Urgen parlamentarios de AL revisar casos Tlatlaya y Ayotzinapa

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Demandan intensificar esfuerzos institucionales para garantizar derechos humanos plenos y castigo con rigor a los responsables

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de octubre.- Legisladores de 33 países latinoamericanos y caribeños demandaron al Gobierno aclarar de inmediato y resolver las severas violaciones a los derechos humanos en los casos de Tlatlaya, Estado de México,  y Ayotzinapa, Guerrero.

Además, los parlamentarios del llamado Hemisferio Occidental le recuerdan a las autoridades mexicanas que ante hechos como éstos “no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad”, les solicitan intensifiquen los esfuerzos institucionales para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos, se deslinden responsabilidades de acción y de omisión y “se castigue con rigor a los culpables de estos crímenes”.

Esto a partir de un resolutivo que signó el Grupo Geopolítico Latinoamericano y del Caribe (Grulac) de la Unión Interparlamentaria de y Reuniones Conexas que celebra en Ginebra, Suiza, su 131 reunión.

La declaración conjunta obedeció a una propuesta de legisladoras del PRI, PAN y del PRD, Graciela Ortiz, Laura Rojas y Dolores Padierna, participantes del señalado grupo.

Asimismo, los integrantes del Grulac le piden a Peña Nieto establecer mecanismos de reparación inmediata del daño a las víctimas y “construir las condiciones para que estos hechos no se vuelvan a repetir”.

A la vez, los legisladores latinoamericanos “hacemos un llamado a los gobiernos de nuestros países para reforzar las acciones de cooperación regional para combatir al crimen organizado que es un verdadero flagelo para nuestros jóvenes y nuestros pueblos”.

Esta declaración conjunta condena los lamentables hechos ocurridos en Ayotzinapa, Guerrero, donde 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de este municipio fueron secuestrados por presuntos miembros de la policía de Iguala, y otros tres fueron asesinados.

Se pronuncian por declaratoria conjunta

El Grulac llevó a cabo una reunión previa en la que la delegación mexicana presentó un pronunciamiento, mismo que fue aprobado con esta Declaración Conjunta dirigida al gobierno mexicano en la que los miembros del grupo geopolítico de América Latina y del Caribe en la Unión Interparlamentaria, “expresamos nuestra consternación por los acontecimientos acaecidos en el Estado de Guerrero de ese país, en los que 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa, fueron secuestrados por presuntos miembros de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero”.

A su juicio, el homicidio de tres de ellos y la desaparición y presunción de homicidio del resto de los estudiantes representa una acción que debe ser condenada y sancionada con todo rigor “por un país en el que prevalezca el Estado de Derecho”.

En el caso de Tlatlaya se recuerda que durante más de dos meses las respectivas autoridades no actuaron para explicar cómo miembros de una patrulla del Ejército “salieron ilesos de un supuesto enfrentamiento en el que murieron 22 presuntos criminales” el 30 de junio pasado.

Comentan los legisladores que la Procuraduría General de la República comenzó a investigar “hasta septiembre” en el lugar de los hechos, lo que sumado a que no se interrogó a testigos sembró más dudas “sobre lo que verdaderamente sucedió”.

El combate al crimen organizado y a la delincuencia común ha estado marcado en los últimos años, dice el resolutivo, “por graves violaciones a los derechos humanos que involucran no solamente a los cárteles y sus sicarios sino a órganos del Estado que deberían justamente salvaguardar las garantías individuales”.

Con datos de Amnistía Internacional el Grulac detalla que “las evidencias de tortura y malos tratos por parte de las autoridades oficiales, se han incrementado en un 900 por ciento en una década”.

Consternación por sucesos

Le hacen ver al gobierno mexicano que “el mundo entero está consternado por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero. En la noche y madrugada del 26 al 27 de septiembre de 2014, (donde) tres estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa fueron asesinados por la policía municipal. Desde esa noche, 43 estudiantes más están desaparecidos. Los 28 cadáveres encontrados en fosas comunes, a los que podrían sumarse otros dado porque el gobierno anunció el hallazgo de nuevas fosas clandestinas”.

Según  información de las autoridades, resalta el señalamiento del Grulac, en los ataques participaron, al lado de la policía, “integrantes de un grupo criminal que domina la región. Todo lo anterior ocurrió en presencia de la policía local y federal, así como de las fuerzas militares.

La sociedad mexicana, así como la comunidad internacional “necesitan saber con urgencia dónde están los estudiantes desaparecidos”, insiste el señalamiento de este grupo.

Por ello, rematan los parlamentarios del Grulac, “los parlamentarios reunidos exhortamos al Estado mexicano a crear y mantener las condiciones de paz social, seguridad y respeto a los derechos humanos”.

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