Demandará familia de taxista asesinado al gobierno estatal

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La familia del taxista Luis Alberto de Jesús Lara Acosta de 30 años, presentará una denuncia contra el gobierno del Estado y contra Rolando Zapata Bello, por incumplir la Ley de Transporte del Estado, ya que los concesionarios no contratan póliza alguna, para asegurar la vida de sus trabajadores (choferes), lo que los deja en total indefensión.

La Fiscalía General del Estado de Yucatán, comunicó que el pasado viernes logró la detención de Rafael Alejandro Tun Ceballos, “El Piolín”, como presunto asesino del taxista Lara Acosta, en la intersección de la calle 60 con 137-A del fraccionamiento Valle Dorado, en la capital yucateca. Los hechos se dieron cuando laboraba como conductor del taxi (martillo) a bordo del Tsuru Nissan, el cual está habilitado como taxi. El hoy presunto asesino fue remitido al Centro de Justicia Oral de Mérida y su expediente está en manos del juez Segundo de Control con el número de expediente penal 154/2016.

El litigante de la familia del occiso, Martín Méndez Vargas, dijo que la administración estatal de Rolando Zapata Bello incumple con la observancia de la Ley de Transporte del Estado, al dejar que los concesionarios no contraten pólizas de seguro de vida en caso de que el conductor del vehículo de alquiler fallezca en algún accidente de tránsito, natural o por homicidio.

Es lamentable que el gobernador Rolando Zapata Bello pida respetar las leyes cuando ni su administración la respeta, ya que la Ley de Transporte establece que todo concesionario de vehículos de alquiler deben de contratar un seguro de vida.

Anunció que presentará una denuncia de juicio civil contra el Gobierno del Estado de Yucatán que encabeza Rolando Zapata Bello, por graves omisiones a la Ley de Transporte, además de que no es supervisada para la correcta aplicación de la normativa a los concesionarios que no contraten pólizas de vida para el chofer y los pasajeros.

El abogado mencionó que han averiguado que los dueños de las concesiones de los vehículos de alquiler no contratan seguro de vida, solo póliza contra accidentes de tránsito, que ha dejado en la total indefensión a los trabajadores del volante y esto sucede porque la Dirección de Transporte, no aplica la ley de manera correcta, denunció.

Precisó que la viuda, Karina Lezama Pérez, interpuso una denuncia ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado para que se dé una pensión e indemnización, la cual debió de haber recibido, pues además en el momento en que fue asesinado el ruletero, estaba en horario laboral, haciendo su trabajo y dando un servicio de transporte de alquiler. Se descubrió que Lara Acosta no contaba con seguro de vida que le garantice una indemnización y no estaba dado de alta en el IMSS por parte de la propietaria de la concesión, pese a tener varios años de trabajar con ella.

La denuncia laboral es contra la propietaria de la concesión, Silvia Irene Correa Mendoza, esposa de Sergio Vadillo Lora, hasta hace unos meses secretario particular del gobernado Rolando Zapata Bello. Pedimos una indemnización de 730 mil pesos para la hoy viuda, abogados del Gobierno del Estado le ofrecieron 50 mil pesos, luego 100 mil y por último 250 mil pesos, pero la viuda no ha aceptado dicha cantidad de dinero.

El 13 de diciembre, en audiencia en la Junta Federal 21 de Conciliación y Arbitraje, tratarán de llegar a un acuerdo que ponga fin a este problema laboral.

Según datos aportados por la Fiscalía, Rafael Alejandro Tun Ceballos, “El Piolín”; contrató los servicios del occiso, luego intentó robarle dinero y su celular, pero al negarse, este lo lesionó con un cuchillo, provocándole heridas que le provocaron la muerte.

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