados con  motivo  de las  acciones y omisiones en que incurrieron los servidores públicos que motivaron el presente pronunciamiento,  enviando  a  esta  Comisión  Nacional  las  constancias  que acrediten su cumplimiento.

SEGUNDA. Se instruya a quien corresponda, para que se diseñen e impartan programas integrales de capacitación y formación, a los agentes del ministerio público y agentes de la policía ministerial, adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a fin de promover la actualización y especialización en materia de derechos humanos, en especial sobre los derechos de los niños y niñas, observancia al interés superior del menor, protocolos para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, así como a la presunción de inocencia, acatando  los  principios  que  rigen  en  el  servicio  público,  con  el  objetivo  de garantizar la no repetición de actos similares a los que dieron origen al presente pronunciamiento y, se envíen a este Organismo Nacional los indicadores de eficiencia para evaluar el impacto efectivo de la capacitación que se aplique al personal que los reciba.

TERCERA. Se colabore ampliamente con esta Comisión Nacional, en el trámite de la queja administrativa que se promueva contra AR5 y AR6 ante la Contraloría Interna en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para que se inicie el procedimiento administrativo disciplinario contra los servidores públicos cuyas conductas motivaron este pronunciamiento y se remitan las constancias con que se acredite su cumplimiento.

CUARTA. Se colabore ampliamente con este organismo nacional, en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que se formulará contra AR5 y AR6, ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para que en  el ámbito de su respectiva  competencia, se  inicie la investigación  que  en derecho corresponda, por tratarse de servidores públicos, cuya conducta motivó este pronunciamiento, y se remitan a esta Comisión Nacional, las constancias con que se acredite su cumplimiento.

QUINTA. Se colabore ampliamente con esta Comisión Nacional, en el seguimiento e inscripción de V1, V2, V3 y V4, en el Registro Nacional de Víctimas, a efecto de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley General de Víctimas y, se remitan las constancias que acrediten su cumplimiento.

  1. 142. La presente recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de formular una declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero, constitucional, la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, se apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.
  1. 143. De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le solicito a ustedes que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, en su caso, sea informada dentro del término de quince días hábiles siguientes a su notificación.
  1. 144. Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, se solicita a ustedes que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación se envíen a esta Comisión Nacional dentro de un término de quince días hábiles siguientes a la fecha en  que  haya  concluido  el  plazo  para  informar  sobre  la aceptación de la misma, de lo contrario dará lugar a que se interprete que no fue aceptada.
  1. 145. Cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores  públicos,  la  Comisión  Nacional  de  los  Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública, precisamente, esa circunstancia y, con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15, fracción X, y 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, podrá solicitar al Senado de la República o en sus recesos a la Comisión Permanente de esa Soberanía, así como a las legislaturas de las entidades federativas, su comparecencia, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

 

EL PRESIDENTE

  1. DR. RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA

 

También te podría gustar...

Comentários no Facebook

error: Derechos reservados.