Impera corrupción en el gobierno de Zapata

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Mérida Yucatán.-
El gobernador Rolando Zapata Bello se deslindó una vez más de los actos de corrupción que imperan en su administración, principalmente en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, como recientemente se dio a conocer a través de diversos medios de circulación nacional.

Como ha ocurrido desde el inicio de su Gobierno, el mandatario estatal se respondió a las numerosas acusaciones en su contra con comunicados escuetos que no demuestran lo contrario a los señalamientos, y con una total cerrazón y falta de transparencia.

De acuerdo con una nota publicada por el periódico El Economista, se informa que en la dependencia antes citada “se retocan y alteran los expedientes de los inmuebles”, según denunciaron usuarios afectados por esta práctica.

Los afectados señalan a “un grupo de delincuentes de cuello blanco, encabezado por David Abraham Achach y Gustavo Andrés Xacur García”, quienes estarían “coludidos con personal operativo del Registro Público para la realización de diversas acciones de alteración de expedientes de inmuebles”.

“David Abraham Achach es un personaje conocido en la sociedad yucateca al que recientemente se le hicieron señalamientos por irregularidades en el desempeño de sus funciones como consejero del Instituto Patria, una prestigiada institución educativa… está casado con Susana Aguilar Covarrubias, presidenta del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales”, destaca la nota informativa.

Al respecto, el Gobierno del Estado envió a los medios un comunicado titulado “Garantizada la seguridad jurídica en Yucatán”, en el que se intentan minimizar las irregularidades en la dependencia estatal que dirige Rubén Segura Pérez.

“En relación con la nota publicada en un periódico de circulación nacional titulada “Retoque de expedientes en el Registro Público de Yucatán”,  el Gobierno del Estado señala que la citada dependencia tiene por objetivo dar a conocer los actos realizados entre particulares ante un fedatario público y que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy)”, menciona el comunicado oficial.

“Los documentos presentados ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio se inscriben verificando, en primer lugar, que sean propios de inscripción, así como que su otorgamiento cumpla con todas las formalidades de ley, de lo contrario no procede”.

“De igual forma de existir inconformidad de los particulares o alguna presunta irregularidad en las operaciones realizadas entre los mismos, existen instancias para hacer valer sus derechos, siendo responsables las partes y los fedatarios del contenido de los documentos presentados. En Yucatán las instituciones fortalecen la certeza jurídica patrimonial”, señala el documento.

En el Poder Ejecutivo se mantiene en hermetismo a este hecho. (Tribuna)

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