Toda persona tiene derecho a la ciudad

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Ciudad de México, octubre 2016.-
Avalado por 39 senadores de las fracciones parlamentarias de los partidos PAN, PRI, PRD, PVEM y PT del Senado de la República, fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que toda persona tiene derecho a la ciudad.

El senador Raúl Pozos Lanz, suscrito a dicha propuesta, señaló que va en función de que toda persona tiene derecho  a la ciudad, definido como el usufructo de las ciudades dentro de los principios de sostenibilidad, democracia, equidad, justicia social y participación ciudadana.

La iniciativa, dijo, es debido a que cada vez más el desarrollo de los países descansa en el nivel local, particularmente en ciudades y zonas urbanas y metropolitanas. Estas zonas se están transformando en los centros torales económicos, sociales y políticos; y deben ser artífices del cambio.

Mencionó que en México las ciudades han experimentado un acelerado crecimiento en los últimos 50 años, bajo un modelo de uso extensivo del suelo a costa de la ocupación de suelos productivos, de la conservación y de áreas con valores para la recarga de los acuíferos, en detrimento de la biodiversidad, y en la mayoría de los casos, haciendo un uso desequilibrado y poco sustentable de los recursos naturales del entorno.

Agregó que el desarrollo desmedido de las ciudades ha entorpecido el crecimiento económico, la movilidad social y la calidad de vida de millones de ciudadanos que desarrollan sus actividades diarias en el medio urbano.

Lo anterior, indicó Pozos Lanz, se vuelve evidente con la llegada de mega proyectos en zonas donde no se garantiza la ampliación y optimización de las redes de servicios básicos ni del sistema de movilidad urbana, o la provisión de vivienda adecuada y el mejoramiento del entorno urbano. En donde a pesar de la gran inversión pública o privada, no se genera un mayor bienestar para la población y, por el contrario, se compromete la capacidad de los tres órdenes de gobierno para brindar los servicios de manera eficiente, poniendo en riesgo las finanzas públicas locales.

Es por ello que este derecho tiene como finalidad alcanzar ciudades prósperas donde sus habitantes puedan ejercer a plenitud sus derechos, generando comunidad y cohesión social, bajo un enfoque antropocéntrico y reivindicando la posibilidad de que la gente sea dueña de la ciudad.

Para ello se busca analizar este derecho bajo múltiples enfoques, como la inclusión y cohesión social frente a la fragmentación, la desigualdad y la segregación; la seguridad pública; la patrimonial ante los riesgos naturales; la accesibilidad universal; el medio ambiente de calidad; el derecho al espacio público de calidad; a la expresión pública; identidad y habitabilidad en la vivienda y el entorno.

Tomando en cuenta lo anterior, podemos asegurar, dijo, que el derecho a la ciudad implica sociedades incluyentes y equitativas, con movilidad social, informadas, participativas y empoderadas bajo los principios de inclusión y cohesión social; por ello la relevancia de incluir este concepto en el marco constitucional, en aras de promover ciudades más eficientes, resilientes, diversas y sustentables.

Aunado a lo anterior, agregó,  con la adecuada planificación y diseño del entorno urbano, su pueden generar las condiciones necesarias para una mayor prevención del delito y combate a la criminalidad y violencia. Las comunidades exitosas, prósperas y florecientes se caracterizan por tener calles, parques y espacios abiertos seguros, limpios y atractivos, es decir, lugares «vivibles» de los cuales los habitantes locales se enorgullecen y sobre los que tienen un sentimiento de pertenencia y propiedad.

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