Lafontaine Hamui, en la mira de PGR, trasciende

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Mérida Yucatán a 23 enero 2016.- Los madereros yucatecos consideran justificadas las denuncias interpuestas ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), José Lafontaine Hamui, y revelaron que hay otras más por retener de manera ilegal contenedores de madera que tienen como destino el mercado asiático.

En días pasados, abogados del empresario maderero José Armando Alonso Durán, denunciaron penalmente a Lafontaine Hamui, así como a los subdelegados Eric Rosado Puerto y Wagner Américo Pool, por el aseguramiento arbitrario de tres contenedores de madera tipo corazón azul que tenían como destino Japón.

La denuncia oral se presentó ante la delegación de la PGR, y obtuvo el expediente número FED/YUC/VER/22/2016, no recibieron acuse de recibo por escrito.

“Con todas las pruebas se acompañó la denuncia verbal y entregamos copias certificadas de la legal procedencia de mis contenedores a la Profepa Chiapas, a la Semarnat, y es contra los funcionarios de la Profepa; encabeza el delegado, pero también los dos subdelegados para que la PGR investigue a estos funcionarios, así como a los inspectores, y si Aduanas está involucrada, también”, afirmaron los abogados.

Sin embargo, no sería la única queja contra el funcionario federal y su equipo de trabajo, pues Ernesto de la Cruz Escalante, presidente de la delegación local de la Cámara Nacional de la Industria Maderera, indicó que son varios socios afectados con las acciones de Lafontaine Hamui.

“De hecho, ya los compradores de rollos de madera para Asia han cancelado varios contratos y convenios con los exportadores yucatecos, por el atraso del envío del producto que genera la retención ilegal de los contenedores en el puerto de altura de Progreso”.

De todo esto es responsable Lafontaine Hamui, toda vez que desde 2014 se le ha comprobado puntualmente que toda la madera que ha llegado a ese puerto tiene un origen legal, pero aún así retiene el producto por un periodo de uno a tres meses, lo que ocasiona fuertes pérdidas económicas a los madereros, resaltó.

De hecho, en las declaraciones hechas por Alonso Durán, asegura que pagó a los funcionarios de la delegación 135 mil pesos para que le liberaran tres contenedores con madera corazón azul, cifra mucho menor al costo real de la madera, que era de unos 98 mil pesos.

“Lo que sucede es que los socios de la agrupación firman convenios para la venta de rollos de madera a destinos como China, Japón, Corea del Sur; hay una fecha para el embarque y entrega del producto”.

Pero Profepa detiene el cargamento, lo asegura, y pasan semanas antes de que se libere el producto, a pesar de demostrar con papeles que todo está legal, porque incluso se tiene el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), especificó.

De la Cruz Escalante sostuvo que cuando la citada dependencia federal libera el cargamento, el producto llega con atraso, lo que molesta a los asiáticos, y aunque pagan el compromiso, cancelan futuros contratos.

“El año pasado la dependencia federal detuvo 50 cargamentos, 30 en 2014, y tan solo en este mes ya retuvieron 20”.

El líder puntualizó que más de 10 empresarios madereros también han iniciado acciones legales contra el delegado, a quien responsabilizan de la cancelación de contratos y de las fuertes pérdidas económicas.

Insistió en que en todas las detenciones que esa dependencia ha realizado, se le ha demostrado que tienen permiso para la exportación, y en cambio la Procuraduría nunca ha podido demostrar una sola vez la “ilegalidad” de las actividades de los madereros.

La materia prima se adquiere en Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz, y Oaxaca.

En la agrupación hay 104 socios, y alrededor de 50 tienen relaciones comerciales con Asia, pero además del daño a los afiliados, se crea mala imagen y dejan de comprarle al Estado, lamentó.

“Al parecer hay un conflicto entre la delegación de la Semarnat y la Profepa, porque la primera da certificados de exportación del producto, pero la otra hace caso omiso y lo retiene como ilegal, cuando no hay nada de ilegal, por ello, hay denuncias penales y muchos socios demandan la renuncia del citado funcionario federal”.

Finalmente, anunció que en este mes dejará la presidencia de la agrupación y su lugar lo ocupará Manuel Burgos González, quien dará continuidad a las denuncias por las presuntas arbitrariedades de Lafontaine Hamui.

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