Buscan frenar corrupción en el sector de la construcción en Yucatán

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AMIC
propone modificar Ley de Obra Pública para acabar con los “moches”.

Mérida, Yucatán a 2 abril de 2017.-La Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción en Yucatán (AMIC) propondrá ante diputados locales la creación de verdaderas contralorías ciudadanas que respondan a las necesidades reales de cada entidad a fin de frenar la corrupción en el sector de la construcción.

El presidente de la AMIC en Yucatán, Carlos Ramírez Aguilar explicó que para conformar este sistema se propone que los ciudadanos que integren estos consejos reciban capacitación adecuada para ejercer correctamente su encargo como verdaderos vigilantes de los procesos de asignación y ejecución de obras por parte de los gobiernos.

Luego de la realización del Foro Nacional para el Fortalecimiento de las Mipymes de la Construcción en el que participaron integrantes de la AMIC y legisladores federales en la ciudad de México en días pasados, el dirigente en Yucatán de ese organismo que agrupa a todos los proveedores y prestadores de servicios de la industria de la construcción, adelantó que acudirán a los diputados locales para proponer la modificación al Artículo 27 de la Ley de Obras Públicas.

Los integrantes de la AMIC sostienen que la modificación a este artículo permitirá combatir la corrupción en el sector y sobre todo hará más competitivas a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Durante el encuentro, Francisco Javier Gallo Palmer, presidente Nacional de AMIC, también solicitó establecer la obligatoriedad para las dependencias de conformar los comités ciudadanos de Adjudicación y Fallos de Obra Pública.

“Con esto estarán salvando al país de la corrupción más descarada del sistema gubernamental, si se eliminan las facultades de optar por las modalidades de obra por administración, asignación directa o invitación restringida, y establecen que la decisión de escoger las empresas, recaiga en un comité ciudadano, terminará la posibilidad que la ley da a los funcionarios de corromper la contratación de obra pública”, subrayó.

La AMIC también propone modificar la Ley de Desarrollo Social, para que se incluyan facultades de sancionar a funcionarios y empresarios que no cumplan con sus responsabilidades.

Recordó que, de las más de 33 mil empresas de la construcción en el país, 97.6 son microempresarios y concentran 76 por ciento de personal ocupado; seguidas de las empresas pequeñas con el 13.5 por ciento y las medianas con el 11 por ciento.

“Las Mipymes tienen una gran participación en la economía nacional y, sin embargo, solo tienen una tercera parte de la asignación de obra. Como meta deseable, es modificar el esquema de asignación discrecional de obra pública que se realiza en el gobierno federal, estatal y municipal, para que el porcentaje de asignación se incremente de 35 a 75 por ciento”, añadió.

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