Corrupción en conjunto Gobierno y SSP

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Mérida Yucatán a 1 febrero 2017.-
La inmovilidad del gobierno que encabeza Rolando Zapata Bello, al no solucionar el conflicto ente taxistas y Ubers, que se resiste a adherirse a la ley vigente en materia de transporte, provocará nuevos eventos violentos entre ambas partes, advirtió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Yucatán, Mario Can Marín.

El empresario apuntó que el gobierno tiene que aplicar la ley contra quienes no lo respeten, y para muestra comenzar con el FUTV ya que se les puede ver andar sin placas y en gomado cosa que aplicaron a los de UBERS.

Exhortó a una mesa de diálogo entre las autoridades y la compañía norteamericana para llegar a  un acuerdo, para que está acate la normatividad.

El gobernador tuvo su reunión en lo oscurito con el cacique “Billy” después de la última protesta que hizo el FUTV, llorando implorando que saquen a los de Ubers su primo el gober Rolando Zapata Bello, le dijo al “Billy” que a UBER por el momento no lo pueden sacar de Mérida, pero la consigna es que giro con la SSP que los detendrían uno a uno poquito a poquito a los autos UBER con pretextos mínimos para llevarlos al corralón y la ciudadanía no se dé cuenta y que los socios de UBER les de miedo salir a laborar y poco a poco UBER desaparezca de Merida..

Termino el  plazo de 72 horas que dio el Cacique «Billy» Héctor Fernández Zapata, a la Dirección de Transporte del gobierno del Estado para que aplique la ley contra Uber, hay menos información sobre si aquélla cumplirá la demanda de los operadores inconformes.

“Le advertimos al gobernador que si no detenían a los ilegales, nosotros lo vamos hacer, porque tenemos que conservar nuestra fuente de ingresos”, resaltó uno de los protagonistas de la gresca que se negó a dar su nombre.

El cacique «Billy» Fernández Zapata insiste en que cualquier organización de taxistas que no esté debidamente regulada y sujeta a la Ley de Transporte del Estado, no tiene por qué trabajar en esta actividad.

El FUTV, reitera, cumple cabalmente con la ley, paga sus impuestos y está en espera de que le den una respuesta, que es la aplicación de la ley al pie de la letra.

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El director de Transporte, Humberto Hevia Jiménez, tampoco proporciona información sobre si cumplirá los ocho puntos que le plantearon en un pliego petitorio durante una protesta frente a sus oficinas. En el oficio le demandan lo siguiente:

1) Informe cuántas y cuáles empresas registraron su plataforma ante la Dirección de Transporte antes del 25 de diciembre pasado, así como el número de permisos que planea entregar por cada compañía registrada. El FUTV pide que se tenga especial cuidado porque las unidades que no se registren en Uber seguramente intentarán hacerlo en Ryde & Go, Cabify u otra que se haya registrado.

2) Instruya a los inspectores para que estén atentos al alza del pirataje, y en caso de detección impongan las sanciones y multas respectivas, porque los no registrados, tanto empresas como sus choferes, seguirán brindando el servicio de manera ilegal.

3) Que la ley y reglamento del ramo se apliquen al pie de la letra. Que estas plataformas dejen de cobrar en efectivo, desistan de ofrecer sus servicios de manera verbal, a la vista y complacencia de todos, o que estén formando bases de trabajo en los alrededores de plazas comerciales, hoteles, hospitales, terminales de autobuses y del aeropuerto. Que el valor del vehículo exceda las dos mil setecientas cincuenta unidades de medida y actualización ($200,860), disposiciones que tiene sustento legal en los artículos 40 bis, 40 quinquies, 40 sexies (y sus fracciones) 40 septies, 42, y demás de la Ley de Transporte del Estado.

4) Cierre la convocatoria a la inscripción de plataformas, pues en estos momentos se encuentra abierta y el período autorizado fue de 120 días, el cual ya finalizó.

5) Se le exige que gire instrucciones a sus inspectores para que cese el hostigamiento o acoso de los inspectores en los retenes y en las detenciones aleatorias para revisiones de rutina.

6) Cumpla estrictamente las disposiciones establecidas en la Ley de Transporte del Estado, así como su reglamentación.

7) Agilice los tiempos en los trámites que se realizan en esa dependencia.

8) De respuesta satisfactoria a todos y cada uno de los puntos antes señalados en un plazo no mayor de 72 horas.

 

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